El discurso del nuevo Gobierno

No es que quepa esperar mucho del nuevo Gobierno. Entre otras razones porque estamos enmarañados en esa trampa que es la Unión Monetaria, dentro de la cual a un país como España le va a ser imposible el crecimiento. Pero al menos sería de desear que sus actuaciones no empeorasen las cosas. Del debate de investidura y de algunas otras afirmaciones puede empezar a recelarse que sí, que todo puede empeorar porque van a martillear sobre los mismos clavos que el anterior Gobierno. Ahora, igual que antes, se manejan una serie de tópicos carentes de cualquier contenido económico.

Rajoy ya ha anunciado que va a acometer una nueva reforma laboral. Hoy, como ayer, la escusa es el alto nivel de paro. Pero los continuos cambios en el mercado de trabajo para deprimir las condiciones laborales nunca han creado empleo sino todo lo contrario. El abaratamiento del despido, como es lógico, lo único que facilita es que las empresas trasladen el coste de la crisis a los trabajadores, reduciendo la plantilla a la menor dificultad. Se usan dos argumentos contradictorios entre sí, pero los dos se utilizan para obtener el mismo resultado, desregular el mercado laboral. Por una parte, se afirma que más vale un trabajo precario que ninguno. Pero, por otra, que hay que abaratar el despido para eliminar la dualidad en los empleos. En realidad lo que se pretende es convertir todos los contratos en precarios, porque para hacer desaparecer la precariedad, la receta es muy sencilla, solo hay que eliminar, o al menos limitar legalmente, los contratos temporales.

El nuevo Gobierno, lo mismo que lo hizo el saliente, sitúa como objetivo número uno la lucha contra el déficit, pero parece que en ese propósito solo cuenta la partida de gastos y no la de ingresos, cuando ha sido principalmente la disminución de estos la que está generando la difícil situación actual de las finanzas públicas, debido, sí, a la crisis, pero también como consecuencia de las tres últimas reformas fiscales (dos del PP y una del PSOE) que, si bien en una primera etapa el fuerte crecimiento permitió que la recaudación se mantuviera en niveles aceptables, nada más comenzar la desaceleración se evidenció el daño infligido a la suficiencia del sistema.

Rajoy –junto al anuncio de duros ajustes en la partida de gastos– manifiesta su intención de reducciones fiscales a las empresas y a los llamados “emprendedores” como si ambas líneas de actuación no fuesen contrapuestas. Tal vez tras esa contradicción se encuentra la creencia ingenua en la efectividad de la curva de Laffer, es decir, la convicción taumatúrgica de que la bajada de tipos impositivos y el incremento de los gastos fiscales no se traduce en una disminución de la recaudación sino que incluso puede producirse un incremento, teoría peregrina que cosechó el fracaso más estrepitoso desde el primer momento de su aplicación con el gobierno de Reagan, y que consiguió que el déficit público de EE UU se disparase durante sus años de mandato.

La pretensión de reactivar la actividad económica mediante incentivos fiscales choca frente al hecho de encontrarnos inmersos en una crisis de demanda. Por mucho que se reduzcan los impuestos, los empresarios no invertirán, ni crearán empleo si piensan que no van a poder vender sus productos. Si hay que impulsar algo es la demanda y el consumo, y en todo caso, del lado de la oferta, el crédito.

La forma menos injusta de distribuir el coste de la crisis es acudiendo a los impuestos y, más concretamente, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y al de Sociedades. Un incremento bien diseñado de estas figuras tributarias puede enjugar el déficit y al menos repartir la carga en relación a la renta y la riqueza de cada ciudadano, puesto que parece imposible que la asuman en exclusiva los responsables de la crisis. No afectaría a las clases más bajas (la mayoría de parados y pensionistas, mileuristas, etc.), que no están obligadas a declarar por el IRPF; todo lo contrario de lo que ocurre con el incremento del IVA, y no digamos con los recortes en los servicios públicos o en las tasas. Aun cuando hubiera que elevar todos los tipos, incidiría en mucha mayor medida sobre las rentas altas, sobre todo si se eleva el tipo marginal máximo para tramos superiores a los hoy existentes, si se engloban en la tarifa general las rentas de capital y si se reforma el Impuesto de Sociedades (en el sentido contrario al planteado por Rajoy), impidiendo que las grandes fortunas burlen el IRPF escudándose en formas societarias.

El nuevo presidente del Gobierno repitió insistentemente en la sesión de investidura que el Impuesto de Sociedades era la figura tributaria que más había reducido su recaudación. Cierto, pero no solo porque hay menos empresas que tengan ganancias, sino también porque a las empresas que tienen beneficios (y muchos beneficios, que también las hay) apenas se las grava, dado el cúmulo de exenciones y beneficios fiscales, entre otras la libertad de amortización, con la que se ha rodeado el impuesto. Se calcula que el tipo efectivo está en el 10%, en lugar del 30% a que asciende el nominal. Así resulta difícil corregir el déficit. Lo que parece no tenerse en cuenta es que la disminución, sea por el procedimiento que sea, del Impuesto de Sociedades no ayuda a las sociedades en crisis, puesto que no tendrán beneficios ni pagaran, por tanto, el gravamen; al igual que la reducción del IRPF no beneficia a las clases bajas de la población, que están exentas de declarar.

Al margen de todo lo anterior, la gran incógnita pendiente hasta ahora de despejar es saber cuál va a ser la postura del Gobierno Rajoy en Europa. ¿Dará continuidad a la actitud sumisa de alumno aplicado mantenida por el Gobierno Zapatero, o más bien estará dispuesto, con toda la prudencia debida, a hacer frente común con otros países para plantar cara a Merkel y a su dictadura? Si opta por la primera alternativa, está perdido y puede pasar a la historia como “Rajoy el breve”.

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