Réquiem por las Cajas de Ahorros

El Gobierno acaba de aprobar un decreto ley que certifica la defunción de las Cajas de Ahorros. Se inicia un proceso similar al de Italia. El desenlace no puede ser diferente. En este último país las cajas ya han desaparecido. El contenido del decreto ley no ha supuesto ninguna sorpresa. Dado que el Gobierno se ha adentrado por el camino de una política netamente de derechas, no cabía esperar nada distinto. Era previsible que se inclinase hacia las privatizaciones. En sentido estricto, sin embargo, no se puede hablar de privatizaciones, puesto que jamás han estado nacionalizadas, nunca han sido públicas.

Una de las actuaciones más decepcionantes del PSOE cuando llegó por primera vez al gobierno en el año 82, fue el tratamiento dado a las Cajas de Ahorros, renunciando a crear con ellas una banca pública potente y dejándolas, por el contrario, en manos de Comunidades Autónomas, corporaciones locales, sindicatos e impositores, con lo que las hizo presas fáciles del caciquismo local y las privó de los mecanismos de control de las entidades públicas. Esa ambigüedad en su naturaleza y esa inconsistencia en su funcionamiento las ha hecho enormemente vulnerables a la crisis actual. Conviene recordar, no obstante, que las cajas soportaron la crisis bancaria de los ochenta mucho mejor que los bancos y que fueron éstos los que precisaron ser salvados por el Estado y absorbieron cerca de dos billones de pesetas de las de entonces de recursos públicos.

No es lícito, por tanto, sacar conclusiones interesadas acerca de que su carácter público las ha conducido a las dificultades que bastantes de ellas padecen en la actualidad. La causa hay que buscarla más bien en su dispersión y en el control que sobre ellas se ha concedido a las Autonomías. Por otra parte, está por ver lo que ocurre con los bancos, en gran medida también enfermos, aunque muchos de ellos están logrando sortear la crisis a base de mantener en el balance créditos no demasiado solventes y de hacer recaer el coste sobre los clientes por la vía de restringir el crédito y elevar su precio.

Es posible que en el sistema económico actual la figura de las cajas -situadas en tierra de nadie- se encuentre obsoleta; es posible también que bastantes de ellas precisen de capitalización, pero la inyección de capital puede ser tanto pública como privada. De hecho, la financiación ya está siendo pública, a través del FROB. Lo inaceptable es que el sector privado se apropie de lo rentable, mientras que el sector público termina asumiendo como siempre las pérdidas.

La capitalización de las Cajas de Ahorros se puede realizar perfectamente desde el Estado creando una consistente banca pública. Aunque esto parezca hoy una herejía, lo cierto es que si algo ha demostrado esta crisis es el papel relevante que el sistema financiero juega en cualquier país y cómo toda la economía está dependiendo de él. Quiérase o no, se ha convertido en el servicio público más importante. Esta crisis ha puesto de manifiesto el peligro que representa dejar una parte tan esencial de la economía en manos privadas. Y ha demostrado algo más, que a la hora de la verdad es el Estado el que tiene que sufragar la orgía financiera.

La solución “a la carta” por la que se ha optado es la peor de las posibles y constituye un peaje de los nacionalismos. Desde el Gobierno, con tono didáctico, se explica que cada caja podrá optar por la solución que mejor le cuadre. Sin embargo, saben que es falso y que la decisión la tomarán las Comunidades Autónomas según sus posibilidades y de acuerdo con el margen de maniobra que les permita el Banco de España. En un proceso más o menos largo, la mayoría de las cajas se transformarán en bancos. Sólo las grandes podrán subsistir y, especialmente, si están en una comunidad con mayoría nacionalista, que no renunciará a tener su propia banca pública en forma de caja. Una vez más, se producirá la disparidad y el desequilibrio regional.

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