Habrá que ver

Imaginemos que un buen estudiante, además de sacar altas calificaciones, juega en un equipo de fútbol, toca cualquier instrumento musical y realiza numerosas labores como voluntario, en especial aquellas relacionadas con la salud y la sanidad. Pero al chaval no se le dan bien las matemáticas ni, por ejemplo, el análisis sintáctico. Llega el examen de Selectividad y, dadas sus dificultades con ese par de materias, no alcanza la nota para estudiar Medicina –su verdadera vocación– y tiene que buscarse la vida en alguna otra carrera.

Para estudiar en las universidades públicas españolas tan solo cuenta la nota combinada de Bachillerato y Selectividad –o, a partir del próximo año, la nueva reválida–. Al contrario que en la mayoría de los países de nuestro entorno, da igual lo que haga con el resto de su vida. ¿Es serio que se elijan nuestros futuros médicos solo a partir de un número y no de la calidad personal del bachiller?

La LOMCE, en un primer momento, parecía que iba a obligar a las universidades a realizar sus propias pruebas y que la reválida solo iba a ser obligatoria para conseguir el título de bachiller. Mientras esto, de momento, se va a mantener, aquello no va a cobrar forma, lo que sorprendentemente ha alegrado a nuestros politizados rectores.

Esta misma semana el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciado, por fin, que la nueva reválida no será tipo test y que los chavales tendrán que realizar obligatoriamente ocho exámenes. En este sentido, es de agradecer que se haya endurecido la prueba, porque la actual Selectividad –o Prueba de Acceso a la Universidad–, con sus cuatro exámenes obligatorios, es un mal chiste que no suspende casi nadie.

No obstante, aunque el Gobierno central elabore un marco común para toda España, la nueva reválida seguirá siendo concretada por cada Autonomía. Es decir, comunidades, como Andalucía, que sacan pésimos resultados en el informe PISA, podrán seguir a la cabeza de las notas de selectividad – dato difícilmente comprobable por la ausencia de estadísticas comparativas a nivel nacional–, lo que favorece enormemente a sus estudiantes a la hora de escoger carrera en cualquier universidad de España.

Porque, al eliminar la obligación de las facultades y escuelas de ingenieros a realizar sus pruebas de admisión, se ha mantenido el distrito único universitario, con lo que, a partir de exámenes diferentes, los aspirantes a ser médicos, arquitectos o abogados partirán en desigualdad de condiciones según sea su región de origen.

De ahí mi sorpresa ante la alegría de los rectores. En las universidades de Madrid hay carreras copadas por estudiantes de fuera de la Comunidad. Pero los rectores, poco o nada preocupados por la calidad de la enseñanza –y la de la universidad la elevan, sobre todo, los alumnos–, defienden este sistema, quizás el peor de todos los posibles.

De todas maneras, habrá que ver cómo se diseña el nuevo examen que realizarán el año que viene los actuales alumnos de 1º de Bachillerato; habrá que ver si realmente serán más prácticos, más completos, si los comentarios de texto volverán a primar sobre las vomitonas memorísticas, si alguno de ellos se atreverá a comprobar las habilidades comunicativas y racionales de los alumnos…

Y, sobre todo, habrá que ver si por fin los profesores de institutos y colegios podrán ver y comprobar los errores cometidos por sus alumnos para así mejorar en el futuro porque, en definitiva, mientras esta sea la manera de acceder a la universidad, 2º de Bachillerato seguirá siendo una mera preparación a oposiciones antes que un curso serio, riguroso y exigente que cultive ciudadanos en lugar de excelsos examinandos.