Golpe contra la constitución

Rara vez, tras unas elecciones, un partido se presenta ante la opinión pública como perdedor. Todos pretenden destacar algún aspecto del resultado que les favorezca para simular un triunfo, aunque sea parcial. Algo parecido ha sucedido con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de Cataluña. La única diferencia es que aquí existen partidos nacionalistas (y algún otro, como el PSC, contagiado por la misma fiebre) que, presa de su victimismo, están siempre prestos a proclamarse perdedores.

El PSOE ha querido presentar la sentencia como una derrota del PP, pero si algo ha quedado claro en todo este proceso es que el Estatuto que se elaboró y se aprobó en su día es inconstitucional. A pesar de las enormes presiones políticas, de los chantajes y de las amenazas de los partidos catalanes, a los magistrados – incluso nombrados en su mayoría por el PSOE y sensibles por tanto a los intereses de este partido-, les ha sido imposible aceptar la constitucionalidad de algunos de los artículos.

A mi entender, el tema es grave y no vale tirar balones fuera, desviando la atención acerca de si el TC había o no dado la razón al PP y si este partido había recurrido tantos o cuantos artículos. Con independencia de quien fuera el recurrente –el Defensor del Pueblo también interpuso recurso-, del contenido de éste y de lo acertado o desacertado que se estuviese a la hora de elaborarlo, lo cierto es que el Parlamento catalán y el Gobierno de la nación han querido dar un golpe anticonstitucional y en parte lo han conseguido. Han pretendido modificar la Constitución por la puerta de atrás, sin cumplir los requisitos jurídicos que la propia Carta Magna estipula a tal fin.

La presidenta y los miembros del TC nombrados por el PSOE, aun cuando han intentado por todos los medios posibles sacar al Gobierno del atolladero en el que se había metido, no han tenido más remedio que declarar la inconstitucionalidad de 14 artículos e interpretar otros 27, que es la vía por la que se intenta maquillar su inconstitucionalidad.

Los magistrados han visto con claridad la inconstitucionalidad de aquellos artículos que hacían referencia a la justicia, sin embargo en lo que respecta a los temas económicos y financieros, quizás por falta de conocimiento, han creído que el problema se solucionaba a base de interpretarlos, lo que en la mayoría de los casos va a ser un contrasentido, porque la interpretación entra directamente en contradicción con la letra del articulado. Tal planteamiento es especialmente grave y dará lugar a un sinfín de conflictos, porque aun cuando la opinión pública se fije sobre todo en asuntos tales como la nacionalidad o la lengua, lo cierto es que son las materias económicas y lo que implican de privilegios y de desigualdad con el resto de los españoles las que atacan frontalmente la constitucionalidad del Estatuto. Son éstas sin duda las que imposibilitan la aplicación del Estado social que define la Constitución.

No sé si los nacionalistas tienen razón cuando afirman que este affaire del Estatuto está acentuando el despego de los catalanes por España, pero lo que es seguro es que está generando un sentimiento anticatalán en el resto de España, sentimiento que o no existía o era muy débil. ¿Quién es el culpable de uno y otro fenómeno? Desde luego, no el TC. Los mayores responsables son aquellos que por interés propio se embarcaron en un proceso anticonstitucional: el presidente del Gobierno prometiendo, en un rasgo de irresponsabilidad política para ganarse fácilmente al electorado catalán, aprobar en las Cortes lo que el Parlamento de Cataluña sancionase, y la gran mayoría de los políticos catalanes propugnando metas autonómicas que entraban en claro conflicto con la Constitución. Uno y otros lanzaron a la sociedad catalana a una suerte de enfrentamiento con el resto de los españoles que no podía ver con buenos ojos que se quisiera privilegiar a una parte del Estado frente a las demás. Siete años en los que, de forma gratuita, se han abierto muchas heridas, heridas que no va a ser fácil que cierren si el mismo presidente del Gobierno promete trasladar a leyes orgánicas aquellas partes del Estatuto que han sido rechazadas por el TC.

El presidente del Gobierno no sólo no ha solucionado un problema, sino que más bien lo ha creado, principalmente en la sociedad española, pero también dentro de lo que llaman familia socialista. El PSC, con su postura victimista, se queja y presiona cada vez más al PSOE y, aunque públicamente no lo digan, seguro que muchos sectores del PSOE deben de estar un poco hartos de la postura de sus compañeros del PSC.

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