PSOE y UP buscan desencallar la negociación de los PGE tras la subida del SMI y la extensión de los ERTE

El contador ya está en marcha. Una vez aprobadas este martes la subida del SMI y la extensión de los ERTE hasta el próximo 28 de febrero, los socios del Gobierno de coalición se han fijado como próximo objetivo la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. Pese a que persisten los principales escollos entre PSOE y Unidas Podemos para cerrar un pacto, en concreto una reforma fiscal y la regulación de los alquileres, la parte socialista del Ejecutivo confía en poder aprobar las cuentas en la primera quincena de octubre. Un calendario que cuestiona UP y otros grupos como ERC y EH Bildu, que en los últimos días han dejado patente que sus votos aún no están garantizados para los nuevos Presupuestos.

PGE Sánchez DíazTal y como sucedió el año pasado, los socios del Gobierno de coalición apurarán hasta el último momento para cerrar un consenso sobre los PGE, si bien en Moncloa creen que el entendimiento no se demorará más allá de la primera quincena de octubre, y dará tiempo a desarrollar todos los trámites para que el próximo año arranque con unas nuevas cuentas.

El calendario que maneja Moncloa es que las cuentas del 2022 puedan ser aprobadas, si no es en el Consejo de Ministros del 5 de octubre, la siguiente semana. Incluso no se descarta la celebración de un Consejo extraordinario si es necesario, teniendo en cuenta que el martes de 12 octubre es festivo. Este plazo es más amplio de las fechas inicialmente apuntadas -28 de septiembre o 5 de octubre- y excede el calendario reglamentario, que exige llevar las cuentas al Congreso antes de final de septiembre.

Además, Sánchez tiene una cargada agenda las próximas semanas: el 5 de octubre viaja a Eslovenia para participar en un Consejo Europeo informal; y el viernes 15 de octubre arranca en Valencia el 40º Congreso Federal del PSOE, al que el presidente del Gobierno espera llegar ya con los Presupuestos aprobados.

Si el año pasado ya costó lograr un consenso sobre los vigentes PGE, este año son dos los principales escollos que bloquean que PSOE y Unidas Podemos cierren ya un pacto. En primer lugar, la formación morada exige una reforma fiscal y en concreto la subida al 15% del impuesto de sociedades. Además, la otra cuestión que encalla las negociaciones es la prometida ley de vivienda, con regulación de alquileres incluida, que debería haberse aprobado hace siete meses, tal y como precisamente acordaron los socios en su pacto para los PGE de hace un año.

Dos asuntos en los que los socios de Gobierno mantienen posturas muy alejadas y en los que ante la ausencia de avances hacen que Unidas Podemos vea muy complicado que pueda haber un acuerdo sobre los PGE de 2022 para principios de octubre, como aspira el PSOE. El socio minoritario de la coalición ha reafirmado este lunes que sin el incremento de la fiscalidad a las grandes empresas y mecanismos que permitan lograr reducir los precios del arrendamiento, no podrá cerrarse la negociación, una meta que a día de hoy sigue alejada.

Preguntada sobre este asunto, la vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido este martes "paciencia" porque está "segura de que va a haber acuerdo" de los socios de Gobierno para el proyecto presupuestario de 2022. "Los acuerdos se cuecen a fuego lento", ha contestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a una pregunta sobre si ya hay un pacto de Presupuestos, a lo que ha añadido que "es evidente que no".

Las negociaciones con ERC y Bildu

En cuanto a las negociaciones con ERC, el Ejecutivo cree que la detención en Cerdeña del expresidente catalán Carles Puigdemont, que ya se encuentra en libertad, no va a afectar en nada a estas conversaciones, en primero lugar, porque su apuesta por el diálogo sigue intacta -según defienden--, y en segundo lugar, porque confían en la "autonomía" del partido de Pere Aragonés y Oriol Junqueras, frente a las posibles presiones de Junts. Así lo ha puesto de manifiesto este martes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada al respecto. "Consideramos que ERC es suficientemente autónomo como para no depender de las cuestiones que afectan a otros partidos a la hora de decidir su voto", ha asegurado.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua ha avisado de que el voto de su formación a los Presupuestos no está garantizado y dependerá de si se cumplen acuerdos pactados como la derogación de la reforma laboral del PP. Aizpurua ha señalado que esta semana continúan las reuniones con el Ejecutivo y que están en fase de preacuerdos, aunque ha incidido en que el voto "no está decidido" ya que el Ejecutivo deberá cumplir con los acuerdos firmados.

En todo caso, la portavoz del Gobierno ha defendido en su comparecencia que el Ministerio de Hacienda está trabajando en sacar adelante unos PGE que serán, a su juicio, "una herramienta muy poderosa para la transformación de este país", clave para la ejecución de los Fondos de Europeos de recuperación. "El Gobierno está trabajando para tenerlos en tiempo y forma. Esto es algo muy importante porque viene a dar respuesta a cuestiones fundamentales. No nos podríamos perdonar no ser capaces de ejecutar Fondos Europeos", ha ahondado la portavoz.

El ministro de la presidencia, Félix Bolaños, continúa esta semana con los contactos presupuestarios en el Congreso para recabar apoyos y este martes se reunió con el portavoz del Partido Regionalista Cántabro y con el portavoz del BNG. Sus primeros encuentros se han saldado con el rechazo frontal de Ciudadanos -por "incompatibilidad absoluta", según su portavoz Edmundo Bal- y la negativa de JxCAT a negociar si no se deja de "marginar" el catalán en la Ley Audiovisual. Ambos partidos rechazaron las cuentas de 2021.

Más receptivos se han mostrado los grupos que sí apoyaron las últimas cuentas, como Más País, que ha vinculado su apoyo a cuestiones como la industrialización verde o la salud mental; PdeCAT, que no condicionará su apoyo a la tramitación de la Ley Audiovisual, o Compromís, que pone el foco en la financiación autonómica.

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