Montero afea la actitud de los populares: "Dificulta un acuerdo sobre financiación autonómica"

Descarta incluir en los Presupuestos de 2022 concesiones políticas "que nada tienen que ver con las cuentas públicas" pese a la "tentación" de algunos partidos de mezclar las negociaciones

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado que "la actitud del Partido Popular por supuesto dificulta un acuerdo sobre financiación autonómica", ha pedido que este asunto no se plantee como una "confrontación entre territorios" y ha abogado porque en esa negociación se aborde el tema de la "armonización fiscal" entre comunidades.

En una entrevista con EFE, en la ha dicho esperar "que nadie tenga la tentación de condicionar" en septiembre el debate catalán y de presupuestos, la ministra ha subrayado además que el objetivo del Gobierno es "agotar la legislatura" y ha acusado a la oposición de estar "enfrascada permanentemente en la bronca, en el ruido, más propio de la ultraderecha".

En esta actitud ve Montero al Partido Popular, del que dice que "cada día se parecen más a esos comportamientos poco democráticos que tiene la ultraderecha" y al que reprocha "que no estén arrimando el hombro en lo elemental, en lo básico".

Por ejemplo, ha criticado al PP "por haber ido a Bruselas a hablar mal de España, a decir que no se le den los fondos, a poner dudas sobre el control y la evaluación de los fondos, cuando los van a ejecutar sus propias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular".

"Para qué plantear esas alertas y ser disuasorios en la llegada de 140.000 millones a nuestro país, es que es inaudito, es que eso no se ve en ningún país del mundo", ha afirmado la ministra, convencida de que "eso dificulta todo el debate político en nuestro país, también la financiación autonómica".

A su juicio, "lo peor que le puede pasar a este país es que impulsemos debates que lejos de sumar, desunan, que lejos de contribuir al proyecto colectivo, cada uno se plantee 'de lo mío qué hay', sin importarle qué pasa con el resto", aunque en todo caso ha dicho estar "confiada en que podamos impulsar un debate sobre la financiación autonómica, imprescindible para la garantía de los servicios públicos, que esté lejos de esas tentaciones que hasta ahora ha protagonizado el Partido Popular".

Ha recordado asimismo que la financiación autonómica se aprueba mediante una ley orgánica que se debate en el Congreso de los Diputados, por lo que ha pedido al principal partido de la oposición que opte por una única posición: "Habrá que ver en el PP cuál es la posición prioritaria, la de Madrid o la de Andalucía, porque yo puedo asegurar que lo que se acuerde por el Gobierno de España se va a defender por el PSOE, ¿lo puede hacer el Partido Popular cuando Madrid y Andalucía están diciendo cosas radicalmente distintas?".

Ese debate sobre la financiación autonómica tendrá su primer hito en el mes de noviembre, cuando Hacienda tiene intención de presentar, después de las reuniones bilaterales que está manteniendo, la definición del criterio de "población ajustada" que se aplicará para repartir los recursos y que tendrá en cuenta elementos como la población, su estructura de edad, la insularidad, la dispersión geográfica, etc.

Eso sí, ha advertido, "si somos honestos y nos ponemos de acuerdo en eso, lo que no vale luego es que alguien aplique simplemente el criterio de población y diga, 'estoy infrafinanciado' o 'me han robado'", que para la ministra "es una palabra que se utiliza mucho por el Partido Popular" y que le recuerda "mucho a los independentistas".

Una vez establecido el criterio, entiende que el debate general sobre la financiación autonómica sería el momento "adecuado" para abordar el debate concreto de la "armonización fiscal.

Al respecto, ha declarado que "no vale que haya territorios que opten legítimamente por bajar los impuestos y a continuación pidan dinero al Gobierno de España, eso no se sostiene", como también rechaza que haya "islas fiscales" en España, en este caso pensando en Madrid, "que, por el efecto capitalidad, hace que se atraiga una mayor inversión, un mayor volumen de renta, una mayor capacidad recaudatoria a la que no tienen acceso otras comunidades autónomas".

Lo que ha dejado claro que no se abordará en el debate de la financiación autonómica es el régimen foral del que disfrutan País Vasco y Navarra, ni para suspenderlo en estas comunidades, pese a que haya "algunos que se parten la camisa, que se rasgan las vestiduras intentando decir que son los defensores de la unidad de España y de la Constitución y provocando la confrontación permanente con esas realidades", ni para extenderlo a otras.

