El programa del PP

Escuché el otro día por la radio cómo un par de tertulianos, de esos que opinan de todo, se mostraban escandalizados porque los votantes, según ellos, no leen los programas electorales. ¿Por qué extrañarse? Los ciudadanos no son tontos y conocen de sobra la poca utilidad de las promesas hechas en tiempo de elecciones. Los programas son como los principios, los partidos están prestos a cambiarlos si conviene. En estas elecciones la utilidad es aún menor. Después de la enorme equivocación cometida al entrar en la Unión Monetaria, lo que quizá resulte inútil sean incluso las mismas elecciones. Cada vez está más claro y además no hacen nada para ocultarlo, que en la Eurozona se ha agotado la democracia y se ha instaurado la dictadura de Merkel y Sarkozy. Ya ni siquiera guardan las formas. De dar importancia a algo en estas elecciones habría que hacerlo en averiguar cuál de los dos partidos mayoritarios será capaz de mantener el tipo con mayor firmeza y de oponerse mejor a las pretensiones de Francia y de Alemania.

Desde luego, el programa del PSOE resulta irrelevante a estos efectos. Está gobernando, y es de sobra conocida la política aplicada. Después de estos ocho años, sus promesas carecen totalmente de credibilidad. Cualquier planteamiento cae en saco roto y queda anulado por el recuerdo de las medidas adoptadas, que han hecho incidir todos los ajustes sobre las clases medias y bajas. Ese es el problema de Rubalcaba: se encuentra tan identificado con la etapa anterior que toda su palabrería se debate en un mar de contradicciones. Quiere separarse de la política practicada hasta el momento, pero no puede. Su discurso está lleno de aire.

El programa del PP puede tener algo más de interés aunque tan solo sea para descubrir las intenciones de los que, de acuerdo con todas las encuestas, van a ganar los comicios. En este caso existe algo más preocupante que su discurso, y es que parecen creérselo. La alarma se dispara al oír afirmar a sus líderes que saben cómo solucionar la crisis. Que se trata únicamente de repetir la política que aplicaron en 1996. Sería preferible que tales aseveraciones obedeciesen exclusivamente a la finalidad de engañar a los electores. Lo peor de un político es la ingenuidad, la ignorancia o la inocencia. Lo más grave es que se engañen a sí mismos y que nos conduzcan a la catástrofe.

Poco tienen que ver las circunstancias de 1996 con las actuales. Lo que en aquellos momentos reactivó la economía fue las cuatro devaluaciones sucesivas acaecidas a principios de los noventa. De hecho, la recuperación se había iniciado ya en tiempos de Solbes, pero ni Solbes ni Rato tuvieron nada que ver en ella. En este capitalismo cuasi salvaje de los mercados y de la libre circulación de capitales la capacidad de los gobiernos es bastante limitada y son otros factores los que muchas veces influyen.

Más tarde, se produjeron la creación de la Unión Monetaria, la burbuja especulativa, el crecimiento a crédito (origen en buena medida de la crisis actual) y las rebajas fiscales que no solo condujeron a un incremento de las desigualdades, sino que hipotecaron las finanzas públicas para el futuro. La expansión artificial de la economía generada por la burbuja inmobiliaria mantuvo la recaudación impositiva y generó el espejismo de que era posible reducir los gravámenes sin que por ello se resintiesen los ingresos del Estado. La falsedad de tal planteamiento se hizo presente en cuanto comenzaron las dificultades económicas. Tan es así que los problemas que sufren ahora las finanzas públicas parten en buena medida de aquellas rebajas.

La situación económica actual es muy distinta de la de 1996. Hoy no se puede devaluar la moneda, que es lo que en realidad precisaría nuestra economía. Además, las finanzas públicas se mueven en una enorme trampa. A pesar de que el stock de nuestra deuda pública es de los más reducidos de Europa, la carencia de un banco central que nos respalde nos entregará a los caprichos de los mercados, limitando nuestra capacidad de déficit y de endeudamiento.

Por otra parte, nuestra crisis no es de oferta sino de demanda y es esta la que en todo caso hay que potenciar. Por eso carecen de toda lógica esos planteamientos dirigidos a incentivar a los empresarios y a los llamados emprendedores. Si no hay demanda, no hay nada que emprender. Por mucho que se rebaje el impuesto de sociedades, se subvencione a las empresas, se reduzcan las cotizaciones sociales, se minore la tributación de las rentas de capital o se abarate el despido, las empresas no invertirán ni crearán empleo si no hay consumo ni demanda. Desde las filas populares se ha llegado a decir que si cada autónomo contratase a un trabajador se habría solucionado el problema. Constituye -si no fuese patético- el mejor chiste de esta campaña electoral. Lo cierto es que una gran parte de los autónomos constituye en realidad paro encubierto, es decir, trabajadores que prestan sus servicios a una empresa, muchos de ellos a comisión, que no llegan a mileuristas y que si trabajan de forma autónoma es para que las empresas se ahorren la seguridad social y carezcan de obligaciones laborales frente a ellos.

Si el PP plantea todas estas medidas en su programa movido por motivos ideológicos con la intención de beneficiar a determinadas clases sociales es sin duda nocivo desde el punto de vista del principio de igualdad, pero tal vez esté dentro de la lógica de un partido de derecha (en la actualidad, parece que también en algunos teóricamente de izquierda como el PSOE). Que se intente engañar a los ciudadanos ofreciendo otras motivaciones, está en la estrategia de todos los partidos políticos, pero que se engañen a sí mismos y que piensen que con estas medidas van a superar la crisis, resulta todavía mucho más alarmante, ya que lo único que se va a conseguir, amén de incrementar la desigualdad, es adentrarnos más y más en la recesión.

Si no se quiere aumentar el déficit (y parece que el PP no quiere, ni se lo permitirían en Europa), deberían compensarse todas esas medidas tan generosas (para con las sociedades, las empresas, los emprendedores y las rentas de capital) con duros ajustes en el gasto público que, amén de otros efectos, causarían con toda seguridad un impacto negativo sobre el consumo y la demanda.

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