La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, no cesa en su empeño de que se apruebe de una vez por todas la sentencia del polémico documento. Más de tres años y medio es el tiempo que el órgano ha tenido para resolver los recursos planteados por el PP, cinco comunidades autónomas y el Defensor del Pueblo. La falta de acuerdo, que ha existido hasta en otras cuatro ocasiones, paraliza un texto que a pesar de lo que puedan pensar unos y otros va a salir adelante ‘casi’ indemne del Constitucional, con 20 artículos declarados inconstitucionales o interpretables, algunos de los cuales serían modificados en apenas unas pocas palabras, de un total de 223 que contiene el texto.
Según algunos observadores, el Constitucional matizaría el termino ‘nación’ para Cataluña, aclarando que en términos constitucionales la única nación es España. Además, se convalidarían los artículos sobre la lengua, ratificando que el catalán se convierte legalmente en la única lengua de uso institucional, y se derogarían los artículos que establecen un poder judicial catalán, apostando claramente por el “principio de unidad jurisdiccional”. Por otra parte, en el aspecto económico, todo lo referente a la financiación quedaría sometido a la interpretación.
Con estos recortes a la vista, el pleno de este jueves seguirá debatiendo y, previsiblemente, votará el quinto borrador de la sentencia, elaborada por la ponente, Elisa Pérez Vera, aunque el problema reside en que las posturas de los magistrados no difieren en exceso a las que adoptaron en noviembre del 2009, cuando el Estatuto fue rechazado por seis votos a favor y cuatro en contra.
Por un lado, en el bando más conservador se posicionan el vicepresidente del Constitucional, Guillermo Jiménez Sanchez, y otros cinco magistrados, Vicente Conde Martín de Hijas, Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, Ramón Rodríguez Arribas, Javier Delgado Barrio y Manuel Aragón Reyes. En el bloque progresista se ubican la propia presidenta del órgano, María Emilia Casas Baamonde, Eugeni Gay Montalbo, Pascual Sala Sánchez y la ponente, Elisa Pérez Vera, que es la única junto con Casas convencida al cien por cien de la constitucionalidad ‘total’ del Estatuto.
Sin embargo, parece que con este quinto borrador se puede llegar a una resolución que pondría punto y final a un conflicto que se alarga demasiado en el tiempo y que ha creado innumerables tensiones, presiones políticas incluidas, entre la Generalitat, el Gobierno central, la oposición y el propio Constitucional.
La clave; Manuel Aragón Reyes
La clave esta vez reside en el voto de uno de los magistrados elegido a propuesta del Gobierno de José Luís Rodriguez Zapatero: Manuel Aragón Reyes, que se opone principalmente a que designe a Cataluña como una ‘nación’, motivo suficiente para que votase en contra del Estatuto hace unos meses, a pesar de que a menudo se acerca al ideario del bloque progresista.
En convencer a Aragón radicaría un empate que aunque para Casas supone un paso adelante no le produciría en absoluto ningún alivio, pues la obligaría a recurrir al ‘voto de calidad’ que tiene como presidenta del Constitucional, que recaería en el vicepresidente, Guillermo Jiménez. Cierto es que esto haría inclinar la balanza de su lado, pero haría crecer más las tensiones entre los miembros de un órgano que han ido alejando posturas con el paso del tiempo.
La única salida factible para Casas sería la de convencer no sólo a Aragón, sino también al conservador Ramón Rodríguez Arribas, tarea que parece difícil, a pesar de que puede que Aragón esté detrás de su compañero para ‘obligarle’ a cambiar de opinión y dar así una sentencia que a ellos mismos les supera, pues saben las consecuencias que podría tener una resolución en contra de un texto que tuvo que transitar por un largo camino hasta que fue definitivamente aprobado.
En cualquiera de estos dos posibles casos, que terminarían con una sentencia favorable, el Constitucional sólo publicaría el fallo, pendiente de un texto final que debe incorporar los votos particulares de los magistrados que votaron en contra, por lo que se retrasaría la publicación del texto definitivo.
Casas ha perdido toda la esperanza de convencer, sin embargo, a los tres magistrados más conservadores y más críticos con el Estatuto; Javier Delgado, Jorge Rodríguez Zapata y Javier Conde, que aceptan la impugnación por parte del PP de más de 114 artículos.
En caso de no llegar a un acuerdo, algo que cada vez parece más improbable, la solución no sería nada fácil. La propia Casas podría redactar un sexto borrador que puede que acercase posturas, pero que alargaría aun más la espera, concretamente hasta después de las elecciones catalanas de octubre, de forma que no incidiese en el resultado de las mismas, con el enfado que ello provocaría entre las filas populares, abriendo otra vez un enfrentamiento entre los principales fuerzas políticas de nuestro país.
Y es que, esta es una de las sentencias más difíciles a las que se han enfrentado los miembros del Constitucional, sobretodo porque creará precedente al remarcar los límites constitucionales del Estado de las autonomías. No es por lo tanto solo una sentencia que divide a los magistrados, si no que divide a España en dos y da a Cataluña, cuyo Parlamento ya ha aprobado 41 leyes relacionadas con el Estatuto, un amplio poder para vivir al margen del resto de comunidades.