Respecto a Cataluña, la ministra de Hacienda ha asegurado que la coincidencia en septiembre de los debates en la Mesa de diálogo con Cataluña y para la aprobación del Presupuesto de 2022 "no se interfieren ni se perjudican", puesto que "la hoja de ruta en Presupuestos está muy definida, muy determinada", y ha dicho esperar "que nadie tenga la tentación de condicionar uno a lo otro", de un lado "el debate sobre cómo mejorar el autogobierno en Cataluña o como posibilitar una mejor comodidad de aquellos que estarían más proclives a buscar un encaje fuera de España" y de otro el de un presupuesto que también "es bueno para Cataluña".

Descarta incluir concesiones políticas en los Presupuestos de 2022

La ministra descarta incluir en los futuros Presupuestos de 2022 concesiones políticas "que nada tienen que ver con las cuentas públicas" pese a la "tentación" de algunos partidos de mezclar las negociaciones.

"No es de extrañar que en esas conversaciones algunos tengan la tentación de incorporar otras materias", admite tras ser preguntada por la posibilidad de que ERC quiera incluir en la negociación presupuestaria alguna de sus reivindicaciones de la mesa de diálogo Gobierno-Generalitat.

Sin embargo, considera que "en la política hay tiempo para todo: para debatir Presupuestos y para debatir financiación autonómica" y, por ello, afronta la negociación con la máxima de "que no se incorporen elementos al Presupuesto que nada tienen que ver con las cuentas públicas".

Tras la aprobación del techo de gasto para 2022 la pasada semana y ya con apoyos suficientes en el Congreso para mantener suspendidas las reglas fiscales, la ministra trabaja en la "arquitectura" del proyecto presupuestario de 2022, que prevé presentar en septiembre, tal y como marca el calendario.

A partir de ahí, "si todo va bien", a final de año habrá unas cuentas públicas aprobadas con las que el Ejecutivo pretende recuperar el crecimiento previo a la pandemia y fortalecer los servicios públicos.

En esta negociación presupuestaria -que ya ha comenzado con su socio de Gobierno, Unidas Podemos, y continuará con una ronda de contactos previa a la presentación del proyecto para garantizar que supera la fase de vetos- la ministra aspira a ampliar los apoyos logrados en las cuentas de 2021, con 11 partidos y 188 votos.

"Nuestra vocación tiene que ser que cuantos más, mejor", subraya, al tiempo que muestra su deseo de que "los grupos de la derecha, básicamente el PP, dejen a un lado los intereses partidistas" y, "al menos", permitan con su abstención la tramitación de la ley.

Fiscalidad del diésel

A falta de esos primeros contactos políticos, Montero elude desvelar el contenido del proyecto Presupuestario que, por el momento, no incluye ninguna recomendación del comité de expertos para la reforma fiscal.

Sí admite que "hoy por hoy" no está prevista una subida de la fiscalidad del diésel, incluida en el proyecto presupuestario de 2021 pero eliminada durante la tramitación.

"Lo incorporaríamos en caso de que hubiera consenso", explica, y recuerda que el pasado año no se lograron apoyos para este primer paso en la equiparación de la fiscalidad del diésel y la gasolina, por lo que no cree "que la situación haya variado mucho".

No aclara si habrá bajadas de IVA -"es fundamental no solo saber qué hacer, sino cómo, cuándo"- ni si las cuentas incluirán una subida del salario mínimo interprofesional (SMI), pero avanza que los últimos datos económicos conocidos suponen "un buen signo" para la posible subida de otoño, que está ahora más cerca que "el año pasado o a principios de este año".

Quedan también pendientes de negociación las posibles subidas de pensiones y del sueldo de los funcionarios, aunque es "vocación" del Gobierno que estos colectivos "no pierdan poder adquisitivo".

Con respecto al posible mantenimiento del IVA reducido de la electricidad (10 %) más allá del 31 de diciembre, Montero asegura que es "prematuro" y advierte de que "la solución para el futuro no puede venir" de la vía fiscal, sino de "cambios estructurales" en el sistema eléctrico.

Impuesto de sociedades global

Con respecto al acuerdo en la OCDE para una tributación global de las multinacionales, Montero ve "imprescindible" un debate a nivel europeo que se plasme en una directiva que garantice una fiscalidad homogénea que evite deslocalizaciones.

De hecho, Montero se muestra dispuesta a retirar el impuesto sobre determinados servicios digitales si así se acuerda, siempre que el impuesto de sociedades "adquiera un reflejo de toda la economía digital" que ahora queda sin gravar.