Las seis salvas de Rivera

Lo malo de Albert Rivera es que solemniza lo más baladí, dando a todo lo que hace una trascendencia desmedida. Ocurrió con el acuerdo alcanzado con Pedro Sánchez en la pasada legislatura, cuando ambos aparecieron ante la prensa como si estuviesen ratificando una nueva Constitución o la entrada en la Unión Europea (los pactos de Guisando, los denominó con sorna Rajoy). Y ha vuelto a suceder ahora en la presentación de las seis condiciones que ha puesto al Partido Popular para negociar, pues se asemejaba a Thomas Jefferson leyendo la declaración de independencia de EEUU.

Lo cierto es que ni el acto en sí tenía nada de extraordinario, ni las condiciones expuestas constituyen pasos relevantes en la regeneración democrática, pues o bien ya existían o bien son muy discutibles. Antes o después, el anuncio de Rivera era de esperar. Por mucho que, según sus planteamientos puritanos, le repugne un gobierno de Rajoy, no dispone de una opción mejor ya que las otras dos alternativas le resultarían mucho más inaceptables. Es de suponer que no le agrade demasiado un gobierno del PSOE con Podemos y con los separatistas, y en unas terceras elecciones solo hay una cosa cierta: que acarrearían resultados muy negativos para Ciudadanos. Quizás Rivera tenga que estar más interesado que el propio Rajoy en que se forme un gobierno.

A su vez, las condiciones planteadas no son nada sustanciales. Comencemos por la última, la creación en el Parlamento de una comisión de investigación sobre el caso Bárcenas. Creo poco en las comisiones de investigación, casi ninguna ha servido para nada, ni se ha descubierto nada nuevo que no estuviese presente en los procesos judiciales. Tan solo constituyen un arma arrojadiza entre los distintos grupos parlamentarios. Las conclusiones que al final se establecen no dependen de lo investigado, sino de cuál es en ese momento la correlación de fuerzas entre los partidos en la Cámara. Por otra parte, esta condición carece de toda virtualidad, pues dada la composición del Parlamento no se necesita la aquiescencia del PP para constituirla, tal como ha querido poner de manifiesto el PSOE.

Continuando con las condiciones, resulta bastante lógica la prohibición de indultar a los políticos, pero ¿por qué solo a los políticos? El problema de las medidas de gracia, figura que por otro lado está recogida en la Constitución, exige un examen serio, teniendo en cuenta todos los aspectos y situaciones posibles. Recientemente el indulto que ha producido mayor escándalo no fue el de ningún político, sino el de un banquero, Alfredo Sanz, libertado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Los muchos casos de corrupción que últimamente están en los tribunales y que, por tanto, la sociedad viene conociendo (queda la duda de si antes también existían, con la única diferencia de que no salían a la luz por no llegar a los juzgados), pueden estar originando en la opinión publicada y en algunas fuerzas políticas un movimiento pendular en el que nos olvidemos de la presunción de inocencia y de las garantías jurídicas de las que deben gozar todos los ciudadanos, también los políticos. La eliminación total de los aforamientos y el compromiso de los partidos de separar de su puesto a todo político que resulte imputado (ahora investigado) pueden componer un cóctel bastante explosivo en el que todos los cargos públicos (incluyendo los de mayor nivel, hasta el propio presidente del Gobierno) estén indefensos ante cualquiera que por motivos bastardos se muestre dispuesto a denunciarles, y por el que tendrían que dejar su cargo en cuanto un juzgado de primera instancia les citara como investigados. Los que defendemos la acusación popular como un elemento democrático y de participación de los ciudadanos en la administración de justicia tendremos que reconocer que este aspecto, unido a las dos condiciones que ahora exige Rivera, puede tener consecuencias nefastas.

