El estado de bienestar de los empresarios

Hace casi cuarenta años que el profesor norteamericano Jammes O’Connor pronosticó la crisis fiscal del Estado. No situaba la causa en una explosión de los gastos sociales, sino en la traslación que los empresarios podían hacer de sus costes hacia el sector público. Lo cierto es que si hoy aparece como posible la suspensión de pagos de un Estado desarrollado (lo que tan sólo unos años atrás se hubiera considerado quimérico) tal posibilidad no obedece al incremento de las pensiones ni al gasto en sanidad, sino a que los gobiernos han tenido que salir en ayuda de las entidades financieras y de las grandes empresas.

En España se ha querido presentar una visión idílica haciéndonos creer que la crisis no ha afectado a nuestras entidades financieras, lo que no es demasiado exacto, ya que en la práctica están recibiendo cuantiosas ayudas del sector público, instrumentadas además de la peor forma posible, mediante préstamos que no está claro que vayan a ser cobrados y mucho menos el cuándo. Y ello sin contar el oscurantismo que rodea todo lo relacionado con el FROB y el hecho de que pueden estar en buena medida sin aflorar todos los agujeros, entre otras razones porque el Estado está manteniendo a flote de forma artificial a las constructoras. Buena prueba de lo dicho se encuentra en las subvenciones aprobadas en los pasados presupuestos para financiar a las concesionarias de autopistas con dificultades económicas.

De cara a los presupuestos del ejercicio próximo, ya se han puesto de acuerdo los dos grandes partidos políticos, el PSOE y el PP, junto con CiU para apoyar en los venideros a las autopistas con pérdidas. CiU ha introducido una enmienda por la que el Estado se compromete, en el supuesto de que el tráfico sea inferior al 80 por ciento del previsto cuando se licitaron, a sufragar la diferencia. Es muy posible que lo que se termine aprobando no sea literalmente lo propuesto por CiU y que se presente alguna enmienda transaccional, sobre todo para ver si las ayudas se pueden disfrazar de manera que no computen en el déficit. Cosa bastante difícil porque, con toda seguridad, los créditos participativos que se instrumenten serán sin retorno.

Detrás de las concesionarias se encuentran en calidad de accionistas las principales constructoras del país y detrás de ellas, a su vez, los bancos, ya que se estima que la deuda a la que no se puede hacer frente asciende a 4.000 ó 5.000 millones de euros, que sitúa por tanto a aquéllas al borde de la quiebra. El Estado, mientras congela las pensiones o reduce brutalmente el sueldo de los funcionarios, dedica millones de euros a que las concesionarias de autopistas no quiebren salvando así a constructoras y a bancos. Y en esta materia sí, en esta materia no ven problemas a la hora de ponerse de acuerdo los principales partidos políticos.

Situaciones como la descrita dejan al descubierto la mentira de ciertos discursos acerca de la bondad de las privatizaciones de los servicios públicos. En el fondo, el riesgo lo acaba asumiendo siempre el sector público. Se trata, para variar, de privatizar los beneficios y de socializar las pérdidas. Esto es lo que se llama Estado benefactor, pero de los empresarios.

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