Hablemos en serio de corrupción

Corrupción

Según dicen las encuestas, la corrupción está en los primeros puestos en la lista de preocupaciones de los ciudadanos, quizás porque también es uno de los principales temas de información y debate en los medios. De lo que no hay duda es que se ha convertido en un arma política de unos partidos frente a otros. Todos escupen la denuncia a la cara del vecino, pero postergan sus propios escándalos.

La utilidad política que cada partido espera obtener y los beneficios mediáticos que la prensa recibe han creado un clima inquisitorial en el que cada indicio se acepta como cosa probada y en el que apenas se respetan la presunción de inocencia ni el secreto del sumario. Lo malo es que esta atmósfera de sospecha no ha quedado restringida al ámbito político, sino que se ha contagiado al campo estrictamente técnico y administrativo. El miedo a verse implicado en un supuesto escándalo puede echar para atrás a los funcionarios a la hora de adoptar responsabilidades y empujarles a elegir aquellas alternativas que, si bien no son las más ventajosas para el Tesoro Público, sí resultan las menos comprometidas y no susceptibles a malas interpretaciones.

Todos los partidos se han lanzado en sus programas electorales a proponer medidas contra la corrupción, seguros de que eso les proporcionaría rentabilidad política. Hay que reconocer, sin embargo, que con poco éxito, ya que muchas de ellas parecen ocurrencias muy discutibles o tangenciales, que apenas van a tener un impacto significativo. Las más cuestionables son todas aquellas que sitúan la solución en el establecimiento de nuevas entidades, agencias u organismos (hay hasta quien propone la creación de una oficina) dedicadas a combatir la corrupción, como si no hubiese ya suficientes instituciones. Lo que hay que lograr es que funcionen bien las existentes, y para ello hay que empezar por un análisis serio del origen, de los motivos y los factores que propician la corrupción.

Conviene destacar, en primer lugar, que la corrupción política tiene su principal caldo de cultivo en la financiación de los partidos políticos. Es más, me atrevo a asegurar que casi todas las otras formas de corrupción han tenido su origen en ella. Se comienza pidiendo comisiones para el partido y se termina exigiéndolas para el propio pecunio. Por otra parte, un partido que encomienda a sus militantes que detraigan fondos públicos con destino a sus finanzas será difícil que posea la autoridad necesaria para descubrir, perseguir y eliminar de sus filas a los corruptos. La que podemos llamar “madre de todas las corrupciones” presenta además un agravante, el de romper fraudulentamente la igualdad de oportunidades en el juego político. No es ningún secreto que las probabilidades de triunfo se incrementan, ceteris paribus, en proporción a los recursos que se poseen.

Este tipo de corrupción ha afectado a todos los partidos y se instaló muy pronto en la política española, nada más instaurar la democracia. Recordemos las comisiones en los contratos de limpieza del Ayuntamiento de Madrid en tiempos de Tierno Galván y cuya denuncia le costó a Alonso Puerta tener que abandonar el PSOE. Pero precisamente por eso, por su generalización, el problema nunca se ha tomado en serio ni se han adoptado las medidas necesarias para su erradicación. El control asignado al Tribunal de Cuentas ha resultado a todas luces insuficiente y la legislación hasta ahora aplicada a las donaciones ha sido demasiado permisiva. De un lado, es imprescindible someter la contabilidad de los partidos políticos a una supervisión mucho más rigurosa y constante, en la que desaparezca toda posibilidad de contabilidad b y, de otro, limitar de manera muy clara los recursos que provienen del sector privado.

Carecen de toda lógica las donaciones de las personas jurídicas, puesto que se supone que entre los objetivos de las sociedades y empresas no se encuentra el de influir en el juego político beneficiando a un determinado partido. Es más, las donaciones de las personas físicas en ningún caso deberían ser anónimas e incluso habría que limitar la cuantía por individuo, de manera que los mayores recursos de los simpatizantes no concediesen ventajas adicionales a una determinada formación política. Por último, pero no menos importante, todas las medidas que se adopten en la financiación de los partidos deberían hacerse extensibles a sus fundaciones o a cualquier institución de ellos dependientes. De lo contrario, devendrían inútiles todas estas previsiones.

