Todas las piezas del puzle, en el que aparecerá dibujado el nuevo cartel electoral del juez Baltasar Garzón como víctima inocente del franquismo, van encajando con precisión. Las últimas movilizaciones políticas, sindicales y culturales en apoyo del juez Garzón y en contra de la independencia del Tribunal Supremo van por el mismo camino y confirman que por segunda vez el PSOE y su gran aparato de propaganda liderado por el Grupo Prisa, pueden estar preparando la nueva pista de aterrizaje en la política de Baltasar Garzón como ocurrió en 1993, cuando Felipe González lo incorporó como su número dos en la lista al Congreso por Madrid, con el doble objetivo de apartarlo de la investigación del GAL y camuflar los casos de corrupción que atenazaban al Partido Socialista. Esta vez el objetivo también sería doble: lavar en las urnas la pretendida honradez del juez, que se presentará como héroe y víctima en la lucha contra el franquismo; y salvar electoralmente a Zapatero de sus errores frente a la crisis económica. Vistiendo la campaña electoral de 2011 como un extraño plebiscito sobre el franquismo que, según denuncia el PSOE, sigue habitando en los salones del PP.
Garzón puede regresar a la política presentado como el cordero o chivo expiatorio de los restos de la dictadura del general Franco, cuyo certificado de defunción pidió Garzón en un grotesco auto a su mayor gloria y para reactivar la devaluada Ley de la Memoria Histórica de Zapatero. Y regresaría acusando a la derecha del PP, a la que ya combatió políticamente en 1993, de ser culpable de su defenestración de la carrera judicial y de la Audiencia Nacional para vengar su instrucción en el caso Gürtel que atenaza a varios dirigentes del Partido Popular.
Asimismo, el magistrado buscaría en las elecciones una sentencia popular absolutoria contra las posibles condenas de su presunta inhabilitación judicial por prevaricación, que ahora sobrevuelan el horizonte procesal del juez en tres causas distintas: apertura sin competencia de la causa general contra el franquismo; escuchas ilegales a los abogados en el citado caso Gürtel; y archivo de una causa contra Emilio Botín tras haber solicitado y recibido ayuda económica del banquero. Tres casos donde Garzón está imputado como presunto prevaricador y que incluyen otros dos presuntos delitos penales: escuchas ilegales en Gürtel; y cohecho en la causa de Botín.
Sin embargo, la cronología y el procedimiento de las tres causas ha dado la prioridad a la actuación de Garzón, a todas luces fuera de la ley y de sus competencias en la Audiencia Nacional, de su pretendida causa general contra el franquismo, obviando la ley de amnistía que el propio Garzón utilizó para esquivar otra querella contra Carillo por motivos semejantes. Pero ello ha facilitado su posible regreso a la política y la campaña de apoyo a su persona por parte del gobierno, el PSOE y los medios de comunicación gubernamentales liderados por el Grupo Prisa. Con el diario El País a la cabeza, que tienen sobrados motivos de agradecimiento al juez estrella por su apoyo en la caza del fallecido Jesús Polanco contra el ex juez Javier Gómez Liaño. Diario que, por otra parte, ha sido el gran beneficiado de todas las filtraciones del sumario Gürtel que instruía Garzón, el motor del ataque mediático al PP y que necesita a toda costa la permanencia del PSOE y Zapatero –a pesar de algunos desencuentros que mantienen con el presidente- en el poder para salir de su grave crisis económica y financiera.
Frente a Aguirrre o Gallardón
Las próximas elecciones autonómicas y municipales del año 2011 sería el momento oportuno para lanzar a Baltasar Garzón como candidato a la alcaldía de Madrid frente a Alberto Ruiz Gallardón. O como el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid frente a Esperanza Aguirre y su gobierno, implicado en el caso Gürtel instruido por el juez, lo que de paso solucionaría al PSOE madrileño el problema del débil liderazgo de Tomás Gómez que se resiste a renunciar a su candidatura, desafiando a Zapatero y a la cúpula nacional del Partido Socialista.
La proximidad de estas elecciones permitiría al juez participar en la batalla electoral, aunque para entonces estuviera suspendido o inhabilitado de sus funciones en la sentencia por la causa que abrió contra el franquismo. Su posición sería más complicada si para entonces Garzón ha sufrido varias condenas de inhabilitación por prevaricación e imposible si es condenado en vía penal por cohecho y escuchas ilegales, en las causas de Botín y Gürtel.
