El caos educativo

El preámbulo de la LOMCE comienza así:

El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación. El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio. Todos los alumnos y alumnas tienen un sueño, todas las personas jóvenes tienen talento. Nuestras personas y sus talentos son lo más valioso que tenemos como país”.

Si no fuese por ese “alumnos y alumnas” –que ignora las recomendaciones de la Academia sobre el uso del masculino genérico–, esa concesión a lo estúpidamente correcto, el comienzo sería digno de una nueva Utopía de Tomás Moro. ¡Ay, qué bonito!

El resto de las anteriores leyes educativas comienzan de manera similar. Luego continúan, siempre con mucha ambición de palabra y conceptos tan etéreos como la capacidad de trabajo del presidente del Gobierno. Ahora, según parece, habrá que evaluar a los chavales por “competencias” que, para que nos entendamos, son a un profesor lo que los gamusinos a los cazadores, solo que mucho más difíciles de aprehender.

Por eso, por muy pomposas y ambiciosas palabras que haya en los preámbulos, en el día a día los maestros hacen lo que pueden y los alumnos se dejan llevar por unos currículos absurdos y unos principios ajenos a la excelencia, el rigor y el mérito.

Ahora estamos en pleno periodo de implantación de la LOMCE. El pasado septiembre los alumnos de 1º, 3º y 5º de Primaria comenzaron según sus dictados. Así, el curso que viene toda la primaria funcionará según esta norma que, grosso modo, apenas ha cambiado nada (1).

El septiembre que viene debería comenzar a aplicarse en 1º y 3º de la ESO (7º de EGB y 1º de BUP) y 1º de Bachillerato (3º de BUP) pero ya ha habido comunidades autónomas que han pedido que se retrase su aplicación (2). Otras, que acaban de cambiar de gobierno, han anunciado que paralizarán la puesta en marcha de la LOMCE. Y, no lo olvidemos, esta ley elimina la Selectividad para sustituirla por una reválida que será necesario aprobar si se quiere obtener el título de bachiller –también habrá otra reválida para el de la ESO–, algo que uno no se termina de creer porque el PP perderá las elecciones generales pero que, en cualquier caso, crea un pavoroso clima de incertidumbre.

Así, nos enfrentamos a un caótico panorama para el curso que viene:

– Algunos alumnos comenzarán su segundo curso según la nueva ley.

– Otros comenzarán por primera vez a seguir la ley Wert (los de 1º de Bachillerato sin saber sin harán reválida o selectividad).

– Por fin, aquellos que vivan en alguna autonomía díscola (3) seguirán los dictados de la LOE.

Todo ello, repito, bajo la más que probable derrota del PP en las próximas elecciones generales que, según parece, provocará la derogación de la LOMCE y sumirá a todo el sistema educativo en un limbo legal que necesitará de una nueva norma repleta de disposiciones transitorias que intenten arreglar el desaguisado.

Los preámbulos de todas nuestras leyes educativas son preciosos. Sus artículos son otra cosa, más propios de una burocracia que de una democracia. Y su puesta en práctica es la traslación a las aulas del clima social de molicie y desdén por la sabiduría en cualquiera de sus manifestaciones.

Las leyes educativas comienzan con bellísimas palabras que contrastan con la manera que tienen nuestros políticos de tratar a la educación. A la postre, todo el asunto refleja que a nuestros gerifaltes les importan un carajo nuestros estudiantes. ¿O todo es una conspiración para que cada vez se aprenda menos?

Caos, puro caos… y los profesores a hacer lo que puedan.

(1) Aragón no va a aplicar la LOMCE porque la Religión cuenta para la nota media de Bachillerato, porque los estudiantes no podrán estudiar Educación para la Ciudadanía ni Historia de Aragón y por lo que le han hecho a la Filosofía (asunto, este sí, gravísimo, del que ya he hablado y al que volveré algún día de estos).

(2) Las editoriales de libros de texto –siempre malísimos– se tiran de los pelos porque quizás tengan que comerse los cambios realizados y por eso ya han anunciado medidas legales.

(3) Que algunas Comunidades Autónomas se nieguen a aplicar las leyes estatales raya en la sedición, otra prueba más de que España es cualquier cosa menos un Estado de Derecho.