El fiscal pide 19,6 años de cárcel para Urdangarin y multa de 3,5 millones para él y de 587.413 euros para la Infanta

horrach-500

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach pide una condena de 19 años y 6 meses de prisión para Iñaki Urdangarin y que pague 3,5 millones de euros de multa por el desvío de fondos públicos mediante varios presuntos delitos de corrupción, fraude fiscal y blanqueo. En el escrito de calificación de 576 páginas que ha entregado hoy al juez José Castro, el fiscal solicita que se juzgue por el caso Nóos a catorce personas, empezando por los dos principales socios de la trama, Urdangarin y Diego Torres. En cambio, Horrach pide que se archive la imputación de la Infanta Cristina, sobre quien pesan dos delitos fiscales, al recriminar que se la acuse en base a "sospechas" y a un "raquítico 'pudo saber'", lo que a su juicio la sitúa en una "posición de indefensión". El fiscal se aferra a la 'doctrina Botín', amparándose en "elementales razones de justicia e igualdad" con aquellos ciudadanos a quienes, en similares circunstancias, sí se les ha impedido ir a juicio. Horrach, que en algunos de sus escritos ha descalificado sin rodeos al juez Castro, reprende ahora a la Audiencia de Palma por el ‘matiz’ que introducía en su último auto para consentir que la Infanta pueda sentarse en el banquillo.

El fiscal anticorrupción pide que se archive la causa contra la Infanta por inexistencia de indicios racionales de criminalidad, aunque la considera responsable civil a título lucrativo por haberse beneficiado de 587.413 euros. El sindicato Manos Limpias, sin embargo, ha pedido al juez que la lleve a juicio por dos delitos contra la Hacienda Pública por los que reclama para ella un total de 8 años de prisión. Con su escrito de conclusiones a la instrucción del caso Nóos, en el que ejerce la acusación popular, el sindicato deja en manos de Castro la decisión de que la hermana del Rey sea juzgada junto a su esposo, para quien pide penas que suman 26 años y medio de cárcel por diversos delitos de corrupción.

El representante de la acusación pública, por su parte, ha presentado un anexo al escrito de acusación de 572 páginas exclusivamente para frenar la posibilidad de que prospere la solicitud de Manos Limpias. Lo hace argumentando los motivos por los que debe aplicarse la ‘doctrina Botín’ a este caso: “Si el titular del bien jurídico supuestamente lesionado, la Abogacía del Estado, y el Ministerio Fiscal no ejercen la acción penal contra una persona determinada porque legítimamente consideran que no existe delito imputable a la misma, dicha legitimidad procesal no puede ser usurpada por un tercero no perjudicado”.

El fiscal reprender a la Audiencia Provincial de Palma, por “establecer distinciones donde la Ley no lo hace”. Se refiere al auto de la Audiencia del 7 de noviembre pasado, en el que se establecía respecto a la Infanta que “existe un ‘matiz’ o aspecto a considerar (…) cual es que el Ministerio Fiscal sí piensa ejercer la acusación por delito fiscal” contra Iñaki Urdangarin, un delito del que se considera a doña Cristina partícipe a título lucrativo. A juicio de la Audiencia, Manos Limpias “se hallaría legitimada en solitario para abrir juicio oral las respectivas cónyuges de Urdangarin y Torres por su presunta participación en los mismos hechos delictivos”.

Horrach, sin embargo, cita la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya del 14 de marzo, que estableció que la Acusación Popular no podía por sí sola abrir el juicio oral contra personas que no eran objeto de acusación ni por el Ministerio Fiscal ni por la Acusación Particular por delito contra la Hacienda Pública como autores, cómplices o encubridores. Esa posibilidad, dice, “choca frontalmente” con el artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). Concluye que la aplicación de un criterio distinto en este caso “no es sostenible por elementales razones de justicia, igualdad y seguridad jurídica”, no sin antes recordarle a la Audiencia que “no es posible legalmente, bajo la excusa de matices interpretativos” que las leyes penales y procesales “se conviertan en cajones de sastre donde todo vale”.

La ‘indefensión’ de la Infanta, según el fiscal

Horrach apunta a la inexistencia de “dato, indicio, documento o declaración que acredite lo que hasta el momento ha sido incapaz de justificarse: una mínima prueba de cargo indiciaria y objetiva” de la participación de la Duquesa en un supuesto fraude al fisco. “Tras meses de afanada investigación, la conclusión que se ha extraído es un raquítico ‘pudo conocer’ que sitúa a Doña Cristina de Borbón en una posición de indefensión”, subraya el fiscal y lamenta la “vulneración de la presunción de inocencia” en detrimento de la hermana del Rey Felipe VI y una “falta de coherencia” a la hora de imputarle los hechos delictivos que pesan sobre ella.