Es cierto que en España hay un número excesivo de aforamientos, muy superior al de otros países, pero no conviene irse al otro extremo. Una cosa es reducir su número y otra, eliminarlos todos completamente. No estoy tan seguro, además, de que constituyan un privilegio, porque si por un lado se libra al investigado de los juzgados de primera instancia, al ser procesado por un tribunal superior, también se le priva de la posibilidad de recurrir.

Mayor relevancia tiene el compromiso de que todo cargo investigado en un proceso judicial debe cesar en sus funciones. Desde luego, tal condición no se puede materializar en una ley puesto que sería contraria a la presunción de inocencia, al aplicar una inhabilitación sin que medie sentencia judicial. Pero es que, además, la condición de investigado se da a todo aquel que tenga que comparecer ante un juzgado, siempre que existan los más leves indicios de que pueda resultar encausado. Precisamente se le da esta calificación como garantía procesal ya que, a diferencia de los testigos, el investigado está en su derecho de mentir.

Cualquier juez o tribunal ante una denuncia, aun cuando los atisbos de ilícito sean muy reducidos y dudosos, no tendrá más remedio que abrir una instrucción y citar como investigado a todo aquel que pueda resultar implicado. La probabilidad de que según avance el proceso se exonere a los antes imputados la mayoría de las veces es muy alta y así ha ocurrido en infinidad de casos, pero el perjuicio estará ya hecho si se les ha pedido que abandonen el cargo. En realidad, el cambio de nombre de imputado a investigado obedeció a la finalidad de suprimir toda connotación de culpabilidad de esta situación, y trasladar la obligación de dimitir a una fase posterior del proceso, quizás cuando termina la fase de instrucción.

En España siempre hemos sido muy dados a copiar miméticamente medidas foráneas, sin reparar en que a menudo obedecían a un contexto social, económico o jurídico muy distinto del nuestro. Eso es lo que pasa con la moda de limitación de mandatos que, al igual que las primarias, tiene su encaje en un sistema presidencialista, totalmente distinto del nuestro de carácter parlamentario. Por otra parte, no estoy muy seguro de su conveniencia. Si bien es verdad que puede servir para que nadie se perpetúe en el cargo, no evita el mayor problema que estriba en que sea el mismo partido el que esté en el poder elección tras elección. Además, existe el peligro de que en el segundo mandato, ante la certeza de que no va a ser reelegido, el gobernante actúe con mucha menos responsabilidad y sin el autocontrol que se impone todo aquel que va a tener que pasar por las urnas. Presiento que Aznar se habría comportado de manera muy distinta frente a la guerra de Irak, si no se hubiese comprometido en la limitación de mandatos y, en consecuencia, hubiese sido él el candidato de su partido en las siguientes elecciones.

Las listas abiertas constituyen un tópico que desde hace mucho se ha venido manejando, pero que en realidad se trata más de una reclamación de periodistas y de tertulianos que de la sociedad. La prueba está en que en el Senado contamos con listas abiertas y casi la totalidad de los votantes se comporta como si fuesen cerradas. Se arguye que así disminuiría el poder de los aparatos de los partidos. Puede ser cierto, pero también lo es que con las listas abiertas el poder se traslada a los medios de comunicación, que podrán encumbrar o hundir a un candidato. Entre ambas situaciones, me quedo con la primera.

He sido de los primeros en criticar el actual sistema electoral (es más amplio que la ley), en el que todos los votos no valen igual, con lo que facilita la consolidación de un bipartidismo imperfecto que conduce o bien a mayorías absolutas o al chantajista arbitraje de los partidos nacionalistas. No obstante, uno empieza a dudar de que la ruptura del bipartidismo sea tan conveniente, pues cuando esta se ha producido por otras causas se ha mostrado la incapacidad de los partidos actuales para el diálogo y la negociación, ya que actúan como sectas con un tremendo dogmatismo de siglas. Cómo no estar escéptico si la solución que propone el PSOE para la gobernabilidad es que de nuevo los partidos nacionalistas hagan de árbitros, incluso ahora que los catalanes se han convertido en insurgentes.