Huelga el Estado

Uno puede moverse libremente por la calle mientras no estorbe a los demás ni se tumbe, por ejemplo, en pleno paseo de la Castellana. Del mismo modo, uno puede mover a su antojo los brazos, aunque eso le acerque sobremanera al aspecto de un loco; pero no debe meterle el dedo en el ojo a un transeúnte, por mucho que tenga derecho a mover las manos por el aire que le circunda.

La libertad y los derechos que la acompañan exigen un mínimo de sentido ético –si consideramos esta una sociedad civilizada–, un mucho de responsabilidad y unos límites intangibles mas suficientemente poderosos para que el ejercicio del derecho de un solo individuo o de un grupo de personas no perjudique a una desproporcionada cantidad de ciudadanos.

Siempre me han preocupado sobremanera las huelgas que afectan a los servicios públicos esenciales que aseguran la factibilidad del ejercicio de nuestros derechos y libertad. No tiene sentido, creo, que una huelga de los empleados de Metro afecte a los demás trabajadores, ahora apiñados, en circunstancias incomodísimas, quizás insalubres, y perjudicados en su libertad de circulación y en su derecho a llegar a tiempo a su propio puesto de trabajo.

Eso, en principio, era lo que me escamaba con la huelga de vigilantes del aeropuerto de El Prat. Por muy legítimas que sean las reivindicaciones de los trabajadores, no creo justo ni tolerable que eso provoque larguísimas colas, lo que prolonga y agudiza la tensión que uno soporta cuando va a pasar cualquier control de seguridad, aún más en estos procelosos momentos de miedo e incertidumbre. Además, las imágenes de gente esperando contribuyen a desprestigiar nuestra calidad turística tanto o más que los energúmenos antiturismo.

Ahora, el Gobierno ha mandado a la Guardia Civil para supervisar los servicios mínimos –del 90%– estipulados para unos trabajadores en huelga que, a su vez y paradójicamente, sustituyen a las “policías” en el ejercicio del monopolio de la violencia que se le supone a cualquier Estado que se precie. Como ya escribí hace un par de años, dicha sustitución es un claro síntoma de la descomposición de la autoridad estatal.

Pero, justicia poética, ahora vuelven las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para asegurar que se cumple con la función que primigenia y esencialmente siempre debería estar en sus manos.

El principal problema en torno a este asunto es la ausencia de una legislación sobre el derecho constitucional a la huelga. Ningún gobierno, desde Suárez hasta Rajoy, se atrevido con tamaña tarea (1) y así, en la práctica, ha devenido en otro derecho libertino que se ejerce descontrolada y, a menudo, abusivamente.

Pero claro, si los estados occidentales están dispuestos a desprenderse, incluso, del monopolio de la violencia… ¿por qué el Gobierno y su parlamento iban a meterse en terrenos pantanosos? Después de todo, siempre se puede colocar un parche aquí o coser un remiendo allá. Todo con tal de no afrontar valiente y cabalmente sus propias responsabilidades.

P.S.: Como sugiere Marcello, necesitamos una actualización inmediata de la legislación laboral, huelga incluida.