El entierro de la ley

Ya tienen los independentistas su aplastante “victoria”. Da igual que no haya habido garantías, que se hayan violentado los derechos de los no independentistas; han hecho el paripé y están satisfechos, como buenos aprendices de Hitler o Stalin. Su auténtica victoria, empero, ha sido en el terreno propagandístico, pues los periódicos de medio mundo se fijan más en la violencia policial del domingo que en el latrocinio político.

Son los peligros de la imagocracia: vende y/o impacta más la imagen de alguien ensangrentado que el inaprehensible conjunto de violaciones de las leyes españolas y catalanas. Y hay pocas cosas tan españolas como la negación sistemática y constante del Estado de Derecho, del imperio de la ley.

Nada como el conflicto catalán para plasmar esta afirmación.

Con la aprobación, el pasado septiembre, de las leyes del Referéndum y de Transitoriedad el Govern y el Parlament catalanes se pasaron por el forro la legislación comunitaria, la Constitución y el Estatut. Aún más, se saltaron a la torera el propio reglamento del Parlament e ignoraron los consejos de los Letrados del mismo. Y este domingo actuaron en contra de lo establecido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Un auténtico golpe de Estado en aras de la soñada República Catalana. Sin embargo, este mismo domingo, en La Sexta (1), Inés Arrimadas, líder de la oposición en Cataluña, evitó conscientemente esta expresión, usando en su lugar el término “golpe a la democracia”. Quizás no se trate de una asonada militar, pero fue un auténtico golpe político para derribar las instituciones del Estado, incluida las de la Comunidad Autónoma de Cataluña –y, por extensión, para dejar en completa indefensión a todos esos, muchos, catalanes que no desean la independencia–.

Y ahí es donde debería entrar el Gobierno. El artículo 155 de la Constitución española reza: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

Es obvio que Cataluña, como comunidad autónoma, no cumple con sus obligaciones, y que así atenta contra el interés general de España. Entonces, ¿por qué no actuar según dispone nuestra norma suprema? Por estrategias políticas, por no ser demasiado duros, por ese “quedar bien” que, en definitiva, niega el imperio de la ley, desdice el Estado de Derecho. No se actúa contra los que vulneran la ley y el domingo se envía a la policía y se propicia la victoria propagandística de los independentistas.

Como digo, en España la ley a menudo no se cumple, como demuestra la promiscuidad entre los tres poderes –en el Estado central, en Cataluña, Andalucía, etc.–, entre partidos y medios de comunicación, o como prueban, entre decenas de ejemplos, los numerosos desmanes que se producen en todos los niveles de las muchas administraciones que asolan España. De lo que, por otro lado, se aprovechan todos los partidos en aras de sus respectivos intereses electorales.

Pero hay momentos y momentos. Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, no lo ha hecho bien; más bien no ha hecho nada, como suele. Pero que hay que evitar que su escasez a la hora de afrontar el cisma catalán (2) se aproveche para atacar al Gobierno legítimo –y, por extensión, al Estado español–, pues el debilitamiento de las instituciones, como bien saben los antisistema, solo sirve para sembrar discordias, reforzar a los independentistas y potenciar la mala impresión que damos al resto del mundo.

Un Estado democrático y de Derecho no solo consiste en tener derechos y libertades, como bien deberían saber nuestros mandamases. Se trata también, y sobre todo, de cumplir con nuestras respectivas responsabilidades, asunto en el que casi todos nuestros políticos fracasan miserable y trágicamente.

Así, el pasado domingo, mientras los Mossos se inhibían (3) –atentando contra la ley e ignorando sus responsabilidades–, Policía Nacional y Guardia Civil, auténticas cabeza de turco (4), fueron de los pocos que cumplieron con su deber. Probablemente hubo actuaciones excesivas, y seguro que hubo torpeza en la gestión comunicativa de sus cargas, pero fueron los únicos que realmente intentaron defender la ley en el caos surgido de ese artero simulacro de referéndum.

Que esos mismos agentes sean la imagen que de España se muestra al mundo es irónico al tiempo que icónico. No quiero ni pensar qué pasará cuando la Generalitat, desde su referéndum a la búlgara, declare su ansiada –y disparatada en todos los sentidos que se me ocurren– independencia.

Pero, para ser optimistas, pensemos en posibles soluciones:

1. Mediación –¿intervención?– de Europa.

2. Convocatoria de un referéndum pactado y supervisado por la UE.

3. Creación, al margen de las rencillas hijas de las carencias e inquinas personales de nuestros líderes políticos, de un frente constitucional que por fin afronte la reforma de la CE y establezca el reparto definitivo de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas –a las que, para informar al resto del mundo y satisfacer a la carcunda izquierdista, podríamos llamar de una puñetera vez Estados Federados–.

4. Rezos a la Virgen que cada cual tenga en más estima, Monserrat incluida.

(1) Es vergonzoso que el domingo solo una cadena generalista emitiera un especial sobre el 1-O. Telecinco, con GH, y La 1, con su película, hicieron el juego a las trampas independentistas.

(2) El asunto catalán no es culpa exclusiva de Rajoy. Felipe González y José María Aznar cargaron el carcaj independentista. José Luis Rodríguez Zapatero tensó el arco. Pero, recordemos, la causa primera, final y última nace, bastarda, del independentismo, bárbaro nacionalismo que no solo excluye al resto de españoles sino también a todos esos catalanes que piensan y creen en ideas diferentes.

(3) Los mismos Mossos que, en agosto, actuaron en plan Harry el Sucio en Cambrils. Asunto que, paradójicamente, fue aplaudido y/o aceptado por el mundo entero.

(4) Policía y Guardia Civil, creo, suelen hacer bien su trabajo. Enviar en masa agentes quizás no suficientemente preparados para evitar un referéndum “protegido” por masas de personas demuestra la impericia y la temeridad de los responsables de Interior.