Basilea

Veintisiete gobernadores de los principales bancos centrales reunidos en Basilea acaban de acordar endurecer las exigencias de los coeficientes de garantía de las entidades financieras, elevando los porcentajes que las distintas partidas de fondos propios deben representar de los activos convenientemente ponderados. El acuerdo tendrá que ser ratificado por el G-20 y posteriormente ser suscrito por cada uno de los países que lo componen.

En principio, podría pensarse que constituye una buena noticia, sobre todo porque es una de las pocas medidas que se va adoptar de forma global, lo que en el actual orden económico internacional la mayoría de las veces resulta imprescindible; pero precisamente el hecho de que tantos países y tan diferentes se hayan puesto de acuerdo y de forma tan rápida hace desconfiar de que la decisión adoptada sea realmente eficaz para controlar los capitales y el sistema financiero.

En primer lugar, hay que señalar que la medida no será plenamente efectiva hasta 2018, es decir, dentro de siete años y, tal como afirmaba Keynes, a largo plazo, todos muertos.

En segundo lugar, de nada sirve incrementar los fondos propios de los bancos si a la hora de las dificultades no se echa mano de ellos y los recursos públicos se aportan no para adquirir una participación en el capital sino como préstamo. En la actual crisis pocos han sido los Estados que han hecho pagar a los administradores y a los accionistas los errores cometidos. Desde luego, ni en EE. UU. ni en nuestro país ha sido así en la mayoría de los casos. Se ha preferido que las entidades financieras continuasen renqueando, sosteniéndolas mediante créditos y avales del sector público.

Pero, en tercer lugar y quizá lo más importante, es que esta medida no va encaminada a impedir que las entidades financieras lleven a cabo de nuevo operaciones poco ortodoxas, ni a restringir los movimientos especulativos de capitales y, por lo tanto, a imposibilitar que se vuelva a producir una crisis como la actual, sino que va orientada a que, en el caso de que reapareciese, el coste recayera sobre los bancos. Me temo que si se genera un cataclismo financiero de la misma o mayor intensidad que el pasado -lo cual es perfectamente posible si no se adopta otro tipo de medidas-, de poco servirá que las entidades financieras tengan más recursos propios; éstos en el negocio bancario siempre serán una proporción ínfima de los ajenos.

El peligro es que los gobiernos se den por satisfechos con el acuerdo tomado y no aprueben otro tipo de iniciativas tendentes a proporcionar estabilidad al sistema, tales como limitar los productos e instrumentos financieros que pueden realizarse, especialmente los derivados, y evitar la especulación mediante la creación de un impuesto similar a la tasa Tobin que gravase todo tipo de operaciones financieras.

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