Actos fallidos en el debate sobre el estado de la nación

Lo peor de los rituales parlamentarios es que todo el mundo sabe de antemano qué van a decir los protagonistas. Cada uno llega dispuesto a interpretar su papel y, con más o menos gracia, nos recita el guión al que nos tiene acostumbrados. De ahí que cuando el interviniente se arriesga a decir algo de su propia cosecha –en el argot teatral, morcillas- sea lo mejor de la función. Entonces es incluso posible que, burlando la censura, salga al exterior el inconsciente y se hagan afirmaciones que reflejan lo que realmente se piensa pero que de ninguna manera se querría haber dicho.

En el último debate sobre el estado de la nación aparecieron dos de estos actos fallidos. –Por cierto, se debería haber llamado debate sobre el estado de Cataluña y del País Vasco, a juzgar por la atención dedicada a ambas Comunidades parece que todo se inicia y se termina en ellas–. Decía que en el último debate aparecieron dos de estos actos fallidos. Quizás, lo único esclarecedor de las sesiones. Se produjeron en la intervención del portavoz del PNV y en la réplica que le proporcionó Zapatero.

El señor Erkoreka centró su primera intervención en el apoyo que el PNV había prestado al Gobierno, apoyo que, según afirmó con reiteración, fue desinteresado y basado exclusivamente en la responsabilidad política y en la predisposición constante mostrada por su partido de asegurar la gobernabilidad. En ese manejo del botafumeiro hacia su propia formación política, calificándola de seria y responsable llegó incluso a recriminar a otros partidos, que se jactan de amar a España, de no actuar de la misma manera desinteresada y altruista.

Pero, inmediatamente después se produjo el acto fallido, porque sin solución de continuidad comenzó a reprochar al Gobierno los múltiples incumplimientos de las promesas realizadas a cambio del apoyo recibido, dejando bien a las claras los verdaderos motivos de la prestada ayuda parlamentaria, motivos crematísticos y dirigidos a que el País Vasco obtenga beneficios frente a otras Comunidades como Castilla y León o la Rioja. Nada que ver, por tanto, con el altruismo y el sentido de Estado.

Es más, parece que se está gestando ya la próxima factura a pasar por los apoyos futuros. No es de extrañar que desde Andalucía se haya visto con suma suspicacia la entrega de caja Sur a Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK) en poder del Gobierno vasco y se sospeche que constituye un anticipo del precio total a pagar próximamente. Sea o no sea así, de lo que no cabe duda es de que, tal como afirmaba en el artículo de la pasada semana, la reforma que se está efectuando en las cajas de ahorros va a terminar en la privatización de la mayoría de ellas e incrementará los desequilibrios regionales, ya que serán las Autonomías ricas las que podrán mantener sus Cajas, incluso expandirlas, con el poder económico que ello comporta.

En la réplica, Rodríguez Zapatero también tuvo su propio acto fallido. En el calor de la controversia y ante la acusación de que había tardado en reaccionar, alardeó de que él se había atrevido a realizar una reforma laboral, lo que otros -en clara alusión al PP- no habían hecho. Los votantes de izquierdas deberían tomar buena nota de la afirmación porque quizás fue ésa una de las pocas verdades que el presidente del Gobierno profirió en el debate. Los partidos socialistas en el poder se atreven a aplicar medidas antisociales que la derecha no osaría llevar a cabo. En España, las reformas laborales las ha acometido el PSOE. Varias, en tiempos de Felipe González. El PP intentó la suya, pero hubo de dar marcha atrás ante la presión sindical, y del propio partido socialista. Schröder y los verdes acometieron en Alemania el Plan 2000, un ambicioso proyecto de recortes sociales que allanó el camino a la señora Merkel.

El acto fallido de Zapatero tiene mucho de verdad. Es muy posible que Rajoy no se hubiese atrevido a abaratar el despido, a congelar las pensiones y a reducir nada menos que un 5% los salarios a los funcionarios. Quizás hubiera hecho otras cosas, pero no éstas. Y es que la derecha sabe que cuando acomete medidas antisociales se enfrenta con una enorme oposición, oposición que se debilita si es un partido de la teórica izquierda el que las emprende. La derecha no puede criticarlas demasiado y en la izquierda siempre hay voces que intentan justificar las medidas y desactivar la crítica con el latiguillo de que si vienen los otros es peor.

Habría que empezar a pensar si para hacer una política económica de derechas, que es la que hacen los unos y los otros, no sería mejor la derecha; al menos, las cosas estarían claras, no habría confusión, ni malos entendidos. Cada uno en su sitio y desaparecerían las coartadas y pretextos para no movilizarse. ¿Qué hubiesen dicho muchos miembros del partido socialista si hubiese sido el PP el que hubiera instrumentado estas medidas?

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