El dinero en el bolsillo de los ciudadanos

Para votar afirmativamente el techo de gasto presentado por el Partido Popular, Ciudadanos ha puesto la condición de que se incorpore para 2018 una rebaja del IRPF por importe de 2.000 millones de euros. Argumentan que ahora que las cosas van bien podemos permitirnos reducir los impuestos. En el presupuesto hay espacio, margen. Lo del margen es un concepto muy relativo. Para reducir los impuestos siempre hay margen, pero nunca para subir las pensiones, el seguro de desempleo o dedicar más recursos a la sanidad, a la educación o a la atención de la dependencia.

El discurso del PP acerca de que la economía va muy bien tiene un punto débil, que la mejora no ha llegado a muchos de los perjudicados por la crisis, y por el euro. No solo es que la recuperación económica se haya fundamentado en buena medida en los bajos salarios, sino que una vez que se ha producido el crecimiento no se han subsanado muchos de los recortes acometidos para corregir el déficit.

Sí se ha reparado la subida del IRPF que el Gobierno se vio obligado a realizar. En dos ocasiones se ha rebajado este impuesto, compensando el incremento realizado anteriormente. Por el contrario, no se han corregido los recortes en muchas partidas de gasto, especialmente en las prestaciones y servicios sociales. A los funcionarios se les devolvió la paga extraordinaria que el Gobierno del PP les había quitado, y que correspondía a una sola anualidad; sin embargo, no se ha rectificado el recorte en el salario mensual acometido por el Gobierno Zapatero, que era el verdaderamente importantes ya que se consolidaba para los años sucesivos. Es decir, calculando por lo bajo, las retribuciones de los empleados públicos son de un 5 a un 20% (según niveles) inferiores a las de 2008. Sobre las pensiones permanece la espada de Damocles de la última reforma, que las condena no solo a no tener en el futuro ninguna mejora, sino a ir perdiendo año tras año poder adquisitivo. Si los impuestos se incrementan automáticamente con la inflación, lo lógico sería que para mantener la neutralidad también lo hiciesen las pensiones, las retribuciones de los funcionarios y otra serie de gastos como la sanidad, la educación, etc.

Ciudadanos afirma que hay margen, y sin embargo no se les ocurre proponer que suban las prestaciones por jubilación, la cobertura del seguro de desempleo, que mejore la asistencia sanitaria o que se dediquen más recursos a la dependencia. Exigen bajar los impuestos, pero no los indirectos como el IVA, cuya subida de los años pasados no se ha corregido, sino el IRPF, el impuesto más progresivo y cuya rebaja beneficia siempre en mayor medida a las rentas altas. El argumento de que la rebaja va a incidir sobre los trabajadores y sobre las clases bajas suele tener trampa. El de trabajadores es un colectivo demasiado amplio, que engloba tanto a los mileuristas como a los consejeros de la grandes empresas, y las rebajas que se aplican a los tramos bajos de la tarifa terminan afectando también a los tramos medios y altos. Por otro lado, hay que preguntarse si la reducción del gravamen a los trabajadores en un mercado tan desregulado como el actual, y en un sistema que se basa principalmente en retenciones, no se transmite a los empresarios, mediante una reducción de los salarios. Algo similar ocurre con el complemento salarial que plantea también Ciudadanos.

La bajada de impuestos tiene muy buena prensa. La razón quizá se encuentre en que beneficia en buena medida a los que crean opinión, que a menudo se quejan de la enorme carga fiscal que soporta la clase media, y a la que creen pertenecer. Pero lo cierto es que la gran mayoría se encuentran en el 10%, cuando no en el 5% de mayor renta. Según los últimos datos del INE, en 2016 los ingresos medios por persona en España han sido de 10.708 y por familia, de 26.730 euros anuales. Las rebajas en el IRPF se dirigen principalmente a ese 10% de mayores rentas, en una pequeña proporción a las clases medias y en ninguna medida a las clases más desfavorecidas, que no pagan impuestos directos. ¿Qué parte de los 2.000 millones de euros se va a destinar a las familias que tienen todos sus miembros en paro? Es curioso que para las deducciones fiscales no se tenga en cuenta la renta de la familia, lo que sí suele ocurrir en las ayudas directas. Si en realidad se quiere beneficiar a las clases populares, elévese la cobertura del seguro de desempleo, increméntense las pensiones, dótense mejor la sanidad, la educación y demás servicios públicos.

