Se trata de una moción impulsada por el PSOE, y apoyada por el resto de grupos, en la que se pide "la adopción de determinadas medidas en relación con la naturaleza" de la fundación para dictaminar si su actividad vulnera la Constitución y leyes como la de memoria histórica.
El senador socialista, Antich Oliver, ha explicado que es necesario que los servicios jurídicos del Estado elaboren dicho informe para iniciar así las diligencias judiciales pertinentes porque se trata de una fundación creada antes de la Constitución que difunde un ideario contrario a los derechos humanos y los valores constitucionales y democráticos.
Asimismo, ha recalcado que la fundación alberga documentos clasificados que deberían ser custodiados por el Estado ya que podrían contribuir en investigaciones judiciales e históricas y permitiría avanzar en cuestiones relativas a la ley de memoria.
"Al igual que en Alemania es impensable que exista una Fundación Adolf Hitler, aquí tampoco será posible que exista una Fundación como la Francisco Franco", ha sostenido Oliver.
La viceportavoz del PP en la Comisión, Cristina Ayala, ha criticado que la iniciativa socialista represente una clara pretensión para la disolución de la Fundación y ha arreciado contra los grupos que la han apoyado al argumentar que corresponde al poder judicial y no al Senado pronunciarse sobre la legalidad de dicho patronato.
Además, ha lamentado que tanto el PSOE como otros partidos de izquierda no impulsen iniciativas para que se ilegalicen otras fundaciones de "extrema izquierda" fichadas por la Policía catalogadas como organizaciones violentas y ha acusado al PNV de "dar bandazos" políticos y de no ser coherente al no ponerse de parte de las víctimas del terrorismo.
Ayala ha mantenido un rifirrafe con el portavoz del PNV, Jokin Bildarratz, quien ha calificado la afirmación de la senadora como "una frivolidad" que no merece ser respondida por respeto a la ciudadanía.