Es más, sigue cargando contra la Audiencia Provincial de Baleares, que el pasado mes confirmó el encausamiento de la Duquesa por los dos delitos contra la Hacienda pública, al aseverar que para ello el tribunal realizó un “errático paseo interpretativo”, después de que, por los mismos hechos, en 2012 tanto el juez José Castro como la Audiencia rechazasen imputar a la Infanta. “Se pasa sin complejos del “desconocimiento” al “debería saber”. Del “no tenía porque conocer” al “pudo conocer”. Cuatro versiones distintas por las que, a juicio del fiscal, transita en relación a una misma circunstancia: “si conocía o no que Aizoon era una sociedad instrumental”.

La Audiencia consideró que la contribución de la Infanta se produjo desde el momento que se facturaron a través de la mercantil del matrimonio, como si de rendimientos de actividades económicas se tratase y no personales, las retribuciones que Urdangarin cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, para de este modo tributar menos en su declaración de la renta.

Anticorrupción abunda al respecto y recuerda que el motivo por el que ya fue revocada la primera imputación de la Infanta fue por el hecho de que desconocía que Aizoon sirviese de empresa ‘pantalla’ para desviar los fondos públicos obtenidos por su esposo y el exsocio de éste, Diego Torres, a través del Instituto Nóos. “Si la Infanta “no tenía por qué conocer” que Aizoon era una sociedad instrumental utilizada por su cónyuge para presuntamente apoderarse de fondos públicos, ¿por qué tenía que conocer que era una sociedad instrumental para defraudar a la Hacienda pública?”, se pregunta.

Horrach apunta que “es imposible concretar la contribución de la infanta en la defraudación fiscal del IRPF de su cónyuge, si no es por el hecho objetivo de ser socia de la entidad simulada. Sin más aditamentos” y, tal y como destaca en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, “permanecer como socio en una sociedad no significa participar en el fraude”.

El fiscal cuestiona a lo largo de todo su escrito el criterio de la Audiencia al reproducir fragmentos de distintos autos de la Sección Segunda en los que se sostienen “hipótesis distintas”, haciendo que “de simple figurante o elemento decorativo”, la Infanta pase a imputada por “una pretendida posición de garante” en la sociedad que comparte al 50% con su marido.

Las cuentas de Aizoon y los gastos de la Infanta

Horrach incide en que es “tan innegable e innobjetable” que la Infanta era socia de una entidad mercantil “como innegable e inobjetable es que dicho hecho es, en sí mismo, irrelevante desde el punto de vista penal”. Y fundamenta esa apreciación en la inexistencia de dolo por parte de doña Cristina. En cuanto a sus gastos personales a través de la tarjeta de crédito de Aizoon, afirma que “son ridículos” rebatiendo el hecho de que la Audiencia concluyese que Doña Cristina “manejaba las cuentas” de la entidad al cargar en ellas los gastos de sus tarjetas bancarias. “Se trata de una afirmación cuando menos aventurada, porque el concepto jurídico, contable y social de “manejar” las cuentas de una entidad societaria tiene poco que ver con el acto de gastar”, apostilla.

Es más, afirma Horrach que la afirmación del tribunal “queda desvirtuada totalmente” al comprobar que tanto en la instrucción del caso Nóos como en la inspección realizada por Hacienda hay un sólo comprobante de gasto que efectuó la Infanta con cargo a la tarjeta de Aizoon: la factura del restaurante L’Escarabat Negre, por 352 euros, el 21 de agosto de 2007.

El fiscal concluye su escrito recordando que el Ministerio Público “ni puede ni debe tolerar eventuales distorsiones en función del perfil personal, social o de otra índole de un determinado ciudadano”, y asevera que la Agencia Tributaria realiza “cientos de inspecciones anuales en entidades mercantiles idénticas a Aizoon, esto es, coparticipadas por cónyuges, en las que los ingresos proceden de la actividad profesional de uno de ellos y las mismas finalizan en sanciones administrativas exclusivamente para el cónyuge generador de los ingresos”.

Urdangarin, el ‘gancho’ de Nóos y ‘líder indiscutible’ con Torres

Para Iñaki Urdangarin, el fiscal pide una condena de 19 años y 6 meses de prisión y que pague 3,5 millones de euros de multa por el desvío de fondos públicos. Concretamente, solicita 6 años de cárcel por malversación en concurso medial con delitos continuados de prevaricación y falsedad en documento público y mercantil; 2 por fraude a la administración; 3,5 por estafa en concurso con falsedad; 6 por delitos contra Hacienda, y 2 por blanqueo. También pide que asuma el pago de una responsabilidad civil de unos 1,47 millones de euros, además de responder como responsable civil a título lucrativo, conjunta y solidariamente con su esposa, hasta la cuantía de 587.413 euros.

