Hipocresía social y el caso Bárcenas

Temo que este artículo sea mal entendido. He dudado antes de ponerme a escribirlo. Pero las cosas hay que decirlas como se piensan, aun a riesgo de que alguien pueda extraer de ellas conclusiones o intenciones muy alejadas de las que pretende el autor. Observo con preocupación cómo la actualidad nacional lleva al menos un mes bloqueada por el tema Bárcenas. No diré que  sus implicaciones no sean de una gran relevancia, pero creo que el asunto está rodeado de una colosal hipocresía. Medios de comunicación social, comentaristas, tertulianos, políticos, etc., se rasgan las vestiduras y parecen haber descubierto ahora la financiación ilegal de los partidos políticos.  ¿Pero es que había en España alguien que no estuviese al tanto de que las formaciones políticas se financian irregularmente?

Desde aquellos contratos de limpieza del Ayuntamiento de Madrid -creo que allá por 1982, y que forzaron, por denunciarlos, a que Alonso Puerta tuviera que abandonar el PSOE-, pasando por las Filesas, Malesas, Time Sport… hasta llegar al 3% que Maragall, en sede parlamentaria catalana, arrojaba a la cara a Mas provocando que este amenazase con no aprobar el estatuto, ese estatuto que con tanto ahínco defendería más tarde frente al Tribunal Constitucional como si en cada coma se jugase el honor y el futuro de Cataluña (pero bien mirado el 3% era más importante), muchos han sido los acontecimientos que han señalado sin lugar a dudas que la financiación irregular de los partidos está a la orden del día. ¿Acaso no se han dictado recientemente sentencias en las que se afirma que tanto Unió como Convergencia han cobrado comisiones destinadas, al menos en parte, a financiar a las respectivas formaciones?, ¿y acaso no sabemos que en múltiples ocasiones los bancos han condonado deudas a los partidos políticos o las han dejado relegadas en el balance, que para el caso es lo mismo? ¿Y no ha sido el propio Banco de España el que mandaba provisionar este tipo de créditos en el convencimiento de que en buena medida eran incobrables?

El tema sin duda es grave, muy grave, porque en contrapartida, los gobiernos y los políticos estén hipotecados a las fuerzas económicas, y decidan en los asuntos públicos en función de los intereses de estas y no atendiendo a la utilidad general; pero grave, muy grave también, porque la injerencia de los poderes económicos desvirtúa los procesos electorales aún más de lo que ya lo hacen los medios de comunicación social. En una sociedad tan compleja como la actual es evidente que existe una correlación bastante intensa entre los recursos que poseen una formación política y sus probabilidades de éxito electoral.

Buen ejemplo de ello lo constituye el sistema electoral de los Estados Unidos donde la ilegalidad ha desaparecido de la financiación de los partidos y de los candidatos por el procedimiento expeditivo de permitir cualquier forma de financiación. A pesar de lo frecuentemente que los americanos utilizan la palabra democracia, lo cierto es que su sistema democrático deja mucho que desear y está pervertido desde el origen, ya que solo tienen posibilidades de presentarse a las elecciones quienes cuentan con cuantiosos recursos económicos, que solo se consiguen a base de que el candidato se haya hipotecado a determinados intereses incluso antes de iniciar su mandato.

La hipocresía social que estos días inunda nuestros medios de comunicación no se encuentra en que se censure el caso Bárcenas, sino en que se pretenda presentarlo como un hecho único, aislado y hasta ahora desconocido, trasladando la imagen de que el resto del sistema goza de excelente salud. El cinismo radica en que se enfrentan a él en función de sus particulares intereses como arma política, de unos, para debilitar al adversario y, de otros, al enemigo (pues es bien sabido que los enemigos políticos son los que se encuentran dentro del propio partido), y sin la menor intención de solucionar el problema de cara al futuro, al igual que ha sucedido hasta la fecha. ¿Por qué a pesar de las múltiples modificaciones que se han llevado a cabo en el Código Penal nadie ha propuesto  tipificar como delito la financiación ilegal de los partidos con penas de privación de libertad en su caso para los miembros de la ejecutiva?

La hipocresía social se hace manifiesta cuando, al tiempo que nos rasgamos las vestiduras con el caso Bárcenas o con otros similares, vemos con la mayor naturalidad que los exministros, expresidentes de Gobierno y demás altos cargos se sienten en los consejos de administración de las grandes empresas del IBEX. ¿Es que de verdad creemos que los contratan por su enorme valía? Nadie pone ninguna objeción a esa puerta giratoria por la que se pasa con toda facilidad de ocupar cargos del sector privado al público y viceversa: de asesor fiscal de las grandes empresas a secretario de Estado de Hacienda, o a la inversa; de director de inspección del Banco de España a director general de uno de los primeros bancos del país; de consejero de Sanidad de una Comunidad Autónoma a prestar servicios en empresas sanitarias que se han lucrado con la privatización de determinados servicios. La lista sería interminable…

Flota en la opinión pública, o más bien publicada, una creencia ingenua al tiempo que hipócrita: la de considerar lógico que el sueldo de un ministro sea el que figura en los presupuestos generales del Estado cuando cualquier ejecutivo de una empresa mediana tiene una retribución muy superior, y no digamos si pasamos revista a los sueldos de los bancos o de las empresas del Ibex. Las alternativas, en mi opinión, solo son tres: a) que pensemos que todos los llamados a esos cargos y otros parecidos son altruistas dispuestos a comportamientos heroicos, a los que solo importa el bien general y prescinden de todo interés particular; alguno habrá, pero confiar en que sea la norma es una estupidez; b) que nos conformemos con que los ministros tengan por todo currículum regir una escuela de flamenco y c) que los susodichos cobren sobresueldos o que el Ministerio o el cargo público les sirva de trampolín para situarse más tarde en una poltrona de esas en las que se cobra de verdad o crear su propio chiringuito de tráfico de influencias.

Ingenuidad o más bien hipocresía es pretender tener unos políticos impolutos rodeados de un sistema social y económico corrupto. El liberalismo económico ha convertido la economía en una ciénaga en la que nada está a salvo, una contienda en la que vale todo, sin reglas, el pez grande se come al chico, y las únicas normas que rigen son las que imponen los dueños del dinero, el consumidor y el trabajador se encuentran totalmente indefensos y la desigualdad adquiere unos niveles obscenos, jamás antes imaginados. Cinismo y propio del peor tartufo es el de aquellos que desde las cátedras mediáticas creadas por los poderes económicos, después de defender a diario los principios de ese neoliberalismo cainita, se rasgan las vestiduras ante ciertos casos (solo ante ciertos casos) de corrupción política.

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