El deseo suele jugar malas pasadas a la inteligencia. Tales son las ansias de que Bruselas modifique su política que todo el mundo se ha apresurado a declarar que en Europa se está produciendo un cambio de paradigma, lo cual no me parece en absoluto cierto. El hecho de que Olli Rehn haya concedido, con permiso de Alemania, un plazo mayor a siete países, entre los que se encuentran España y Francia, para cumplir con el objetivo de déficit público, lo único que demuestra es que la necesidad se impone y que es evidente que mientras la actividad se hunda más y más y el desempleo continúe incrementándose resultará imposible conseguir la tan cacareada consolidación fiscal. La Comisión lo sabe y sabe también que no le queda más remedio que consentir el aplazamiento. No ha sido una concesión sino una obligación.

No obstante, el discurso del comisario de Economía sobre España no deja de ser sorprendente. Por una parte, reconoce que el Gobierno español ha sido un alumno obediente y que ha aplicado las recomendaciones de la Comisión; pero, por otra, le reprocha no haber cumplido con las cifras de déficit e incluso afirma que existe el peligro de que no se cumplan en el futuro. En ningún momento, por extraño que parezca, se plantea que son sus recomendaciones (obligaciones, como proclama Almunia) las causantes de que el objetivo de déficit sea de imposible cumplimiento.

No, no hay ningún cambio en la política de Bruselas (léase Berlín), sino que la Comisión hace de la necesidad virtud y oculta bajo la apariencia de cesión lo que no es más que una mera imposibilidad de actuar de otra manera, al tiempo que aprovecha la ocasión para exigir una nueva retahíla de medidas, todas ellas encaminadas en idéntica dirección, la de un programa reaccionario y neoliberal. Más de lo mismo: otra vuelta de tuerca a la reforma laboral, mayor precarización de las pensiones, un incremento de los impuestos indirectos frente a los directos, etc. Poco tiene que ver todo ello con lo técnico y mucho con lo ideológico.

En realidad, no es algo distinto del consenso de Washington que el capitalismo internacional impuso en América Latina mediante el FMI a los gobiernos condenando a esta zona a una década perdida. Allí tiranía del Fondo, aquí de la Unión Europea. En ambos casos se ha tratado de sortear las presiones populares y de lograr, mediante mecanismos dictatoriales, desplazar las decisiones de los órganos democráticos. ¿A quién representan Olli Rehn, Draghi, Almunia y toda la tecnocracia (más bien plutocracia) de la Comisión? Nadie los ha elegido, a nadie se ven obligados a dar cuentas como no sea a las multinacionales y entidades financieras de donde muchos salieron y a las que volverán con toda probabilidad. Sería ilustrativo hacer un catálogo de cuál es la actual situación económica y profesional de todos aquellos que han ocupado el puesto de comisario.

¿Por qué la Comisión y el BCE jamás recomiendan a los países subir el impuesto de sociedades o gravar las rentas de capital al mismo tipo que las rentas de trabajo?, ¿por qué no dice nada del impuesto de patrimonio o del impuesto de sucesiones?, ¿por qué no erradican los paraísos fiscales que existen en la Unión Europea?, ¿por qué se impone desde Europa a los Estados reducir las pensiones y no se les obliga a crear un impuesto sobre las transacciones de activos financieros?

En esta cruzada contra el Estado social, las organizaciones internacionales aspiran a tener caballos de Troya dentro de los propios países. De ahí que impulsen instituciones independientes (léase independientes de los órganos democráticos y dependientes casi siempre de las fuerzas económicas y financieras o de sus representantes, los altos funcionarios internacionales). En un principio fueron los bancos centrales. La política monetaria había que alejarla de las presiones electorales. Ahora se pretende hacer lo mismo con la política presupuestaria y para ello se obliga a los Estados a establecer consejos fiscales independientes.

El Banco de España ha cumplido fielmente este mandato. Aun cuando haya resultado un auténtico fracaso en el cometido de vigilar y supervisar las entidades financieras o en el de proteger a los clientes de los abusos de la banca, merece la máxima puntuación en esa faena de constituirse en el mejor centro de emisión de política económica neoliberal y reaccionaria. No ha habido gobernador del Banco de España, por incompetente que haya sido, que no se haya creído con el derecho de salir a la palestra a pedir mayor liberalización del mercado laboral, reforma de las pensiones, reducción de los salarios, etc. Y todo ello mientras los bancos quiebran y hay que enterrar en ellos muchos miles de millones de euros de dinero público.

El señor Linde también tiene derecho a lanzar su lindezas y, después de hacer un diagnóstico certero sobre la inutilidad de la última reforma laboral, tanto para evitar la destrucción de empleo como para impulsar su creación, en lugar de aceptar la equivocación y recomendar un cambio de estrategia, se sube al carro y pide incrementar la intensidad de la reforma. Y para ello nada mejor que reclamar la eliminación del salario mínimo interprofesional a ver si con un poco de suerte alcanzamos las condiciones laborales de la Revolución Industrial y la ley de bronce de los salarios.

En este escenario surge sin embargo una duda: ¿hasta qué punto la Comisión, el BCE, el FMI, el Banco de España o el futuro Consejo Fiscal independiente no son en realidad una coartada para que los gobiernos acometan las medidas que de otro modo no se atreverían siquiera a plantear, ni las sociedades se lo permitirían? Poli bueno, poli malo.

www.telefonica.net/web2/martin-seco