Habrá que esperar acontecimientos para clarificar y ubicar en el tiempo electoral el regreso de Garzón a la política. Y también ver y sopesar por parte de Zapatero y el PSOE el posible alcance y el riesgo de un efecto “boomerang” de semejante apuesta, porque no todos los que conocen bien al juez –De la Vega, entre otros- en la Moncloa o en Ferraz creen en la inocencia del magistrado. Y no digamos los que han colaborado política y policialmente con él en su presunta prevaricación (ahí está pendiente el caso Faisán). Y a no perder de vista su insaciable ambición.
Que le pregunten a Felipe González que sufrió las iras de Garzón al regresar a la Audiencia Nacional, instruyendo el caso GAL a título de venganza porque no se le hizo ministro de Justicia ni de Interior como lo pretendía Garzón. Y como querrá que le nombre Zapatero si las cosas siguen como van y el juez sale poco dañado en su paso por los tres banquillos que le esperan en las salas del Tribunal Supremo.
El contraataque del PP
Al margen de las claras responsabilidades de dirigentes del PP en el caso Gürtel, que Mariano Rajoy se ha resistido a depurar con la contundencia que requiere el caso, en lo que a Luis Bárcenas y a Francisco Camps se refiere, en el Partido Popular se insiste en la existencia de una conspiración orquestada contra ellos por el gobierno de Zapatero –concretamente por el ministro de Interior, Pérez Rubalcaba y el ex ministro de Justicia, Mariano Bermejo- así como por la policía judicial dependiente de los departamentos, y por el juez Garzón, empeñado en su estrellato y en ayudar al PSOE contra el PP, como lo hizo de manera abierta durante la campaña electoral de 1993, lo que a juicio de algunos dirigentes populares, como el ex ministro Francisco Álvarez Cascos, era motivo suficiente para que el juez se hubiera inhibido del caso Gürtel por la misma o mayor “contaminación” que el magistrado ha imputado a varios consejeros del Poder Judicial para eludir su inminente suspensión en la Audiencia Nacional.
Desde el PP se insiste en que el Gobierno, el PSOE, Garzón, la policía judicial que dirige el comisario Juan Antonio González y el Grupo Prisa han actuado de manera coordinada y calculada en todo el proceso, empezando por la apertura de la causa y llegada del caso a manos de Garzón, tras descubrirse el embrollo Gürtel en los ordenadores del despacho del abogado Ramón Blanco Bolín. Todo un equipo informático requisado por causa de otro sumario sobre blanqueo de dinero y evasión fiscal detectado por la fiscalía alemana en Liechtenstein, que la policía judicial, por orden del juez Santiago Pedráz, investigó a mediados de 2008 para que luego, misteriosamente, y en lo que se refería a pruebas de Gürtel allí encontradas todo cayera en el juzgado de Garzón, manipulando u obviando las reglas y turnos de reparto de casos entre los jueces de la Audiencia Nacional. ¿Por qué no instruyó el caso Gürtel el magistrado Pedráz que fue el juez que tuvo acceso a los ordenadores del despacho de Blanco Bolín y sí Garzón? ¿Le ocultó la policía judicial el caso Gürtel a Pedráz para dárselo a Garzón, o hubo un reparto amistoso entre los dos magistrados? Este aspecto es esencial para dilucidar la denuncia del PP sobre el complot político, jurídico y policial, y podría tener relevancia en el proceso sobre la prevaricación de Garzón.
Los hechos habrían discurrido de la siguiente manera: en los ordenadores de Blanco Bolín, donde se buscaban pruebas por evasión de capitales, aparecen Francisco Correa y toda la trama Gürtel y se abre una investigación policial, a pesar de que dicho abogado solicitó que sólo se investigaran en su despacho los delitos que se presumían sobre la citada evasión de capitales en Liechtenstein de algunos de sus clientes, donde se incluyen personalidades de gran relevancia social española. Y es, a partir de ese momento, donde se organiza el presunto complot de los ámbitos político, judicial y policial, contra el PP. Primero favoreciendo la llegada de Gürtel al juzgado de Garzón –habría que investigar cómo le llegó la causa a sus manos-, y cuando se producen y se ordenan primeras escuchas telefónicas, legales o ilegales, como las que denunció el pasado verano la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Escuchas abordadas por el discutido sistema Sitel o puede que incluso por aparatos de alta tecnología en manos de algunos jefes de seguridad de grandes empresas nacionales con los que el comisario el famoso judicial Juan Antonio González mantiene una buena y estrecha relación.