El líder de Ciudadanos justifica la bajada de impuestos empleando el tópico de que el mejor sitio donde está el dinero es en manos de los contribuyentes, como si el resto de los recursos fuesen para el Gobierno. En las prestaciones sociales y demás subvenciones los recursos no permanecen en el sector público, ya que de manera casi automática retornan también a los ciudadanos, e incluso ocurre lo mismo con el resto de partidas del presupuesto, con la diferencia de que no se devuelven ciertamente en efectivo, pero sí en forma de servicios públicos. Es verdad, y quizá es lo que molesta a algunos, que los recursos se reintegran a los ciudadanos con una distribución distinta a la inicial. El argumento anterior se parece mucho al discurso que empleaba Aznar cuando afirmaba que con las privatizaciones se devolvían las grandes empresas públicas a los españoles, o la perorata de Esperanza Aguirre cuando proclamaba que privatizar el Canal de Isabel II era entregárselo a los madrileños. Sin embargo, en ambos casos se trataba de expropiar a todos los ciudadanos y de beneficiar a unos pocos privilegiados.

Existe una cierta incoherencia en la postura de Ciudadanos cuando se inclina por la bajada de impuestos y no por incrementar el gasto público, porque si en estos años se desbocado el déficit público, se ha debido al comportamiento de los ingresos y no al del gasto; y porque además la presión fiscal de España es una de las más bajas de Europa -por debajo de Grecia, Polonia, Portugal, Malta, Chipre, la República Checa, Eslovenia, Hungría, etc.-, mientras que se cuenta con un nivel de prestaciones y servicios públicos muy por debajo del de los otros países.

El Gobierno del PP parece haber accedido a la petición de Ciudadanos, pero instrumentando la rebaja impositiva a través de deducciones, exenciones y bonificaciones. Contrasta la reticencia que el discurso oficial mantiene ante la subida de los gastos públicos, con la permisividad e incluso beneplácito con el que se reacciona ante la aprobación de los gastos fiscales que, sin embargo, tienen el mismo efecto sobre el déficit público. Y ello a pesar de que estos últimos presentan importantes desventajas con respecto a una actuación decidida del Estado a través de las distintas partidas de gasto público. En primer lugar, al no estar explicitados en el presupuesto, los gastos fiscales tienden a consolidarse en mayor medida que las partidas de gastos propiamente dichas. En segundo lugar, al estar difuminados como una reducción de los ingresos, pasan desapercibidos sin sufrir para su concesión los rígidos controles de otros tipos de gastos y, lo que es más importante, en muchos casos se desconoce una cuantificación adecuada de su coste. En tercer lugar, son de muy difícil control e incrementan las vías de fraude. Los requisitos que se imponen a cada una de las exenciones, deducciones o bonificaciones en aras de conseguir el objetivo para el que se han aprobado resultan en muchos casos imposibles de comprobar, sobre todo cuando, como ocurre en la mayoría de los sistemas fiscales modernos, las medidas afectan a un gran número de contribuyentes. La generalizada evasión que posibilitan hace que se incremente y multiplique gratuitamente el coste de las medidas. Y por último, los gastos fiscales son regresivos porque la mayoría de las veces reducen impuestos progresivos.

Ciudadanos fundamenta la existencia del margen en las cuentas públicas en el hecho de que los 2.100 millones de euros pactados con el PP y previstos para sostener el regresivo complemento salarial parece que quedarán liberados del presupuesto español, pues espera que se terminen pagando con fondos europeos asociados a la Garantía Juvenil. Sin embargo, la ayuda europea no está nada clara porque hasta las mismas autoridades europeas, poco sospechosas de izquierdismo, se oponen a que parte de los salarios se paguen con fondos públicos. El Ministerio de Hacienda está haciendo juego malabares para esconder la verdadera naturaleza de la ayuda y lograr que pase la criba de Bruselas.

Algunos comentaristas políticos considerando el pacto con Ciudadanos, con los partidos canarios y con el PNV, hablan del coste que va a tener que pagar el Gobierno para conseguir aprobar el techo de gasto. En realidad, el pagano no va a ser el Ejecutivo, sino todos los ciudadanos, lo que debería hacer meditar a los partidos de izquierda si no tendrían que haber movido ficha para que el giro fuese hacia a la izquierda y no hacia la derecha. La política de Tancredo que están adoptado no conduce a nada, puesto que el Gobierno, con o sin su apoyo, va a aprobar, como ha ocurrido este año, el techo de gasto y el presupuesto. Es más, aunque no pudiera sacarlo adelante, el principal perjudicado tampoco sería el Gobierno, que podría funcionar perfectamente con un presupuesto prorrogado, sino de nuevo los ciudadanos y las Comunidades Autónomas, ya que el presupuesto y el nivel de gasto quedarían congelados sin apenas posibilidad de aumento.

Los españoles pueden comenzar a preguntarse para qué sirven los partidos de izquierdas si cuando gobiernan aplican la política de las derechas y cuando están en la oposición y con un gobierno minoritario y débil son incapaces de arrancarles concesiones (ni siquiera lo intentan). Enredados en una absurda disputa acerca de quién mantiene el liderazgo de la izquierda, y de un extraño complejo de pureza sangre que les impide todo diálogo o pacto con la derecha, deciden no contaminarse. El peligro es que terminen resultando prescindibles, y que se les pueda aplicar lo que Péguy afirmó del kantismo, que conservaba las manos puras porque no tenía manos.

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