El precio de los presupuestos

Cuentan los Evangelios que Simón el Mago pretendió comprar la facultad taumatúrgica de la que hacían gala los apóstoles. De ahí el nombre de simonía que durante toda la Edad Media se dio a esa práctica tan extendida de comprar los beneficios eclesiásticos. La versión actualizada y laica sería el cohecho. El DRAE lo define como el delito de sobornar a una autoridad o al empleado público en el ejercicio de sus funciones.

El acuerdo al que han llegado el PSOE y el PNV no es un pacto, es un cohecho, es simonía. No es un pacto porque lo que se ha negociado no son los presupuestos sino que se le ha concedido a una Autonomía un privilegio, rompiendo la caja única de la Seguridad Social, a cambio de obtener un beneficio propio.

La práctica ciertamente no es nueva. Desde UCD, los gobiernos, cualquiera que fuera su color, cuando han estado en minoría se han visto obligados a comprar los votos de los nacionalistas, con el consiguiente perjuicio para el resto de las Comunidades. Tales hechos ponen en cuestión nuestra ley electoral y la propia calidad de nuestra democracia.

Ahora bien, aun cuando todos los gobiernos han tenido que pagar peaje, Zapatero ha superado todos los récords. Sorprende la alegría y la frivolidad con que está desbaratando los fundamentos institucionales del Estado social. Primero ha sido el Estatuto de Cataluña que, amén de enturbiar las relaciones entre Cataluña y el resto de España, va a distorsionar la hacienda pública, el sistema fiscal y la capacidad redistributiva del Estado al ser imitadas bastante de sus prescripciones por los estatutos de otras Autonomías.

Ahora, con tal de lograr los votos que necesita para aprobar los presupuestos, no tiene inconveniente en aceptar las peticiones del PNV y transferir a la Comunidad vasca las políticas activas de empleo, pero por bastante más dinero del que tenían pactado con el gobierno vasco y, además, incluyendo la capacidad de bonificar las cotizaciones de los empresarios. Como siempre, se quiere encubrir la realidad. Se pretende disfrazar la ruptura de la caja única de la Seguridad Social mediante el artificio contable de traspasar fondos de la caja del Estado a la de la Seguridad Social.

Dejando contabilidades creativas al margen, lo cierto es que los empresarios vascos no van a pagar las mismas cotizaciones que los del resto de España, al igual que no contribuyen de igual forma en el impuesto de sociedades o en el de renta. Una vez más, se abre la posibilidad de competencia desleal con otras Comunidades Autónomas, especialmente con las limítrofes.

El problema se agudiza desde el momento que –al igual que pasó con el Estatuto de Cataluña– el resto de Autonomías comienza a reclamar la misma capacidad normativa en esta materia que el País Vasco. El dumping y el caos están servidos.

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