En segundo lugar, conviene analizar con qué intensidad se ha producido la corrupción en los distintos ámbitos de la Administración. Parece evidente que el poder local ha sido mucho más vulnerable, la corrupción se ha cebado en ayuntamientos y diputaciones. A estos les han seguido en orden de importancia, las Comunidades Autónomas, encontrándose al final del ranking la Administración central. En este ultimo ámbito los casos de corrupción han sido mucho más raros, y han afectado a lo que se denomina la Administración institucional o instrumental, es decir, organismos, agencias, empresas y demás entidades públicas.

Deberíamos preguntarnos a qué se debe esta distribución tan irregular. La respuesta no es demasiado complicada, obedece al mejor o peor funcionamiento de los sistemas y mecanismos de control interno. No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de que la modificación producida en el régimen de intervención de la Administración local iba a tener unos efectos devastadores. ¿Cómo esperar que un interventor de un ayuntamiento pueda hacer bien su trabajo si es nombrado y cesado por el alcalde, y si del alcalde dependen su régimen laboral y sus retribuciones? Me indicaba una funcionaria, que por motivos personales había pasado de trabajar en la intervención de un ministerio a la de un ayuntamiento de una ciudad importante, cuál fue su sorpresa al comprobar que en esta última institución era impensable poner un reparo suspensivo a un expediente, todo se reducía a recomendaciones y a consejos y, por supuesto, formulados con sumo cuidado y delicadeza.

En las Comunidades Autónomas, sin llegar quizás a los extremos de la Administración local, se participa del mismo defecto. Son administraciones jóvenes, sin cuerpos consolidados de funcionarios, en las que con frecuencia la contratación de los empleados se ha hecho más por captación ideológica que atendiendo al mérito y a la capacidad, y donde el grado de politización y de intromisión de los cargos políticos en la función pública es bastante elevado. Las intervenciones generales y sus intervenciones delegadas gozan de mucha menos independencia que en la Administración central. Lo ocurrido con los ERE de Andalucía es un buen ejemplo de cómo se crea un procedimiento al margen de los mecanismos ordinarios y del control de la intervención.

La Administración central ha tenido la ventaja de contar con una función pública bastante profesionalizada y con una larga tradición y experiencia en el juego de las instituciones. Las intervenciones delegadas en los ministerios y organismos no dependen de los altos cargos de estas entidades, sino del Interventor general, que está encuadrado en el Ministerio de Hacienda. La diferencia con las de las Autonomías, y sobre todo con las locales, es considerable. Dicho lo cual, no quiere decir que no haya muchas cosas que perfeccionar en esta institución, incluso en cuanto a la independencia y, desde luego, en relación con los medios de que dispone. Resulta chocante que casi ningún partido haga referencia a ella en su programa electoral.
Desde hace algún tiempo, un peligro vuelve a acechar a las tres Administraciones. Una especie de moda que, bajo el eslogan de asumir los sistemas de gestión de la empresa privada, propugna la separación de determinadas parcelas de la Administración en forma de organismos, entidades o agencias, librándolas de los controles clásicos, haciéndolas vulnerables no solo a la corrupción sino también al despilfarro y a la mala gestión. No deja de ser curioso y contradictorio que alguna formación política abogue, como si fuese una novedad, por la creación de agencias cuando ya se conoce muy bien a qué resultados conduce. Desechemos los esnobismos y hagamos funcionar mejor las instituciones y estructuras que poseemos.

En tercer lugar, conviene tener en cuenta que el riesgo de corrupción se incrementa proporcionalmente en aquellas áreas o negocios en los que la Administración se relaciona con el sector privado. En la mayoría de los casos, para que se dé la corrupción en los políticos se precisa que al mismo tiempo se produzca en las empresas y sociedades privadas. En esta materia se mantiene una enorme hipocresía, nos rasgamos la vestidura con el menor vestigio de corrupción pública y cerramos los ojos a la que se da en el sector privado y, sin embargo, es fácil comprender que una sociedad mantendrá una clase política tanto más corrupta cuanto más corrupta sea la sociedad, y viceversa.
La cercanía entre el sector público y el privado genera sin duda la posibilidad de que el segundo pretenda sobornar a los responsables del primero, y también la tentación de que estos accedan. Las llamadas colaboraciones público-privadas, que se han puesto de moda (véase el Plan Juncker), aparte de resultar a menudo ineficaces y de convertir al sector privado en parásito del público, incrementan de manera significativa las probabilidades de corrupción.

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