De borboneo y debates

El diccionario de la Real Academia no recoge el vocablo borbonear, no obstante ser una palabra utilizada con frecuencia en el argot político a lo largo del siglo pasado. Se usó principalmente para designar la predisposición que el rey Alfonso XIII, bisabuelo del actual monarca, mostraba a entrometerse y enredar en el juego político; también se ha aplicado, aunque en menor medida, a determinadas actuaciones de su nieto, el rey don Juan Carlos. De Felipe VI hay que decir que apenas ha tenido tiempo, a pesar de haberse visto abocado en los pasados meses a una situación un tanto comprometida, por lo inédita, en la democracia española. Parece, no obstante, que la prueba la ha superado satisfactoriamente.

El hecho de que la calificación haya sido la de aprobado, no es óbice para reconocer que la tentación ha estado revoleteando a su alrededor. Si bien el problema se ha centrado más en algunos políticos y en la interpretación abusiva que han hecho de ciertos gestos y palabras del rey que en él mismo, con lo que se demuestra que a menudo los cortesanos son más monárquicos que el propio monarca.

Todo comenzó con la adopción de ciertas prácticas que rompían una sana costumbre: la de que nadie, después de una entrevista con el rey, se hacía portavoz de sus palabras. En esta ocasión en las rondas de conversaciones con el monarca, y dado el vodevil en el que se ha convertido la actividad política, los portavoces de los diferentes partidos, por escasa que fuese su representatividad, intentaron conseguir su minuto de gloria. Tras su paso por la Zarzuela, comparecían ante la prensa y se sentían autorizados para comunicar las palabras del monarca y, lo que es peor, interpretarlas a su conveniencia.

El tema fue especialmente grave en lo referente a la designación del candidato. La novedad de la situación, cierta laguna legal en la forma de computar el plazo en el caso de que no se produjera ninguna sesión de investidura y determinada ambigüedad en el comportamiento de la Corona, dieron lugar a que algunas formaciones políticas atribuyesen una dimensión a la designación real que de ninguna manera puede tener en una monarquía parlamentaria.

Según nuestra Constitución, el papel del rey es neutral, aséptico, meramente pasivo, no podría ser de otro modo. Se reduce a actuar como mero notario de las consultas llevadas a cabo y, en función de ellas, a designar a aquel candidato que dispone de los votos necesarios para obtener la investidura. La designación ha de ser la finalización de un proceso y nunca el inicio. Así fue en la primera ronda, y en la tercera, no en la segunda, en la que, instrumentando la decisión real, se quiso dar a esta un significado activo y discrecional, de verdadera elección, que revestía al candidato de una posición singular y diferente a la de los otros candidatos, con poderes especiales y una preeminencia a todas luces ilógica. Se utilizó al rey y este, quizás por su inexperiencia y por lo nuevo de la situación, cayó en la trampa.

Felipe VI volvió a borbonear cuando en la tercera ronda -y en esta ocasión no puede echar la culpa a nadie- se dedicó a aconsejar a diestro y siniestro a los partidos políticos que fuesen austeros en la próxima campaña electoral, entrando así en un terreno que no le corresponde. La cosa no tendría mayor importancia si no fuese porque hay siempre políticos y periodistas dispuestos a hacer de cortesanos y aduladores, y a tomar las palabras reales como si de un oráculo se tratase.

La propuesta cae de lleno dentro del discurso populista. Se extiende en la sociedad una argumentación peligrosa que menosprecia todo lo que rodea a la política y que mantiene una postura cicatera frente a su financiación, tanto en lo relativo al sueldo de los políticos como en cuanto a los gastos precisos para un funcionamiento democrático transparente y eficaz. Son muchos los interesados en restringir el ámbito de lo político y degradar a sus protagonistas, aunque bien es verdad que estos últimos no hacen muchos esfuerzos para evitarlo.

A los pocos días de celebrarse las pasadas elecciones, el 25 de diciembre, desde estas mismas páginas de republica.com me refería yo al encanallamiento en el que había devenido la pasada campaña electoral, en la que los eslóganes, los insultos y los shows habían sustituido a las ideas y a los programas. Los intereses mediáticos, entre otros, habían primado el espectáculo sobre el discurso y sobre los argumentos. En este momento, cuando nos encaminamos hacia una nueva campaña, todo apunta a que se va a repetir la situación. Llevamos pocos días con las Cortes disueltas y las actuaciones comienzan a ser similares.

Se da prioridad ya a los golpes de efecto y se crean gobiernos imaginarios que nunca van a gobernar, pero que intentan disimular y encubrir la levedad del líder y de sus adláteres. No deja de ser curioso que, tras las pasadas elecciones y a la hora de formar gobierno, algunos partidos solo pretendiesen hablar de medidas y anatematizasen a otros por querer discutir la composición del Ejecutivo, y ahora sean ellos los que antes de las elecciones, sin saber los resultados, sorteen sillones de un gobierno fantasma, y pasen por alto las políticas que piensan aplicar.

