Pacto educativo

Me cuenta un lector el caso de una joven estudiante de Química, de buen entorno familiar y cultural, incapaz de diferenciar el grado de incidencia de los rayos del sol en invierno y verano. Valga el ejemplo –uno de otros tantos miles– para ilustrar cómo el sistema escolar español va lanzando a la universidad, a la sociedad, a la vida, ciudadanos con múltiples carencias a la hora enfrentarse al mundo y afrontar la existencia.

Desde este punto de vista, debemos estar de enhorabuena por que una subcomisión parlamentaria, con la presencia de todos los partidos, se haya por fin reunido para planificar cómo enmendar la LOMCE y todos los despropósitos educativos anteriores. Claro que la subcomisión tardará seis meses en entregar un informe que, se supone, servirá para construir la nueva ley que solucione el sinfín de problemas que atañen a la enseñanza.

Más allá de los despropósitos que ya van asomando –Unidos Podemos quiere llamar a José Ignacio Wert para que rinda cuentas por su mala gestión– la subcomisión comenzará por escuchar a las partes implicadas, a saber, profesores, alumnos y padres.

Sin saber muy bien qué pintan estos últimos en el asunto –gran parte del problema educativo nace de ese alto porcentaje de padres que desdicen al profesor y/o solo piensan en el aprobado–, el primer problema surge cuando ves que los 20 profesores presentes en el Consejo Escolar del Estado –los que hablarán en el Congreso– pertenecen a organizaciones sindicales que representan a poquísimos maestros, pues en la profesión la sindicalización es aún menor que en el resto de sectores. Lo mismo podría decirse de los representantes de los alumnos.

En cualquier caso es un paso adelante en la búsqueda de la solución. Pero, ¿qué pasa con los políticos mismos que forman la subcomisión? ¿Qué narices saben de lo que pasa en las aulas? ¿Acaso seguirán sirviendo a intereses espurios en lugar de buscar el beneficio y crecimiento de los estudiantes? Porque, por ejemplo, la catequesis es un asunto menor, marginal, impropio de la enseñanza obligatoria en un país democrático del siglo XXI.

La gran reforma que necesita nuestra educación es de contenidos… y de sensatez.

Hay que dejarse de chuminadas sobre las formas de dar clase, de cómo aproximarse a las neuronas. La sensatez aludida se refiere a un cambio radical en la manera de entender el aprendizaje, considerándolo algo necesario, riguroso, exigente… pero diferente en cada alumno. Sensatez que debe exigirse a toda la sociedad, no solo a las partes implicadas.

En cuanto a los contenidos hay que ir mucho más allá de las fórmulas, de los problemas prototípicos, de los modelos de examen, etc. Hay que reforzar una serie de contenidos mínimos –pero ambiciosísimos en su alcance– exigibles a cualquier persona que quiera llamarse ciudadano; hay que potenciar la memoria solo desde el momento que sirva a la reflexión meditada y coherente; hay que establecer un canon de lecturas, no solo literarias; y hay que crear un temario que sirva para desarrollar todos los aspectos que conforman nuestra humanidad.

Así, quizás, dentro de unos años los estudiantes de Química aprendan que el sol es más peligroso en verano que invierno; y los nuevos periodistas escriban con fluidez y frescura sin cometer errores gramaticales; y los alumnos de cualquier ingeniería sepan bien qué desmanes cometieron, entre otros, Fernando VII y Francisco Franco; y los nuevos votantes sepan escribir, leer, pensar, opinar libre y razonadamente.

Pero, ¿acaso podemos pedir peras al olmo?