La liga de los cien

Desde mediados de los ochenta, han sido múltiples los estudios publicados por distintos servicios de estudios de otras tantas entidades financieras, todos con la misma cantinela, la inviabilidad del sistema público de pensiones y el anuncio de su quiebra para un futuro próximo. Lo cierto es que las fechas anunciadas han ido llegando de forma sucesiva sin que se produjese el cataclismo ni se cumpliesen las profecías vaticinadas por tan eminentes sabios.

La totalidad de estos estudios se basaban en predicciones demográficas, todas ellas muy relativas, como se ha podido comprobar. Pero es que, además, la cuestión no puede centrarse en la población, ni siquiera en la población activa o en el número de empleados. En ningún sitio está escrito que las pensiones deban financiarse exclusivamente con las cotizaciones sociales. El problema hay que abordarlo desde la renta per cápita, desde su incremento y desde la voluntad política de redistribuirla según criterios más o menos progresivos. Con las previsiones más negativas, el incremento del gasto en pensiones, con el que pretenden asustar todos estos informes, sería absolutamente asumible. Bastaría con situar la presión fiscal española en el nivel de la media de la Unión Europea.

Cuando se proclama que el sistema público de pensiones no es viable lo que se está diciendo en realidad es que no se está dispuesto a practicar una política fiscal y social con parámetros tan distributivos. Y, como resulta duro confesar que se prefiere empobrecer aún más a los jubilados antes que exigir tributos a las clases ricas y acomodadas, nada mejor que acudir a los economistas para que disfracen las decisiones políticas, de necesidad económica.

Hace varios días retornó a la escena pública la liga de los cien economistas. Tras su actuación estelar exigiendo el contrato único y precario en la reforma laboral, ahora retoman el tema de las pensiones. Para el común de confesores un manifiesto firmado por cien economistas suena a pura técnica y objetividad, nada de ideología ni intereses bastardos. No obstante, cuando se araña la superficie se descubre que el manifiesto y los economistas se encuentran bajo la protección de FEDEA, Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Este nombre tampoco nos intranquiliza. Connota neutralidad e independencia. Será necesario romper el velo de Maya de las apariencias para desenmascarar la verdadera naturaleza del manifiesto, que aparece tan pronto conocemos a los patronos de esta Fundación tan respetable: Abengoa, Abertis, Acciona, Banco de Andalucía, BBVA, Banco de España, Banco Popular, Banesto, Banco Sabadell, Bolsa de Madrid, BP oil, Caja Madrid, Corporación Financiera Alba, Ferrovial, Fundación Ramón Areces, IberCaja, Inversión Corporativa, Iberdrola, La Caixa, Repsol, Banco Santander, Gas Natural-Fenosa. ¿Alguien puede dudar del sesgo y de la carga ideológica que debe tener cualquier informe que cuente con tal mecenazgo?

En esta ocasión, los cien economistas han ido más lejos: califican de estafa el hecho de que el futuro de las pensiones se decida en el pacto de Toledo. Exigen un debate público, es decir, entre los representantes de los principales bancos y empresas del IBEX 35. Creo yo que rápidamente se pondrían de acuerdo. Proponen que las decisiones se saquen del ámbito político para encomendarlas a un grupo de técnicos. Una vez más, emerge la desconfianza hacia la política, siempre susceptible de ser condicionada por el voto de los ciudadanos, para acabar plegándose a la opinión de los técnicos, cuyo diagnóstico permanecerá con más seguridad anclado en las conveniencias de la elite dominante. La sombra de Platón se extiende alargada a lo largo de la Historia y su gobierno de sabios aparece de vez en cuando como una tentación permanente.

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