La política social de ZP

Todo el mundo ha considerado lógico el anuncio de que este verano Rodríguez Zapatero no estará en Rodezno en la fiesta del SOMA-UGT. No están los tiempos para bromas. Las medidas que está tomando y las que parece que va a adoptar el Gobierno no son precisamente para confraternizar con los sindicatos.

Pero con ocasión de tal anuncio se va extendiendo en la sociedad una idea que tiene mucho de falacia. Se afirma que en los años anteriores el presidente del Ejecutivo empleaba este acto para anunciar sus medidas de política social, dando por supuesto que a lo largo de sus seis años de gobierno ha instrumentado una política que puede recibir tal calificativo.

Es cierto que durante este periodo se han aprobado determinadas medidas que podrían tenerse por sociales, pero con características muy diferentes. Una, la de la elevación del salario mínimo interprofesional, ha sido lógica y adecuada, teniendo en cuenta que hacía más de veinte años que no se actualizaba. De todos modos, su actualización ha quedado a mitad de camino. Otra, la subida de las pensiones mínimas, totalmente insuficiente, y un poco tramposa porque casi, casi, son salvas sin munición, dado que afecta a un número limitado de ellas y con un coste pequeño. ¿Por qué sólo las mínimas? En realidad, en el sistema público de pensiones hasta las más altas son mínimas. La ley de dependencia es casi una declaración de intenciones, sin apenas financiación. Por último, otras, como el cheque-bebé o la desgravación de los 400 euros tienen un carácter netamente electoral, y una naturaleza muy dudosa ya que se aplican por igual a ricos y a pobres.

En cualquier caso, en lo que conviene insistir es que una política verdaderamente social es algo muy distinto. En primer lugar, es totalmente inseparable de la política económica. Resulta difícil aceptar que se haya instrumentado una política social coherente cuando a lo largo de los años de abundancia los salarios apenas han mantenido el poder adquisitivo.

En segundo lugar, la política social precisa de actuaciones tanto desde el lado de los gastos como desde el de los ingresos. Una política fiscal marcadamente progresiva es imprescindible, dado que su capacidad redistributiva es tanta o mayor que la de los gastos y, además, porque será imposible la financiación de estos, si no se cuenta con un sistema tributario con elevada capacidad recaudatoria.

Los gobiernos de Zapatero no se han caracterizado precisamente por haber practicado una política fiscal progresiva. Comenzando por el fraude fiscal, mal endémico de nuestro país, apenas se le ha prestado atención desde el Ejecutivo. No han modificado la reaccionaria Ley General Tributaria que aprobó el Partido Popular, incluso han sido protagonistas de una de las actuaciones más bochornosas cometidas por un gobierno frente a la Administración tributaria. Cuando ésta levantó acta de inspección por el fraude de ley cometido por un número importante de las grandes fortunas de este país al constituir de manera fraudulenta Sociedades de Inversión Colectiva de Capital Variable (SICAV), el Ejecutivo quitó la competencia a la Inspección de Hacienda para concedérsela a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) entidad que, desde luego, no ha emprendido ni emprenderá ninguna actuación. Además, dio carácter retroactivo a la medida, de manera que las actas levantadas se anularon. Por último, cómo no ver en la parsimonia con que se ha abordado la persecución de las cuentas de Suiza un signo claro de cuáles son las intenciones del Gobierno en esta materia.

Las reformas fiscales emprendidas durante el mandato de Zapatero han sido todas regresivas. Disminución del tipo del Impuesto sobre Sociedades; reforma del IRPF, reduciendo el numero de tramos y el tipo marginal y, lo que es aún más grave, consolidando la escandalosa medida adoptada por el PP, separando  las rentas del capital de las de otra clase y aplicándoles un trato de favor mediante un tipo menor y proporcional. Y, por último, la eliminación del Impuesto de Patrimonio.

Cuando se hacen números es fácil constatar la política social que de verdad se podría haber realizado con los recursos empleados en rebajar los impuestos a las clases altas y medias altas, así como con los ingresos adicionales que se podrían haber obtenido si se hubiera acometido en serio la lucha contra el fraude fiscal y se hubiesen aplicado determinas medidas que corrigiesen las reformas que el PP llevó a cabo en su momento. Sin demasiado margen de error, se podría señalar que las reformas fiscales emprendidas por Zapatero han podido representar para un consejero de alguno de los grandes bancos del país un beneficio anual superior a los 10.000 euros, sin duda bastante parecido al incremento de la pensión mínima.

Pero, con todo, lo que muestra realmente la política social de Zapatero es el hecho de que cuando se ha decidido a realizar una política restrictiva con una reducción brutal del déficit su mirada se ha dirigido no a los impuestos directos, sino a la subida del IVA que pagan por igual todos los ciudadanos, a los sueldos de los funcionarios y a las pensiones, y a un empeoramiento de los servicios públicos mediante recortes en las plantillas de la Administración y de las inversiones.

Dicen que el PP no tiene proyecto ni alternativa en materia económica. ¿Cómo los va a tener si el trabajo sucio ya se lo está haciendo el PSOE?