El Parlament ha aprobado la independencia unilateral de Cataluña violando la legalidad, del Estatuto, la Constitución, las decisiones del Tribunal Constitucional y el informe de servicio jurídico de la Cámara.
Todo ello y bajo la responsabilidad del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y los miembros de la Mesa y diputados que aprobaron la propuesta ilegal que les fue presentada por el Grupo parlamentario 'Juntos por el sí'.
Una decisión urdida sobre la base de una ilegal Ley de Transitoriedad (suspendida por el TC) y en base al presunto resultado del referéndum del 1-O (suspendido por el TC) y celebrado de manera fraudulenta y sin garantías democráticas. Una cita donde los golpistas no alcanzaron una mayoría favorable del conjunto los electores catalanes (unos 2.220.000 votos según los convocantes y sin prueba ni control) que superan los 5.500.000 de ciudadanos inscritos en el censo catalán.
Semejante disparate histórico solo permanecerá vigente unas horas (ya ocurrió con otras declaraciones similares de Maciá y Companys) e incluye graves responsabilidades penales de los actores implicados en el proceso (los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación, sedición y puede que rebelión), y ello obliga al Estado a restaurar de manera inmediata el orden constitucional.
Lo que se llevará a cabo en las próximas horas con la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución y la suspensión en sus funciones por el Gobierno de España del presidente Puigdemont, su vicepresidente Junqueras y todo el Govern, así como de las resoluciones y los acuerdos que en relación con los hechos (decretos y convocatoria de elecciones).
Asimismo el Tribunal Constitucional y la Fiscalía del Estado actuarán en consecuencia en cuestión de horas, los Mossos serán puestos a la orden del ministerio de interior y se pondrá en estado de alerta a las Fuerzas de Seguridad del Estado y puede que Ejército en previsión de posibles altercados y vulneración del orden público, lo que producirse elevaría el delito de sedición al de rebelión.
Estamos ante la mayor crisis política de la Transición desde el golpe de Estado del 23-F de 1981, con otro golpe de Estado perpetrado desde las instituciones que el Estado tiene en Cataluña, que será abortado en próximas horas y donde se hace más necesaria que nunca la unidad de los partidos democráticos y constitucionales del país, empezando por el PP, PSOE y C's, para sustentar sin concesión alguna la respuesta del Estado a los golpistas.
Los que para colmo y por unas horas van a situar Cataluña fuera de los Tratados de la UE y de todos los organismos internacionales, aunque esa situación volverá de inmediato a la legalidad cuando el Gobierno de España asuma el control de las instituciones catalanas. Y mientras, va a aumentar de manera exponencial la fuga de empresas catalanas hacia el resto de España (van mas de 1.500, bancos incluidos y las primeras compañías del IBEX).
Ahora bien, este intento fallido del golpe de Estado catalán impedirá su repetición en los años venideros una vez que el Estado no permitirá mas actuaciones ilegales. Y una vez también que la gran mayoría de los ciudadanos de Cataluña vean y comprueben el desastre al que los han llevado Junqueras y Puigdemont y las grandes mentiras y promesas fallidas de las que alardearon para justificar su desvarío y destrozos en el territorio catalán.
Nunca más podrán vulnerar la legalidad, ni argumentar que tienen el apoyo europeo e internacional, ni podrán decir que la independencia garantiza la viabilidad de un Estado catalán, ni afirmar sin la menor prueba que el empresariado catalán no abandonará el territorio una vez que los hechos han desmontado la gran falacia de los golpistas.
Naturalmente se anuncian días tensos y difíciles para Cataluña pero también tenemos que saber que a los golpistas -sobre los que caerá todo el peso de la ley- se les han caído las máscaras del victimismo y la independencia idílica y viable lo que provocará entre la ciudadanía catalana y especialmente entre los nacionalistas el fin de la ceguera y el respeto a la legalidad, el Estatuto, la Constitución, España y la UE.
Y sin duda, y a estas alturas del desafío, ha sido mucho mejor que los golpistas se hayan lanzado al precipicio que mantener vivo el golpe y la confusión con el que algunos pretendieron bordear la legalidad con un intento -felizmente fallido- de convocatoria de elecciones autonómicas por parte de Puigdemont. P.S.
La independencia y el final del golpismo catalán

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