Con España dividida entre los que apoyan a Garzón y los que no, insultos y descalificaciones de por medio, una nueva noticia surge en Argentina para avivar aún más las llamas de una polémica que parece no tener fin, por supuesto relacionada con el franquismo. Y es que, este miércoles organizaciones humanitarias de Argentina y España, junto al Nobel de la Paz 1980 Adolfo Pérez Esquivel, presentaron en los tribunales de Buenos Aires una demanda para que se investiguen crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Francisco Franco. La denuncia quedó en manos de la jueza federal María Servini de Cubría, informaron portavoces de los demandantes, que expresaron su confianza en que "víctimas de la dictadura franquista" se sumen paulatinamente a esta querella. La demanda se interpreta cómo una reacción de diversas organizaciones frente a las denuncias de grupos de ultraderecha contra el magistrado de la Audiencia Nacional por haber impulsado la revisión histórica de los fusilamientos y desapariciones durante el franquismo, investigación que dejó en noviembre del 2008 al verse confrontado con un contundente recurso de la fiscalía.
Esta “querella criminal” por “delitos de genocidio y/o de lesa humanidad” abarca al período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, según el texto, presentado ante la jueza.
Se fundamenta en el principio de “jurisdicción universal” para juzgar crímenes de lesa humanidad contemplado en la Constitución de Argentina y “consagrado en el Derecho Internacional”, explica.
En España, sostiene, hubo “un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes”.
Darío Rivas Cando, en representación de la española Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, encabeza la demanda por el fusilamiento su padre, Severino Rivas Barja, cometido en 1936 cuando era alcalde de la localidad de Castro de Rei (provincia de Lugo, norte de España).
A su vez, Inés García Holgado denuncia crímenes contra varios de sus parientes, entre ellos su tío, Elías García Holgado, asesinado en 1937 tras haber sido encarcelado cuando se desempeñaba como alcalde de Lumbrales y diputado provincial en Salamanca.
Severino Rivas, “de profesión labrador” y “destacada vida política, que incluye su militancia contra la dictadura del general Primo de Rivera (1923-1929)”, fue detenido y encarcelado el 29 de julio de 1936, tres días después de que lo pidiera un miembro del “movimiento fascista” Falange Española, dice la demanda.
“La partida de defunción de Severino Rivas fija su deceso el mismo día de su liberación (29 de julio) por hemorragia profunda por proyectil de arma de fuego, en la margen derecha de la carretera que va de Lugo a (Portomarín)”, puntualiza.
Agrega que “fue enterrado anónimamente en una fosa común en lo que entonces era el atrio de la capilla (y actualmente el cementerio de Cortapezas). Durante más de 50 años, Darío Rivas, el querellante, intentó por todos los medios encontrar los restos de su padre”, que finalmente halló en 1994.
La querella también señala que en 1936 Elías García Holgado “fue encarcelado en las prisiones de Madrid y de Salamanca” y “fusilado el 5 de julio de 1937, luego de un proceso sumarísimo, condenado por adhesión a la rebelión” contra los seguidores de Franco.
“El señor Severino Rivas y los familiares de Inés García Holgado fueron víctimas de una técnica de homicidios perfeccionada por la Falange Española, que denominaba ‘paseos’ los fusilamientos por la espalda de los presos a los que los sublevados no sometían a un juicio, cuyos cadáveres eran dejados al costado de los caminos”, subraya.
Destaca que “todas estas circunstancias narradas son extensibles a decenas de miles de personas asesinadas en las semanas que siguen al 17 de julio de 1936 por el grupo de oficiales militares alzados, la Falange Española y otras organizaciones afines de apoyo a la insurrección”.
Acompañan esta demanda la Federación de Asociaciones Gallegas de Argentina y las asociaciones de Detenidos y Desaparecidos por la dictadura argentina (1976-1983), las Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales, entre otras.
Polémica en España
Esta información llega un día antes de que el juez Garzón declare ante el Tribunal Supremo como imputado en los presuntos delitos de prevaricación y cohecho en relación con los cobros que pudo percibir de la organización de unos cursos en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006, que fueron patrocinados por el Banco Santander.
Aunque la citación de este jueves no tenga que ver nada con el tema de la Memoria Histórica es bastante probable que este jueves apoyen al juez ante las puertas del Tribunal Supremo representantes de las asociaciones de familiares de desaparecidos durante la guerra civil, que ya lo hicieron con ocasión de su comparecencia de septiembre.
La citación coincide además con la creciente movilización de sectores jurídicos, sociales e incluso artísticos en apoyo del magistrado tras conocerse la decisión del Supremo de sentarle en el banquillo por el asunto de las fosas.