A finales de enero, ante la perspectiva de que la campaña electoral para el 26-M tendrá que comenzar el 10 de mayo, el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, comentó que si la vista oral del juicio sigue celebrándose entonces la Sala “valoraría la suspensión del juicio” en aplicación del principio por el que los tribunales españoles tienden a no interferir en procesos judiciales, aunque no haya ninguna norma que les obligue a ello. La previsión es que el juicio del ‘procés’ dure tres meses, lo que llevará las sesiones hasta finales de abril en el mejor de los casos. Lo más probable es que se prolonguen más allá de esa fecha pero, en cualquier caso, si hay elecciones del 14 de abril la campaña de las generales coincidiría plenamente con esa vista oral.
La posibilidad de que las generales se celebren ese día se produce en un escenario de incertidumbre por la aprobación de los Presupuestos generales del Estado de 2019, cuyas enmiendas a la totalidad se debaten a partir de mañana en el Congreso, y de un claro distanciamiento del Ejecutivo con los partidos independentistas catalanes. De hecho, una de las interpretaciones de la filtración es que Sánchez trata de presionar a los independentistas, que tienen que resolver la disyuntiva de tumbar los Presupuestos propiciando un adelanto electoral que puede dar el Gobierno de la nación a la derecha o apoyarlos aunque no se atiendan sus reivindicaciones secesionistas. Lo que es seguro es que habrá que esperar a que se supere el debate de totalidad del proyecto del Gobierno que comienza este martes en el Congreso -las enmiendas de devolución se votarán el miércoles- para confirmar el adelanto o al menos atisbar cuáles son las intenciones del presidente.
A todo lo anterior se suma la manifestación celebrada el domingo en Madrid en demanda de elecciones anticipadas convocada por el PP y Cs, y en la que se volvió a reclamar a Pedro Sánchez que dé la palabra a los españoles en las urnas. El líder de Ciudadanos, uno de los partidos convocantes de la concentración, ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión de su Ejecutiva y ha respondido a una pregunta sobre el adelanto electoral. Albert Rivera no se ha concedido demasiada credibilidad porque, según ha recordado, el presidente respondió “por supuesto” cuando tras triunfar la moción de censura contra Mariano Rajoy que le dio el Gobierno le preguntaron si iba a convocar elecciones. “Sánchez nos estafó”, ha dicho.
El PP ha tachado la filtración de “farol” y fuentes del partido se muestran convencidas de que Sánchez no se va a atrever a ese adelanto electoral. Su valoración coincide con la tesis de que se trata de una presión a los socios independentistas del Gobierno para que apoyen los Presupuestos. Es lo que ha dicho la vicesecretaria de Comunicación del PP, Marta González, quien ha considerado que estamos ante "un ultimátum a la desesperada" del presidente del Gobierno para intentar salvar sus cuentas. También la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha sido interpelada sobre la noticia y ha recordado que la convocatoria electoral es “competencia exclusiva del presidente del Gobierno”, que fijará la fecha “pensando siempre en el interés de España”.
El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha rechazado que su partido se sienta presionado por el jefe del Ejecutivo. "Si el PSOE opta por un Gobierno que respete y aborde el conflicto catalán, estábamos dispuestos a que agotara la legislatura. Si opta por convocar elecciones, no le podemos decir nada. No depende de nosotros, pero no nos sentimos presionados", ha asegurado y ha aprovechado para insistir en que el Gobierno "débil" de Sánchez sólo puede tener recorrido si aborda el conflicto entre Cataluña y el resto de España, lo que considera que sería la mejor de las soluciones para el PSOE y para los catalanes. Bonvehí ha recordado que hay tiempo hasta el miércoles para que el presidente acepte las condiciones del secesionismo, que consisten en concretar por escrito las mesas de partidos que reclaman, la figura del relator y el derecho a la autodeterminación.
Esa convocatoria obligaría al Gobierno a disolver las Cortes y convocar las elecciones la semana que viene, el próximo 19 de febrero, para cumplir los 54 días que establece la ley. La posibilidad de un "superdomingo" electoral para el 26 de mayo también ha planeado en el horizonte aunque cuenta con destacados detractores entre las propias filas socialistas. Los barones del PSOE prefieren acudir a las urnas bajo una estricta perspectiva territorial, sin tener que añadir como ingredientes electorales los aspectos más delicados de la vida política nacional, como la crisis territorial en Cataluña.
Otro dato que por cierto avala el posible adelanto electoral es que se ha anunciado que el Consejo de Ministros del próximo viernes ordenará la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. El Ejecutivo no permitirá en ningún caso que el cuerpo embalsamado del dictador vaya a la cripta de la catedral de la Catedral de la Almudena, en Madrid, como quiere su familia, a la que dará 15 días para que indique otro emplazamiento para volver a enterrarle. Si la familia no elige ningún lugar, será el Gobierno el que decida con el “máximo respeto”. Esto le permitirá afrontar la campaña electoral habiendo cumplido uno de los principales compromisos que asumió nada más llegar al poder.