Las Américas, con dinero público

Las grandes empresas españolas –la mayoría de ellas privatizadas, las mismas que, mientras la mitad de la población soporta el desempleo o la reducción de salarios, pagan sueldos escandalosos a sus ejecutivos– se dedicaron en el pasado a hacer las Américas. Casi todas las inversiones en América Latina se realizaron con contratos leoninos, muy provechosos para las empresas y tal vez para los líderes políticos de aquellos países que los firmaron en su momento, pero bastante duros para los pueblos afectados. Contratos que se cuestionaban según iban desapareciendo los gobiernos neoliberales. El Ejecutivo español ha tenido que emplearse a fondo para defender en el exterior las ventajas de estas empresas o sus filiales en la supuesta creencia, nada cierta en realidad, de que sus intereses eran los del pueblo español.

Todo esto resulta bastante conocido. Lo que ya no lo es tanto, es la situación de privilegio fiscal de la que tales sociedades han disfrutado en sus aventuras trasatlánticas y cómo, en buena medida, las han financiado con recursos públicos españoles. Pocos saben en qué consisten las entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE), sociedades creadas en 1995 y con un régimen fiscal privilegiado. Tan excepcional que los dividendos y plusvalías que reciben de sus participaciones en empresas no residentes están libres de gravámenes, y también lo están las ganancias que retiran los socios. A través de ellas, se puede invertir en el exterior y recibir los beneficios sin ninguna tributación. Es más, el tratamiento es totalmente asimétrico porque, si bien las plusvalías no se computan en la base imponible, las minusvalías sí, y pueden, por tanto, reducir el gravamen que la ETVE soportaría por otras actividades distintas de la inversión extranjera, incluso podrán deducirse de los beneficios de otras empresas del grupo si la tributación se efectúa consolidando las cuentas de todas las sociedades.

El chollo, como se puede apreciar, es considerable. Las ganancias están libres de cualquier tributo y las pérdidas, de haberlas, las sufraga en parte el Estado mediante una reducción de los impuestos que deberían pagar otras sociedades del grupo. Quizás el aspecto más escandaloso es la posibilidad de que la inversión se apalanque y los intereses sean también deducibles, bien en la base imponible de la propia sociedad, bien en la de otras empresas del grupo si la declaración del impuesto de sociedades se realiza de forma consolidada.

Es posible que ante esta información haya quien, teniendo una pequeña cartera de valores, se esté planteando invertir en el extranjero en lugar de hacerlo en el mercado español. Que pierda toda esperanza. Existe un “ligero” inconveniente. Para gozar del régimen fiscal de las ETVE se precisa que la inversión en cada una de las participadas sea superior al cinco por ciento de su patrimonio o, al menos, que se encuentre por encima de los seis millones de euros. En fin, al alcance de cualquiera. Capitalismo popular.

En la aventura americana, nuestras corporaciones han contado con una ventaja añadida. La opción de que, en la compra de compañías extranjeras, se pudiese contabilizar como fondo de comercio la diferencia entre el precio pagado por la empresa y el valor que podría considerarse de mercado. Dicho fondo era amortizable y deducible posteriormente de la base imponible minorando así el gravamen de la sociedad. Es decir, el erario público financiaba en parte las inversiones mediante una reducción del impuesto.

La situación era tan discriminatoria que, en el año 2009, la Comisión Europea calificó este tratamiento como ayuda de Estado, con lo que se prohibía para el futuro y se obligaba a las empresas a devolver los beneficios fiscales obtenidos irregularmente. Los buenos oficios del Gobierno ante la Comisión y ante el comisario Almunia consiguieron que los retornos por parte de las empresas a la Hacienda Pública fuesen casi insignificantes.

Parece bastante evidente que los distintos gobiernos han tenido mucho interés en incentivar fiscalmente la inversión española en el extranjero. Quizá alguien se sienta confuso y se pregunte ¿pero en qué quedamos? ¿Qué hay que incentivar, la entrada o la salida de capitales? La respuesta tal vez sea que en realidad lo que se intenta favorecer es, lisa y llanamente, el capital. ¿Puede extrañarnos que todos los ministros y altos cargos terminen después en los consejos de administración de estas grandes empresas?

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