Incumpliendo la ley

Este miércoles un grupo de energúmenos impidió que en la Universidad Autónoma se diese una conferencia que tenía como ponentes a Felipe González y Juan Luis Cebrián. Más allá de los oscuros motivos que puedan llevar a nadie a invitar a los susodichos, en un Estado de Derecho no es de recibo que nadie incumpla la ley e imponga su voluntad para evitar, más o menos por la fuerza, que se celebre un acto público.

Este escrache –como he leído en algún medio– se asemeja sobremanera a aquellos que la izquierda abertzale organizaba en el País Vasco para impedir que hablasen –en la universidad o en cualquier foro público– conocidos españolistas. Son modos totalitarios con los que unas radicales minorías someten al prójimo según rece su capricho.

El problema reside en que, por mucho que estemos hablando de un campus universitario, las fuerzas de seguridad del Estado –o derivados– no acudieron a imponer el orden y asegurar el cumplimiento de la ley. Pero, como en toda Europa, hay miedo a que los follones deriven en algo mayor, y así los matones campan por sus respetos ante el acogotamiento de las gentes y las fuerzas de bien.

Por otro lado, si bien hay potestad para poner en práctica el monopolio estatal –y derivados– de la violencia, habría que pensar si alguien en este país posee la auctoritas suficiente para imponer el cumplimiento de la ley a los demás.

Por ejemplo, el gobierno de Felipe González miró hacia otro lado –o favoreció el asunto– cuando PRISA se hizo con Antena 3 Radio. El de José María Aznar no ejecutó la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba la fusión. Y el Ejecutivo de Zapatero, en lugar de cumplir con la ley, preparó otra para que el Supremo se desdijese, con lo que en el asunto quedaron manchados todos los poderes del Estado para que después se haya olvidado, casi por completo, tamaño atentado contra múltiples derechos de los ciudadanos.

Así estamos cuando el Tribunal Constitucional ha anulado el veto de Cataluña a las corridas de toros, pues la Fiesta Nacional –para muchos, en un alarde de estulticia, uno de los puntos esenciales del españolismo– es competencia exclusiva del Estado. Pero si ni el parlamento ni el gobierno catalanes han cumplido las disposiciones anteriores sobre su disparatada querencia hacia la independencia, ¿por qué iba a cumplir ahora con el ordenamiento jurídico?

Mientras tanto, el actual Gobierno en funciones, por variopintas razones, se pone a vetar disposiciones del Legislativo y se niega a ser controlado por un Parlamento que no lo eligió. Tampoco hace mucho para intentar que la LOMCE se cumpla en aquellas Comunidades Autónomas que se han mostrado díscolas en el acatamiento de la norma estatal.

Por si fuera poco, la visita de unos venados aficionados al Legia de Varsovia atrae tanta atención de la policía que se produce una fuga y motín en un centro de inmigrantes, lo que sirve a algunos –entre ellos los mismos medios que defienden a Cebrián y González– para exigir que tampoco estos cumplan con la ley y gocen de los mismos derechos que cualquier residente legal en España.

En España, sobre todo cuando se mira hacia arriba, no se cumple la ley en un sinfín de ocasiones. Y cuando se cumple, como con los chorizos de alto postín, las condenas son tan ridículas que dan ganas de largarse al extranjero. Y así, en homenaje a esa vieja y misteriosa tradición española, sobrevivimos. Pero habría que tomarse más en serio esos escraches, esos disturbios que provocan minorías de corte radical y que impiden que las cosas transcurran con la normalidad que marca la ley.

En cualquier caso, no parece que a ninguno de nuestros nada amados prebostes –incluidos los de la oposición populista– les interesa que se cumpla la ley. Pero, repito una vez más, ¿y a España?