Los ERE de Andalucía, ¿irregularidad administrativa o red clientelar?

La pasada semana se hizo público el auto del juez Álvaro Martín, referente al caso conocido como de los ERE de Andalucía, por el que se cierra provisionalmente el periodo de diligencias previas y se da traslado de las mismas a las partes. El auto, que no es precisamente de la juez Alaya, a la que desde la Junta y de los aledaños socialistas se había acusado de parcialidad y se la había sometido a todo tipo de presiones, ha sido rotundo. Los hechos narrados y demostrados son sumamente elocuentes y no dejan lugar a dudas acerca de su gravedad.

Su publicación ha cogido con el paso cambiado a Pedro Sánchez y al PSOE. Después de basar la pasada campaña electoral en la corrupción del PP, se encuentran con que a pocos días de unas nuevas elecciones les rebosan los cadáveres del armario. Los prohombres socialistas se han visto obligados a salir todos en tromba intentando justificar lo injustificable, especialmente en lo referente a Chávez y a Griñán, ya que consideran que en este caso se toca la línea de flotación del propio partido (Chávez incluso pertenecía al famoso clan de la tortilla). El primer bastión de defensa pasa por negar que se trate de un caso de corrupción y por considerar que son simples irregularidades en el procedimiento administrativo.

Sin embargo, lo que se deduce del auto es algo muy distinto. Durante 10 años se saqueó el erario público de la Junta de Andalucía desviando 854 millones de euros (142.000 millones de las antiguas pesetas) del presupuesto para dedicarlo a finalidades espurias, construyendo una red clientelar que sirviese de soporte y apoyo al Gobierno y al Partido Socialista en Andalucía y en el resto de España. Para ello fue preciso confeccionar un procedimiento torticero que eludiese todos los controles establecidos en la Ley de subvenciones y en la propia normativa fiscal y presupuestaria de la Junta.

Se ha esquivado la fiscalización previa de la Intervención delegada de la Consejería de Empleo, sin que se produjese tampoco la de la IFA-IDEA (instituto público que finalmente abonaba las subvenciones). Se prescindió de las bases reguladoras al igual que de la convocatoria pública. Ausencia de todo control sobre si el beneficiario cumplía las condiciones y requisitos precisos para percibir la ayuda. Se prescindió también de cualquier seguimiento a posteriori acerca de si la subvención se había dedicado a la finalidad propuesta por el beneficiario. En fin, se incumplieron todos los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, que deben regir en todo proceso de concesión de subvenciones.

La conclusión parece obvia. No se trata de una serie de errores administrativos o de irregularidades procedimentales fruto de una mala gestión, sino de la decisión conscientemente tomada para mantener y administrar una cuantía sumamente elevada de recursos públicos al margen de los cauces legales. Una decisión así no la adopta un director general, tanto más cuanto que la situación se prolonga durante diez años y precisa de toda una ingeniería presupuestaria y contable, y del concurso de múltiples actores. A lo largo del tiempo fueron necesarias veintidós modificaciones presupuestarias, de las que dieciséis fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno y seis por la Consejería de Economía y Hacienda. Parece evidente que el procedimiento tuvo que ser elaborado y aprobado en las más altas instancias de la Junta, y conocido y ejecutado por infinidad de altos cargos. No se puede hablar de responsabilidad in vigilando, sino de algo mucho más directo. En todos los casos hay que suponer que al menos se sabía y se consentía. Todo ello con una finalidad clara, la de aprovechar los recursos públicos para sus propios fines.

Y con esto entramos en la siguiente línea de defensa que los portavoces del PSOE y algunos de sus periodistas adláteres no han parado de repetir: “No se han llevado un euro para su bolsillo”. La malversación de fondos exige el enriquecimiento, pero existen muchas formas de enriquecimiento y muchas maneras de aprovecharse de los recursos públicos, y es evidente que la finalidad de la trama era usar ingentes fondos del presupuesto de la Junta para crear una red caciquil que beneficiase a su partido y por ende a ellos mismos.

Es más, sería conveniente distinguir entre actos corruptos y corrupción del sistema. Me parece mucho más grave este segundo caso, porque, además, casi siempre los actos corruptos tienen lugar y posibilidades cuando previamente se ha corrompido el sistema. La ruptura de las reglas de juego, concediendo más posibilidades a unas formaciones políticas que a otras, mediante la financiación ilegal de los partidos o mediante el uso indebido del poder aprovechando la inmensa capacidad que conceden los medios públicos para, de forma clientelar, entretejer una trama de intereses que les perpetúe en el gobierno, es, a mi entender, mucho más grave que las corruptelas más o menos indignas de las singularidades individuales.

Existe una constante tentación entre los políticos de saltarse las normas y los procedimientos, incluso de crear mecanismos e instituciones donde aquellos no tengan que cumplirse de manera que los recursos públicos puedan utilizarse libremente, con total arbitrariedad a favor de sus amistades y de sus afines. En los primeros años de la Transición, ante una Administración que provenía del franquismo, se solía afirmar que existía el peligro de que los grandes cuerpos de funcionarios patrimonializasen la función pública. Hace ya mucho tiempo que el peligro estriba más bien en que esta patrimonialización la lleven a cabo las formaciones políticas.

La lucha contra la corrupción no exige de grandes novedades, ni de nuevas normas, ni muchos menos de la creación de nuevas instituciones. Es suficiente con que se cumplan los procedimientos actuales, y que se concedan los medios, el poder y la independencia necesarios a los organismos encargados de controlarlos. En mi artículo del 4 de abril pasado, indicaba que resultaba interesante constatar cómo la corrupción había anidado principalmente en aquellos ámbitos en los que los mecanismos de control se habían debilitado, administraciones locales y autonómicas, donde la autonomía de las intervenciones es muy reducida.

El grado de ilegalidad del procedimiento acuñado por las más altas instancias de la Junta de Andalucía para manejar a su antojo una cantidad tan exorbitante de recursos lo manifiesta el hecho de que el Interventor General de la Junta se atreviese a emitir varios informes denunciando la anomalía de la situación, cuando se supone, y no creo que sea mucho suponer, que era una persona de confianza del Gobierno de la Junta y del PSOE.

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