A pesar de las declaraciones del presidente Zapatero, ayer en Washington, pidiendo respeto para el Tribunal Supremo ante los insultos del ex fiscal Villarejo a los magistrados del Supremo que instruyen el procesamiento del juez Garzón, imputado por presunta prevaricación, los cierto es que el Gobierno de Zapatero –representado por Gaspar Zarrías en el “motín” contra el Supremo en la Universidad Complutense- y primeros dirigentes del Partido Socialista se han lanzado en tromba en apoyo a Garzón contra las decisiones del Tribunal Supremo y apadrinan y dirigen una ofensiva en toda regla contra el Poder Judicial y la más alta corte de la judicatura de una manera directa o camuflada en lo que constituye una calculada y “taimada” operación política para centrar el debate político en Garzón.
Un ataque que se podría extender, por parte del PSC-PSOE y del gobierno catalán que preside José Montilla, al Tribunal Constitucional, si el TC decidiera en los debates y votaciones que hoy inicia sobre la posible inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña, el recortes de una parte importante de su articulado.
Las palabras pronunciadas esta mañana por el ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, diciendo que no entiende que el juez Garzón pueda ser juzgado por una acusación de Falange no hacen sino confirmar la doble cara y estrategia de Zapatero de, por una parte, pedir respeto al Tribunal Supremo y por la otra considerar ilícita la actuación de los magistrados de dicha Corte en contra del juez, con el argumento impostado y trucado de que la acusación parte de la extrema derecha franquista, obviando que todo ciudadano tiene, al margen de su ideología o posición política, el derecho a denunciar los presuntos delitos.
En el mismo sentido se han pronunciado otros dirigentes socialistas, como el lehendakari, Patxi López, que ha descalificado “la acción popular” que existe en nuestro ordenamiento jurídico al decir que “algunos jueces –en referencia al Tribunal Supremo- avalan la utilización perversa de la vía de la acusación popular”.
Por su parte el secretario municipal del PSOE, Antonio Hernando, ha declarado que a los ciudadanos les molesta que se “este persiguiendo a un magistrado (por el Tribunal Supremo, se entiende) por la interpretación que ha hecho de la ley…”. Solo el presidente de Castilla La Mancha, José María Barreda, ha mostrado prudencia pidiendo que se “eviten enfrentamientos fratricidas” en España.
Por su parte la vicepresidenta del Gobierno, De la Vega, ha declarado que “entiende que se haya generado un gran debate social”, por el caso Garzón y ha justificado como unas simples opiniones las graves y calumniosas declaraciones del fiscal Villarejo contra los magistrados del Tribunal Supremo que instruyen el caso Garzón. De la Vega, mantiene el doble juego de pedir respeto e independencia a los tribunales, pero no opina sobre la presencia del secretario de Estado, y brazo derecho del vicepresidente Cháves, Gaspar Zarrías en el acto universitario de de ataque al Tribunal Supremo.
Por su parte varios dirigentes del Partido Popular han denunciado el ataque al Supremo. La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha declarado su “estupor” y ha calificado de “escándalo” el que el rector de la Complutense, Berzosa, presidiera el acto en contra del Tribunal Supremo, y María Dolores De Cospedal ha calificado de “vergüenza” el ataque de los líderes sindicales contra la Corte suprema.
Por su parte Rosa Díez, de UPyD, ha denunciado lo que califica “un golpe contra el Estado de Derecho” y ha pedido el cese del secretario de Estado Zarrías y del embajador Carlos Carnero por avalar con su presencia en la Complutense junto al ex fiscal Villarejo en el acto donde se insultó a los magistrados del Supremo llamándoles fascistas.
Por su parte, los portavoces parlamentarios de ERC e IU, Tardá (habla de “linchamiento” del juez) y Llamazares (que acusa al Supremo de debilitar el Estado de Derecho), no han dudado sumarse a las críticas a las críticas al Supremo en defensa de Garzón.