El PSOE y el PP cierran el pacto para la renovación de los órganos constitucionales caducados salvo el CGPJ

El PSOE y el PP han acordado la renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional, pendiente desde 2019, y han pactado además el recambio para doce consejeros del Tribunal de Cuentas, además de situar a Ángel Gabilondo como futuro Defensor del Pueblo y a la popular Teresa Jiménez Becerril como su 'número dos'. Fuentes del PSOE y del PP han hecho un anuncio conjunto de los nombres que renovarán estas tres instituciones y la Agencia de Protección de Datos, un pacto que sin embargo no alcanza el Consejo General del Poder Judicial, donde ambos mantienen posturas alejadas: el PP pide un cambio en el método de elección y los socialistas quieren mantener el sistema vigente. Según han informado fuentes parlamentarias, está previsto que estos nombramientos se voten en el Pleno del Congreso el próximo 10 de noviembre.

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El acuerdo entre PSOE y PP llega justo ocho días después de que en el Pleno del Congreso el líder del PP, Pablo Casado, ofreciera al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, renovar estos órganos constitucionales dejando al margen el CGPJ, que fue la causa de que se truncaran las negociaciones el pasado mes de febrero.

Fuentes de la negociación ya habían confirmado a primera hora de la tarde de este jueves que habían cerrado un acuerdo para que el exministro y exportavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, sea el próximo Defensor del Pueblo, un órgano pendiente de renovación desde julio de 2017. La adjunta al Defensor del Pueblo será la diputada sevillana del PP Teresa Jiñénez Becerril.

Y es que el PP no vetaba que personas que han desempeñado un puesto en una institución o administración pública pudieran ser designados para el Defensor del Pueblo como es el caso de Ángel Gabilondo. Sin embargo, los 'populares' sí que rechazaban que hubiera cargos políticos en órganos jurisdiccionales como el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas. Este es el caso del exministro de Justicia Juan Carlos Campo, un nombre que el PP rechazó para el plantel del Tribunal Constitucional.

El acuerdo alcanzado permite así desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional cuando tres de sus magistrados, incluidos el presidente y la vicepresidenta, estaban a punto de alcanzar los dos años de prórroga de sus mandatos, que caducaron en noviembre de 2019. El cuarto, Fernando Valdés, tuvo que dimitir el pasado año al ser procesado por un caso de malos tratos.

Fuentes del PSOE y del PP han anunciado este jueves un acuerdo que supondrá la incorporación de cuatro nuevos magistrados: Enrique Arnaldo Alcubilla, letrado de las Cortes; Concha Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; Inmaculada Montalbán, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; y Juan Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional.

La renovación no alterará sustancialmente el reparto de mayorías en el tribunal de garantías, con un sector conservador predominante, pero corregirá la anomalía de contar con un magistrado menos y dará oxígeno a un tribunal en el que el ambiente se ha enrarecido en los últimos meses. De hecho, los tres magistrados salientes -Juan José González Rivas y Andrés Ollero, del bloque conservador, y Encarnación Roca, propuesta en su momento por el PSOE- han votado recientemente en contra de la posición de sus bloques en asuntos de gran trascendencia, como la constitucionalidad del primer estado de alarma.

Los conservadores mantienen una mayoría de 7 a 5 en el pleno a la espera de la renovación de otros cuatro miembros en 2022 (los magistrados del TC tienen mandatos de nueve años y las renovaciones se acometen de cuatro en cuatro cada tres años). Sobre la mesa hay asuntos tan relevantes como la eutanasia, el segundo estado de alarma, la Ley Celáa o el aborto.

González Trevijano es quien cuenta con más papeletas para asumir la presidencia, si bien por poco tiempo, dado que forma parte del cupo que deberá ser renovado en 2022, cuando entonces sí los socialistas esperan rematar el cambio de mayorías en el TC. Hasta entonces, Xiol será previsiblemente será el vicepresidente del tribunal.

Los nombres acordados por PSOE y PP:

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:

.- Enrique Arnaldo Alcubilla (letrado de las Cortes Generales)
.- Concha Espejel Jorquera (presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional)
.- Inmaculada Montalbán Huertas (magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía)
.- Juan Ramón Sáez Valcárcel (magistrado de la Audiencia Nacional)

TRIBUNAL DE CUENTAS:

.- Enriqueta Chicano Jávega (consejera del Tribunal de Cuentas)
.- Isabel Fernández Torres (profesora de Derecho Mercantil de la UCM)
.- Dolores Genaro Moya (consejera del Tribunal de Cuentas)
.- Elena Hernáez Salguero (expresidenta del Tribunal Económico- Administrativo de la Comunidad de Madrid)
.- Diego Íñiguez Hernández (magistrado del Tribunal Contencioso-Administrativo)
.- Rebeca Laliga (subdirectora General del Notariado y de los Registros del Ministerio de Justicia)
.- José Manuel Otero Lastres (catedrático de Derecho Mercantil)
.- Joan Mauri Majós (profesor de Derecho Administrativo Universidad de Barcelona)
.- Javier Morillas (catedrático de Economía Aplicada)
.- Luis Antonio Ortiz de Mendivil Zorrilla (abogado del Colegio de Vizcaya)
.- Mª Luz Rodríguez Rodríguez (gerente tributaria de la Diputación de Barcelona)
.- Miguel Ángel Torres Morato (fiscal jefe del Tribunal de Cuentas)

DEFENSOR DEL PUEBLO:

.- Defensor del Pueblo: Ángel Gabilondo Pujol (catedrático de Metafísica de la UAM)

.- Adjunta primera al Defensor del Pueblo: Mª Teresa Jiménez Becerril (Presidenta de la Fundación Alberto Jiménez-Becerril)

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS:

- Directora: Belén Cardona Rubert (catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia)

.- Adjunto a la Directora de la Agencia de Protección de Datos: Borja Adsuara Varela (abogado y consultor en derecho digital)

Buena sintonía entre Bolaños y Egea

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PSOE, Teodoro García Egea, han capitaneado las conversaciones para renovar estos órganos constitucionales y, en poco más de una semana, han logrado desencallar una negociación que llevaba años atascada. Ambas partes reconocen que su "buena sintonía" ha permitido encarrilar este pacto, según las fuentes consultadas.

De hecho, el órgano que llevaba más tiempo pendiente de renovación es el Defensor del Pueblo, un puesto que el socialista Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde julio de 2017. En el caso del TC, el mandato de un tercio de sus miembros --los cuatro que corresponde elegir al Congreso-- concluyó en noviembre de 2019.

Por su parte, los doce consejeros del Tribunal de Cuentas terminaron en julio su mandato de nueve años y en el caso de la Agencia de Protección de Datos, desde julio de 2019 está pendiente de renovar la Presidencia de este órgano y su adjunto.

Queda fuera del acuerdo el Consejo General del Poder Judicial --que lleva casi tres años caducado--, pero ambas partes han asegurado en público estos días que intentarán cerrar un acuerdo. Este jueves, desde Bruselas, el presidente del PP ha solicitado al jefe del Ejecutivo que "haga caso a Europa" y acepte modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para renovar "también" el Consejo, cuyo mandato lleva casi tres años caducado.

Y Sánchez también ha urgido al PP a renovar el órgano de gobierno de los jueces. "Desgraciadamente el PP ha permitido el desbloqueo de cuatro de cinco instituciones, pero todavía queda el CGPJ, es un poder muy importante y me gustaría que el PP pudiera llegar a un acuerdo para renovarlo", ha afirmado también en Bruselas.