Se opta por el insulto y la descalificación personal que, como señala muy bien Schopenhauer, se emplea cuando faltan los argumentos y las ideas: “Si se advierte que el adversario es superior y que uno no conseguirá llevar razón, personalícese, séase ofensivo, grosero. El personalizar consiste en que uno se aparta del objeto de la discusión (porque es una partida perdida) y ataca de algún modo al contendiente y a su persona: esto podría denominarse argumentum ad personam, a diferencia del argumentum ad hominem; este último parte de una materia puramente objetiva para atenerse a lo que el adversario ha dicho o admitido sobre él. Al personalizar, sin embargo, se abandona por completo el objeto y uno dirige su ataque a la persona del adversario: uno, pues, se torna insultante, maligno, ofensivo, grosero”. Este párrafo de Parerga y paralipómena de Schopenhauer parece escrito como una premonición del comportamiento de algunos políticos actuales.

De nuevo se habla de debates, pero se plantean con una concepción idéntica a la que se utilizó en la anterior campaña electoral, más como espectáculo y reality show que como un verdadero acto electoral en el que se puedan contrastar los programas de los diferentes partidos. Es por ello por lo que se da tanta importancia a que los participantes sean los candidatos a la presidencia del Gobierno.

No deja de resultar contradictorio que el líder de Ciudadanos, por una parte, manifieste que estas elecciones no son presidenciales, “no son la operación triunfo”, no se elige un presidente de Gobierno sino parlamentarios, y gana por tanto el que más apoyos obtiene en el Parlamento; pero, por otra parte, exige que sean los números uno los que debatan, ya que se presentan a la presidencia del Ejecutivo. ¿En qué quedamos, pues, son elecciones parlamentarias o presidenciales?

Los debates pueden constituir instrumentos útiles para que los ciudadanos interesados conozcan los programas de las diferentes formaciones políticas y las diferencias que existen entre ellas. Pero para conseguirlo y que no se conviertan en un teatrillo o en una riña callejera deben centrarse, en primer lugar y principalmente, sobre los programas. Ahora es el momento de hablar de medidas y reformas, y también de que el adversario pueda criticarlas o mostrar su inviabilidad. En segundo lugar, deben ser múltiples y monotemáticos. En un solo debate no se puede hablar y argumentar de todo con seriedad. Sería conveniente centrar uno de ellos sobre la respuesta que cada partido está dispuesto a dar ante al golpe de Estado del Gobierno catalán. Hasta ahora, la misma  actitud del PSOE, por mucho que reivindique lo contrario, resulta de lo más ambiguo, con sus críticas al PP por no dialogar, su Estado federal, sus pactos con los independentistas y su tópico de que no hay que judicializar lo que es un problema político. Otro debate debería dedicarse a la Unión Monetaria y a la postura que cada formación política adopta ante ella. Se quiera o no, hoy por hoy, el euro es una envolvente que limita de manera sustancial toda política económica. La economía y el paro, el sistema fiscal, las pensiones, la educación, la sanidad, etc., constituyen temas alrededor de los cuales se podrían organizar otros tantos debates electorales.

En tercer lugar, habría que abandonar toda tentación presidencialista o caudillista  y que sea cada partido el que designe, en función del tema y de las circunstancias, quién participa como representante de la formación en cada uno de los debates. Es posible que esta opción no ilusione demasiado a los medios de comunicación, que desean espectáculo y carnaza, pero por eso mismo les resultarán sin duda mucho más provechosos a los ciudadanos que quieran enterarse verdaderamente de dónde se sitúa cada partido. Así y todo, no hay ninguna garantía de que la forma no prevalezca sobre el contenido, lo que se desea oír sobre la cruda realidad. Quizás uno de los debates de mayor interés que se han dado en campaña electoral fuera el protagonizado por Pedro Solbes y Francisco Pizarro. Ninguno de los dos era candidato a la Moncloa. Entonces, casi todo el mundo dio por ganador al primero. El tiempo transcurrido nos ha proporcionado otra perspectiva acerca de quién tenía razón. La crisis -¡y qué crisis!- estaba ahí aunque nadie, ni por supuesto Solbes, quisiera reconocerlo.

El pasado domingo, uno de los principales diarios de Madrid editorializaba sobre los debates como un derecho del elector. Nadie lo duda, siempre que se hagan de acuerdo con los cánones adecuados. No obstante, existe el peligro de que se desfiguren y  termine ocurriendo como sucede a menudo con el derecho a la información, que acaba por ser un derecho de los periodistas, cuando no de los medios y del poder económico que los sustenta.

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