A partir de ese momento se organiza la caza Gürtel y cuando ya se han detectado pruebas y grabaciones suficientes se inician las detenciones y estalla el escándalo que el juez Garzón, la policía judicial, la fiscalía, Rubalcaba o el entonces ministro Bermejo –solo ellos conocían el secreto del sumario- lo van filtrando poco a poco a El País para llevar a cabo la voladura del PP de manera escalonada y controlada, mientras se mantiene todo el secreto del sumario de manera oficial para el mayor desconcierto de los imputados y de la cúpula del Partido Popular que no sabía a qué se enfrentaba.
Sin embargo, la ausencia de pruebas directas sobre financiación ilegal del PP nacional, como las que se hallaron en Filesa, llevan a Garzón al disparate y a la prevaricación decidiendo las escuchas ilegales de las conversaciones de los imputados de Gürtel con sus abogados en busca del gran delito de corrupción global contra el PP de Rajoy que permita a Zapatero dar la vuelta a su deteriorada situación preelectoral. Pero el juez cazador es cazado por abuso de sus funciones, porque las escuchas de abogados en ejercicio de sus funciones con sus clientes presos está reservada a los delitos de terrorismo, lo que ya ha supuesto la anulación de semejantes pruebas y la ampliación de sus problemas judiciales, que ya se habían iniciado con el caso de Botín y la causa del franquismo.
Por si algo faltara en este escenario, aparece la obscena exhibición de la montería de Jaén a la que acuden Garzón, el ex ministro Bermejo –sin licencia de caza- la fiscal de la Audiencia Nacional amiga de Garzón, el jefe de la policía judicial y jefes de seguridad de las grandes empresas que están interesadas en el caso, dejando al descubierto el complot –al margen de las responsabilidades penales de Gürtel- y la maquinación política, judicial y policial que denuncia el PP. El presidente Zapatero furioso con semejante exhibición e imprudencia de sus “conmilitones” cesa de manera fulminante a Mariano Bermejo, porque ha dejado en evidencia la sospecha del PP en lo que a la trama política, judicial y policial se refiere, extensible también al caso Faisán.
Lo que ha sido denunciado públicamente tanto por María Dolores de Cospedal como por Álvarez Cascos. Con alusiones a directas a esa trama o club policial público y a la vez privado que merecería una investigación en profundidad del Parlamento, el Gobierno y la Justicia. Una presunta trama que al parecer tenía su más firme punto de apoyo en el juzgado de Garzón de la Audiencia Nacional y que, suspendido el juez, quedaría a la “intemperie” y en pañales para llevar a cabo sus sospechosas actividades.
Naturalmente, la reaparición de Garzón en un cartel electoral del PSOE cerraría el círculo de la sospecha de complot en medio de un inimaginable ruido político y mediático donde el juez, héroe para unos y villano para otros, asumiría el foco de la atención de casi todos los medios de comunicación, convirtiendo el escándalo de Gürtel en punto central de la campaña electoral y en presunta victoria del franquismo sobre la democracia. En una especie de referéndum de corte político y personal, dejando en un segundo plano la crisis de la economía que, para entonces, el gobierno de Zapatero cree que habría comenzado a solucionar.
Todavía estamos en el primer acto de la nueva farsa teatral del juez Garzón, pero a buen seguro que dará mucho que hablar, y si regresa a la política y llega al gobierno –Zapatero si tanto aprecia al juez le podría ofrecer en julio la cartera de Justicia o Interior- con mayor motivo. A no ser que se le crucen varias sentencias de prevaricación, y no digamos si también otras por cohecho o por escuchas ilegales como podría ocurrir ante el asombro del ahora precipitado The New York Times. El segundo salto mortal del juez hacia las elecciones y la política ya está en marcha pero aún faltan elementos y sentencias por dilucidar.