Legislar negando

Ya los más grandes pensadores de la Antigüedad plantearon que, para el correcto funcionamiento de una comunidad, era necesario un buen sistema educativo. Los grandes pensadores de la Ilustración supieron ver que la soberanía de un pueblo residía en la integridad de sus participantes, que había que crear tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, cuyo funcionamiento y estructura tenían que estar claramente diferenciados.

A finales del XIX, comenzando por la Alemania de Bismarck, se puso el último gran ladrillo del Estado Contemporáneo al crearse un sistema sanitario público para todos los ciudadanos, a los que también se concedió, de forma paulatina, el acceso universal al voto, a la Educación y a la Justicia.

En España, hace 34 años, renunciamos por principio a la separación del poder Ejecutivo y el Legislativo. El Gobierno es elegido desde entonces por un Parlamento que, una vez cumplida esta función, se convierte en trágicamente servil. Nadie pensaba entonces que los partidos políticos se iban a colocar por encima de los tres grandes poderes del Estado. Ni que las Comunidades Autónomas iban a crecer tanto que iban a dejar chico, pero glotón, al Estado central y débiles y famélicas al sinfín de municipios que agotan el suelo español.

A esta renuncia inicial se ha unido, en los últimos años, la debilitación sistemática de los otros pilares del Estado. Desde finales de los 80 la Educación ha ido perdiendo su esencia a satisfacción del cliente/elector y en perjuicio del alumno/futuro ciudadano. Por si fuera poco, las escuelas públicas funcionan ahora en precario porque no hay dinero para todo y sin atacar a la competencia desleal de los colegios concertados que a finales de los 70 y durante los 80 eran necesarios pero para los que nadie ha construido una alternativa.

Por otro lado, la Sanidad, mientras los gastos superfluos -partidos, sindicatos, patronales, elefantiasis administrativa generalizada, diputaciones, sinecuras, corrupción, regalos, despilfarro, etc.- ni se tocan, también ve vaciarse sus arcas mientras médicos y enfermeros inician una desbandada hacia países donde se les trate como merecen sus largos años de formación y dedicación.

La Justicia ya venía renqueando. Falta de medios, maltrato sistemático al turno de oficio, mala preparación de muchos jueces, inseguridad jurídica manifiesta… habían conducido a que la mayoría de ciudadanos desconfiasen de su funcionamiento, comenzando por muchos de los abogados que trabajan en sus pasillos. Ahora llega una nueva ley que, para perseguir a aquellos que “abusan de tribunales”, eleva las costas judiciales a todos los contribuyentes. Una vez más en España, para evitar el fraude o el abuso de unos pocos, se jode a la comunidad entera.

La ruina económica española está asegurada. Esto es insostenible, y no se hace nada útil para remediarlo. Más bien al contrario, se debilitan los servicios esenciales de un auténtico Estado. Lo más curioso es que ni los indignados se dan cuenta de que a lo que asistimos es a un inopinable, quizás alucinante, suicidio de una nación… si es que aún queda algo vivo de ella.

dmago2003@yahoo.es