El Constitucional tumba el segundo estado de alarma y asesta el tercer golpe al Gobierno de Sánchez

 El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el segundo estado de alarma decretado por el Gobierno para combatir la pandemia, una decisión a la que se han opuesto cuatro de los diez magistrados que han votado.

El Constitucional tumba el segundo estado de alarma

Fuentes jurídicas han informado de que el Pleno del tribunal de garantías ha estimado así el recurso de amparo de Vox, lo que supone el tercer golpe contra la estrategia jurídica del Ejecutivo de Pedro Sánchez durante la emergencia sanitaria, tras declarar inconstitucional el primer estado de alarma y la suspensión de la actividad parlamentaria.

La votación no ha cogido por sorpresa al tribunal porque las posiciones ya estaban hace tiempo asentadas y se daba por hecho que la ponencia del conservador Antonio Narváez iba a prosperar.

Así, el recurso ha salido adelante con los votos del bloque conservador del que se ha desmarcado el presidente Juan José González Rivas, que como ya sucedió con la votación del primer estado de alarma se ha vuelto a alinear con los progresistas Cándido Conde Pumpido, Maria Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol, quienes han anunciado que formularán voto particular.

Estos cuatro magistrados defendían la constitucionalidad y el paraguas legal de la cobertura jurídica que empleó el Ejecutivo para amparar la declaración del segundo estado de alarma por seis meses. Pero precisamente ese plazo es una de las cuestiones que han inclinado la balanza hacia la inconstitucionalidad ya que el sector conservado se ha amparado en el "plazo excesivo" del decreto.

Al contrario que con el primer estado de alarma, que se prorrogaba cada quince días, con el segundo el Gobierno determinó un período de seis meses que fue aprobado mayoritariamente por el Congreso.

Precisamente, añaden las fuentes, es ese periodo lo que el tribunal considera inconstitucional al no haberse ejercido un control parlamentario eficaz ni periódico del Congreso sobre esta medida, que es más relevante aun cuando se trata de una crisis sanitaria.

El otro motivo que ha justificado la estimación del recurso es la denominada cogobernanza con las comunidades autónomas a la hora de acordar limitaciones de derechos fundamentales que de acuerdo al criterio del tribunal no correspondía adoptar a las autonomías.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha afirmado este miércoles que el Gobierno respeta y acata, aunque no la comparte, la sentencia del Constitucional y ha dado por hecho que las sanciones impuestas bajo ese paraguas serán devueltas.

Los otros dos golpes del TC

Este fallo llega después de que el TC tumbara el primer estado de alarma del Gobierno así como el cierre del Congreso en ese periodo.

El pasado 14 de julio, el tribunal declaró inconstitucional por una ajustada mayoría de 6 contra 5 el primer estado de alarma decretado por el Gobierno para combatir la pandemia, al entender que la figura apropiada para suspender derechos fundamentales como el de circulación es el estado de excepción.

En su propuesta al pleno, González Trevijano señalaba que las restricciones acordadas por el Gobierno excedieron del marco legal del estado de alarma, pues suspendieron en vez de limitar el ejercicio de derechos fundamentales, algo que debería haberse acordado mediante el estado de excepción.

El texto considera que la intensidad y gravedad de esas limitaciones, como el derecho de circulación, fruto del confinamiento domiciliario, derivaron en una suspensión que no tiene acomodo en la Constitución.

Ahora bien, el ponente no cuestionaba las restricciones de esos derechos fundamentales sino el instrumento que utilizó el Gobierno para llevarlo a cabo, pues entiende que el estado de alarma no permite una suspensión generalizada de derechos fundamentales. No se pondrá por tanto en tela de juicio la idoneidad de las medidas restrictivas, al enmarcarse en una pandemia global y en que fueron semejantes a las de los países de nuestro entorno.

Este varapalo obligó al Gobierno a tener que devolver todas las multas impuestas durante ese primer estado de alarma.

Por otro lado, el pasado 5 de octubre, el Pleno del Tribunal Constitucional dio la razón de nuevo a Vox y concluyó por 6 votos a favor y 4 en contra, que la decisión de la Mesa del Congreso -con los votos de PSOE y Unidas Podemos-- de dar 'cerrojazo' y 'parar el reloj' de las Cortes Generales fue inconstitucional.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Narváez, considera que la declaración del estado de alarma, como la de cualquiera de los otros dos estados, no puede en ningún caso interrumpir el funcionamiento de ninguno de los poderes constitucionales del Estado y, de modo particular, el Congreso de los Diputados. En consecuencia, la decisión de la Mesa hizo cesar temporalmente la tramitación de iniciativas parlamentarias de los recurrentes, lesionando su derecho de participación política.

El 19 de marzo de 2020, tras las primeras restricciones por la pandemia, la Mesa del Congreso aprobó 'congelar' los plazos de las iniciativas, lo que implicaba dejar en suspenso las respuestas del Gobierno o la presentación de enmiendas a los proyectos y proposiciones de ley. Por ello, el tribunal anuló dicho acuerdo y también hizo lo mismo con el acuerdo de la Mesa del 21 de abril que desestimó la solicitud de reconsideración presentada por el grupo parlamentario de Vox contra el anterior acuerdo.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anunció en una comparecencia el 12 de marzo del pasado año, que la Junta de Portavoces -donde están representados todos los grupos- había aprobado a propuesta de la Presidencia y siguiendo las indicaciones sanitarias la suspensión de una parte de la actividad parlamentaria. En concreto, durante menos de un mes se suspendieron los plazos para responder a las preguntas que hacen los diputados por escrito al Gobierno así como los plazos para registrar enmiendas a las iniciativas tramitadas ya en Pleno.

Batet sí incidió en que el trabajo del Congreso seguiría de forma telemática, tanto la dirección de los órganos técnicos y políticos, como el registro o las reuniones de los portavoces.

La documentación del archivo de la Cámara Baja recoge que la semana del 16 de marzo se produjo por primera vez una Junta de todos los Portavoces por videoconferencia, con el fin de tratar el Pleno del 18 de marzo, en el que Sánchez comunicó a una treintena de diputados el primer estado de alarma derivado de la pandemia.

Y tras el Pleno del 18 de marzo, se produjeron otros tantos todas las semanas y varias comparecencias del exministro de Sanidad Salvador Illa en comisión parlamentaria para informar de la evolución del virus.