Se constitucionaliza el Estado liberal

El candidato socialista a presidente de Gobierno en las próximas elecciones generales se ha preguntado en clave retórica que desde cuándo es de izquierdas el endeudamiento. Rememora a Alfonso Guerra que, para justificar la política de ajuste duro que estaba aplicando su partido, lanzó aquello de que la inflación es de derechas. La inflación no es de derechas ni de izquierdas pero lo que sí tiene mucho que ver con la ideología conservadora es sacrificar el crecimiento y el empleo a la estabilidad de precios, tal como hace el BCE, y lo que, desde luego, sí es de derechas es pretender controlar la inflación a base de que los salarios pierdan poder adquisitivo, tal como entonces proponían los gobiernos de Felipe González y como ahora quiere Merkel.

El endeudamiento no es de izquierdas, pero lo que sí está relacionado con la ideología es la concepción que se defienda del Estado. Los conservadores y liberales de todos los tiempos han anatematizado el déficit público, lo que es coherente con su ideal de Estado decimonónico, ese Estado del laissez-fair, laissez-passer, Estado policía, cuyas funciones son muy reducidas y que tiene vedado intervenir en la economía. Pero cosa muy distinta es el Estado social que surge del convencimiento de que el mercado no es un sistema perfecto y precisa de la actuación del Estado, primero, para regularlo; segundo, para actuar como contrapeso del poder económico, y, tercero, para corregir los desequilibrios y desigualdades que el propio mercado crea.

En esta concepción del Estado, como social, al sector público se le debe permitir al menos lo que se concede al resto de los agentes económicos. Podemos imaginarnos el caos económico que ocurriría si se prohibiese a las empresas endeudarse. Para invertir precisan de créditos, y de esas inversiones dependen los ingresos futuros. El Estado también invierte, no solo en infraestructuras, sino en educación, en sanidad, en investigación, en justicia, etc., y todos estos gastos son esenciales para el crecimiento económico del país, y como consecuencia de los propios ingresos del Estado. El sector público es el primer socio y más importante de la economía nacional y participa en la buena o mala marcha de esta mediante los impuestos. Sus inversiones de hoy, al igual, que en las empresas privadas, son la garantía de sus futuros ingresos.

El keynesianismo ha ido más allá y ha planteado la necesidad de que el Estado asuma una función anticíclica. En épocas de crisis, cuando la iniciativa privada decae, tanto la política monetaria como la política fiscal deben ser expansivas para evitar la recesión económica o para lograr salir de ella lo antes posible. De ahí que seamos muchos los que hoy critiquemos la política que Merkel está imponiendo y otros gobiernos secundando en Europa, bastante distinta de la seguida en EE UU, a pesar de la presión de los republicanos. El fantasma de los años treinta del siglo pasado revolotea. Parece que no hemos aprendido nada.

Nadie pretende la defensa indiscriminada del déficit público ni calificar de beneficioso cualquier endeudamiento sin que importe el montante al que ascienda. Pero ello se aplica tanto si se trata de Administraciones públicas como de empresas o de familias, y conviene recordar que el problema de España proviene mucho más del endeudamiento privado que del público. El nivel de deuda que cada agente puede soportar obedecerá a muchas variables y no resulta factible reconducirlo a cifras mágicas e inamovibles. Concretamente, cuando se trata del sector público, dependerá del nivel de deuda acumulada, de la fase del ciclo económico, del grado de equipamiento en infraestructuras y en bienes y servicios públicos con que cuenta el país, del destino que se va a dar a los recursos obtenidos con el endeudamiento, etc.

No todos los Estados son iguales ni parten del mismo stock de deuda ni tienen el mismo nivel de infraestructuras y de bienes y servicios públicos. El nivel del endeudamiento público de España es relativamente reducido en comparación con el de otros países. Nuestro problema no es de déficit sino de crecimiento y, sobre todo, de pertenencia a una Unión Monetaria perniquebrada y carecer de un banco central que le respalde. El BCE solo interviene al dictado de Merkel, de forma imperfecta y violentando la soberanía nacional.

Limitar el déficit y el endeudamiento en la Constitución no es un acto neutral desde el punto de vista ideológico. Tiene una enorme carga política. Ha representado siempre una aspiración de la parte más nostálgica de la derecha que desea expulsar al Estado de la economía. Esta reforma significa desalojar de la Constitución el Estado social para entronizar el Estado liberal del siglo XIX. Es comprensible que aquellos militantes del PSOE que les quede algo, aunque sea poco, de socialdemócratas se inquieten y se sientan desasosegados, pero esta desazón deberían haberla experimentado cuando dieron su apoyo al Tratado de Maastricht. Esto es tan solo una consecuencia de aquello, como otras muchas que han venido y otras muchas que vendrán.

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