UP reconoce que el acuerdo sobre PGE está "lejos" y avisa al PSOE: "La reforma fiscal es imprescindible"

Calviño afirma que la recuperación debe ser "sólida" y pide a UP que no vincule el apoyo a los Presupuestos con la futura Ley de Vivienda

La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha admitido que el acuerdo con el PSOE para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) está "ahora mismo lejos" y ha avisado a su socio de gobierno que la reforma fiscal es un asunto "imprescindible" de cara a esta negociación. También ha reconocido que las conversaciones con el PSOE no han experimentado avances sustanciales en las propuestas nucleares que reivindica Unidas Podemos, por lo que ahora mismo ve "prematuro", "arriesgado" y "difícil" que el anteproyecto de Presupuestos esté listo a finales de septiembre o principios de octubre.

La respuesta de la formación socialista no ha tardado en llegar. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado que la prioridad del Gobierno es impulsar la recuperación económica y que ésta debe ser "sólida" antes de acometer cambios en el sistema fiscal que pudieran perjudicarla.  "Vamos a ver cómo terminan las negociaciones. Nuestra prioridad es impulsar el crecimiento y la creación de empleo y los motores son el consumo y la inversión, y hay que seguir impulsándolos", ha dicho la vicepresidenta, que ha indicado que el Gobierno puede hacer "ajustes" en el ámbito fiscal, pero esperará a tener el informe de los expertos antes de hacer una reforma del sistema tributario.

La vicepresidenta ha afirmado que hay que seguir manteniendo las medidas de ayuda al tejido productivo y a las familias y que el esfuerzo fiscal "sin precedentes" que se ha realizado durante la pandemia "no puede tirarse por la borda". Así, estos apoyos se retirarán "progresivamente", pero "sin poner en riesgo la incipiente recuperación de la economía", ha precisado. "Tenemos que hacer que ésta sea sólida antes de abordar modificaciones que puedan suponer un cambio en las expectativas y en la toma de decisiones de las personas y de las empresas ", ha añadido.

Calviño ha pedido también a Unidas Podemos que no vincule el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado con la futura Ley de Vivienda, porque las cuentas públicas, ha dicho, son fundamentales para impulsar la recuperación y desplegar los fondos europeos. En cuanto a las advertencias de ERC de que el Gobierno tendrá que "sudar" el acuerdo para aprobar los PGE, Calviño ha respondido que habría que preguntarles a los distintos partidos políticos "hasta dónde están dispuestos a llegar cuando saben perfectamente que estos Presupuestos son necesarios y son buenos".

"Es imprescindible tener los Presupuestos Generales del Estado. No sería comprensible por parte de la ciudadanía que algún grupo político ponga en riesgo el que podamos desplegar y aprovechar plenamente esta oportunidad histórica que tenemos por delante (con el Plan de Recuperación)", ha advertido.

Precisamente ayer la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, aseguró que las negociaciones para los PGE avanzan y preveía que el Consejo de Ministros podría aprobar las cuentas públicas en su reunión del 28 de septiembre o en la del 5 de octubre, como ya apuntó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En declaraciones a TVE, ha explicado que la reforma fiscal no puede esperar y que en las cuentas públicas de 2022 debe haber ya un tipo fijo del 15% a las grandes empresas en el impuesto de Sociedades. A su juicio, actualmente se produce una situación que define como "inconstitucional" dado que hay grandes empresas y entidades financieras que llegar a pagar casi un 0% en este tributo mientras la gente abona por IRPF al menos un 15%. Y es que ha recordado que la carta magna establece que los impuestos deben ser "justos y progresivos".

La reforma fiscal tiene que estar en 2022

También ha defendido la necesidad de aplicar ya la reforma fiscal "pensando en el día de mañana a los fondos europeos", pues para tener buenos servicios públicos se necesitan ingresos.

Preguntado sobre si sería mejor esperar a las conclusiones de la comisión de expertos sobre esta materia, Belarra ha recalcado que dicha reforma fiscal es de "sentido común" y que el tipo mínimo del 15% para grandes empresas es precisamente uno de los acuerdos de gobierno suscritos por el PSOE.

También ha subrayado que ese nivel impositivo a grandes corporaciones forma parte del consenso internacional del que forma parte España, alcanzado en el G-20 y por más de 130 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

"Para cumplir el acuerdo de gobierno no hace falta esperar a los expertos", ha enfatizado la secretaria general de la formación morada. En esta línea, ha señalado que un gobierno progresista no puede permitirse que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le "adelante por la izquierda" en materia fiscal, aludiendo a los planes del mandatario de elevar la carga tributaria de las grandes empresas.

Otras condiciones

Mientras, ha aludido a otras condiciones importantes de cara a la negociación, algunos de ellos que se retrotraen además al pacto del año pasado, como son la ley de vivienda con regulación del alquiler o la mejora del Ingreso Mínimo Vital.

A su vez, ha desgranado que también demandan que los PGE incluyan una prestación universal por crianza o ampliar los permisos de materinidad y partenidad hasta los seis meses.

Pese a esa falta de avances actuales, la titular de Derechos Sociales está convencida de que llegarán a un acuerdo, pese a que ahora está lejano, y que persistirán en sus propuestas, dado que en otras ocasiones se ha llegado a fases en la que primero se les "dice que no", pasa el tiempo y finalmente lo "consiguen".

Finalmente y sobre los efectos de la remodelación del socialista del Ejecutivo, Belarra no ha notado cambios en materia de negociación presupuestaria pero sí ha reconocido mejoras de coordinación en otros ámbitos. De hecho, ha proclamado que la coalición está "bien engrasada" y prueba de ello es el acuerdo para intervenir el mercado eléctrico como "nunca antes se había hecho".