La Fiscalía notificó al Rey emérito que estaba siendo investigado antes de presentar su regularización

El Código Penal exonera del delito fiscal al que regularice su situación antes de tener conocimiento de las actuaciones

El teniente fiscal del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos, que investiga la fortuna del Rey emérito fuera de España, notificó a Juan Carlos I la apertura de cada una de las tres investigaciones en junio, noviembre y diciembre de 2020 a través del abogado del anterior jefe del Estado, Javier Sánchez-Junco, según informa 'El País'. Por lo tanto, las dos primeras notificaciones se produjeron antes de que presentara en diciembre una regularización fiscal por importe de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos, y la tercera se hizo antes de la segunda regularización por valor de 4,4 millones, que tuvo lugar en febrero de este año.

En cada uno de los escritos de la Fiscalía, de los que consta acuse de recibo, se le invitó a personarse en las diligencias, pero el Rey emérito no lo hizo en ninguno de los tres casos.

Según fuentes de la investigación, el Rey emérito, a través de su abogado, estaba notificado del inicio de las diligencias de las dos primeras investigaciones antes de proceder a la primera regularización, aunque se trató de notificaciones "muy genéricas". Solo se decía que trataban sobre hechos que podían tener "implicaciones penales" para el monarca, sin entrar en muchos más detalles.

El letrado de Juan Carlos I aseguró sin embargo que las dos regularizaciones se realizaron "sin requerimiento previo de clase alguna", aunque hay que tener en cuenta que la segunda no respondía a ninguna de las tres investigaciones, sino al pago de viajes del rey emérito por parte de la Fundación Zagatka, propiedad de su primo Álvaro de Orleans, un asunto que ya se estaba investigando en Suiza.

La alusión a la falta de requerimiento previo es importante, ya que el abogado del Rey emérito se apoya en las denominadas excusas absolutorias que contempla el artículo 305.4 del Código Penal, lo que le permite quedar exento de incurrir en delitos fiscales por este asunto.

Según el citado artículo, queda libre de responsabilidad "el que regularice su situación tributaria, en relación con las deudas a que se refiere el apartado primero de este artículo, antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación".

Dado que aún no se ha presentado querella contra el emérito, quien permanece en Emiratos Árabes Unidos desde hace más de un año, el foco se debe poner en la última parte del artículo del Código Penal dado que señala expresamente las "actuaciones" que permitan tener conocimiento formal de las diligencias. Ese es el aspecto que deberá valorar la Fiscalía para dar por buena o no la regularización a efectos de anular el presunto delito fiscal.

Sobre este asunto, el presidente de la Asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, ha advertido de que la regularización que realizó el Rey Don Juan Carlos podría no ser válida si de la notificación que se le realizó por parte de la Fiscalía se deduce la comisión de posibles delitos fiscales.

El presidente de los Técnicos de Hacienda considera que sería necesario ver las notificaciones que se han producido y "en qué términos" se han hecho por que según la información estás son "muy genéricas" y no se explica que se hayan atribuido expresamente delitos fiscales sino que habla de hechos con posible "implicación penal" para el Rey Juan Carlos.

No obstante y aunque en la notificación no se precisaran esos posibles delitos, Carlos Cruzado considera que "si de ella se puede deducir que los hechos que se están investigando pueden ser constitutivos, entre otros, de delitos fiscales o de índole tributaria" entonces "se podría entender que sí está notificada" la investigación sobre posible delito tributario.

En ese caso, añade el presidente de los Técnicos de Hacienda, la regularización podría no ser válida porque no cumple el requisito de la "espontaneidad" que exige la Ley.