Comunicando, comunicando, comunicando

Es habitual que cuando un gobierno o una formación política tienen graves problemas los achaquen a fallos en la comunicación. Lo cierto es que en casi todos los casos las dificultades se encuentran en otra parte, en errores y en conflictos de fondo que no se solucionan por muy bien que se comunique; en ocasiones, sin duda, una cierta habilidad retórica puede servir para ocultarlos, pero será difícil que antes o después no terminen apareciendo de nuevo.

Ante la llamativa caída en intención de voto que ha sufrido el PSOE en las encuestas, Zapatero ha decidido recurrir al tópico y ha echado mano de la comunicación. Ha formado, según dice, un gobierno de comunicadores, dando prioridad a este criterio sobre cualquier otro. Quince portavoces, afirman, explicando la reforma. Como satirizaba el chiste de Peridis el sábado pasado: “Quince altavoces dando malas noticias a los españoles”, porque ahí radica el fondo de la cuestión, en lo que tienen que comunicar. Por mucho que la acicalen y la adornen con un lacito azul, la política que están aplicando es una de las más regresivas posibles y resulta difícil que pueda concitar la aquiescencia de los ciudadanos. Y no vale escudarse en Europa y en el resto de los países.

En primer lugar, nadie sabe a ciencia cierta qué pasó en la cumbre y en el ECOFIN de mayo, pero hay que preguntarse si esa claudicación ante Alemania no se debió a la visoñez y a la incompetencia en materia económica de quienes nos representaban. Todo señala a que su actuación aquellos días no fue muy lucida y que por lo menos podían haber evitado tener que realizar el ajuste con tanta precipitación y, por lo tanto, de forma improvisada.

En segundo lugar, la coacción de Alemania y de la Unión Europea sólo podía concretarse en la minoración del déficit, pero de ninguna manera en la reforma del mercado laboral o del sistema público de pensiones. Se puede discutir si en los momentos actuales conviene o no acelerar la corrección del déficit, pero de lo que cabe poca duda es de que el abaratamiento del despido y el retraso en la edad de jubilación carecen de incidencia en la economía a corto plazo, como no sea para incrementar el paro y dar satisfacción a los empresarios y al sector más conservador de la sociedad.

En tercer lugar, en el supuesto de que el Gobierno se hubiese visto obligado por Europa a acelerar la corrección de las cuentas públicas, en ningún caso le dictaron las medidas precisas para conseguir este objetivo o si el ajuste tendría que venir de los gastos o de los ingresos, y dentro de estos últimos si de los impuestos progresivos o de los indirectos. Se decantaron por las medidas más reaccionarias y se renunció a acometer una reforma de la fiscalidad que hiciese recaer el coste de la crisis, aunque fuese parcialmente, sobre las clases pudientes que, por otra parte, eran las que la habían causado.

En cuarto lugar, es difícil creer a quien en un solo día cambia radicalmente de opinión y después de repetir insistentemente y con buen criterio que abaratar el despido no crea empleo, pasa a defender con el mismo convencimiento lo contrario, y tras insistir en que no se precisaba reformar el sistema de pensiones, ha planteado el cambio como una necesidad ineludible.

En quinto lugar, nadie les obligó a suprimir el impuesto de patrimonio o a rebajar el impuesto de renta y el de sociedades.

Tal como ha declarado Candido Méndez, el quid de la cuestión no está en cambiar a los ministros o los métodos de comunicación, sino en modificar la política, y a eso me parece que no están dispuestos.

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