Para Torres, el fiscal pide 16 años y 6 meses de cárcel (6 por presunta malversación en concurso con delitos continuados de prevaricación y falsedad en documentos público y mercantil; 2 por fraude a la administración; 3,5 por estafa en concurso con falsedad; 3 por delito contra Hacienda y 2 por blanqueo, así como 3,8 millones de euros de multa. Igualmente pide que asuma el pago de una responsabilidad civil de unos 1,47 millones de euros y que responda como responsable civil a título lucrativo, conjunta y solidariamente con su esposa, hasta la cuantía de 1.144.240 euros.

Horrach considera que Urdangarin y Torres lograron que el Instituto Nóos fuera adjudicatario de “ingentes cantidades” de dinero procedente de fondos públicos, eludiendo de forma ilícita la aplicación de la Ley de Contratos de la Administración Pública, mediante el uso fraudulento de convenios de colaboración. Si la autoría intelectual de los proyectos corresponde a Torres, el fiscal atribuye a Urdangarin la vertiente institucional y comercial y el aspecto deportivo de algunas iniciativas, ya que era “el gancho ideal para obtener clientes y aumentar notoriamente los honorarios”.

Posteriormente desviaban el dinero a empresas de su propiedad con facturas por servicios ficticios que a veces incluso duplicaban, hasta un total de 5,8 millones de euros entre 2004 y 2007. Torres obtuvo 2,6 millones de beneficios y Urdangarin 1,8, según los cálculos de Horrach.

Había empresas sin plantilla y empleados ficticios que trasvasaban de unas a otras sociedades y las sociedades cruzaron facturas entre sí por hasta 8 millones de euros, relata en su escrito. Urdangarin y Torres crearon además presuntamente una estructura societaria fiduciaria opaca en un paraíso fiscal para ocultar a los verdaderos beneficiarios y obtener beneficios fiscales.

Para Ana María Tejeiro pide 2 años de prisión por blanqueo de capitales y una multa por el valor de los bienes blanqueados que asciende a 961.666 euros. El fiscal reclama una condena de 2 años de prisión para el que fuera contable de Nóos, Marco Antonio Tejeiro, cuñado de Torres, y una multa de 470.900 euros. Para calcular su pena, el fiscal tiene en cuenta la atenuante muy cualificada de colaboración con la Justicia porque presentó un escrito relatando las prácticas corruptas del grupo Nóos.

Urdangarin presidió el Instituto Nóos desde el 23 de septiembre de 2003 hasta el 20 de marzo de 2006, si bien el fiscal considera que su cese y abandono del cargo fue “sólo aparente, ya que siguió vinculado a dicha asociación y desarrollando labores para ella al menos hasta mediados del año 2008″. Él y Torres crearon la entidad para “contar con la cobertura que brindaba una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro” y usarla para acceder a ayudas, subvenciones y convenios de colaboración con entidades públicas, “rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas” a las que presuntamente se dedicaban y “evitar suspicacias por parte de terceros” al financiarse básicamente con fondos públicos.

Los socios eran los “líderes indiscutibles” del Instituto Nóos y conformaban “un círculo cerrado de toma de decisiones” del que mantenían apartados a los demás, según el escrito del fiscal. La esposa de Torres, Ana María Tejeiro, y sus cuñados Miguel y Marco Antonio Tejeiro, eran subordinados como responsables de recursos humanos, secretario y gestor jurídico, y contable, respectivamente.

Matas, Coghen y la trama valenciana

Para otro de los principales imputados, el expresidente balear Jaume Matas, el fiscal Horrach pide una condena de 11 años de prisión por varios presuntos delitos de corrupción al beneficiar con unos 2,5 millones de fondos públicos al Instituto Nóos que presidía Iñaki Urdangarin. Solicita que Matas sea juzgado por presunta malversación de caudales públicos en concurso con un delito continuado de prevaricación y falsedad en documento público (8 años), así como por un delito continuado de fraude a la administración (3 años).

Para la ex consejera delegada de la candidatura olímpica Madrid 2016 Mercedes Coghen pide 6 años y medio de prisión por beneficiar fraudulentamente con unos 114.000 euros de fondos públicos a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (Fdcis), que presidía Iñaki Urdangarin.

Por beneficiar con 3,5 millones de fondos públicos al Instituto Nóos, Horrach pide penas de 6 a 8 años de prisión para cuatro ex altos cargos de la Comunidad Valenciana por presuntos delitos de corrupción y exonera al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau. De la trama valenciana pide que se abra juicio contra el exsecretario de Turismo de la comunidad, Luis Lobón; el exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, Jose Manuel Aguilar; el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas, Jorge Vela, y la que fue responsable jurídica de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, Elisa Maldonado.

 

Sobre el autor de esta publicación