El Supremo investigará Bolsonaro en el caso de las noticias falsas por sus ataques al modelo de votación

El juez encuentra que los continuos ataques de Bolsonaro al modelo de votación brasileño buscan ""perturbar, obstaculizar, frustrar o impedir" las presidenciales previstas para octubre de 2022

El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, ha decidido este miércoles incluir al presidente, Jair Bolsonaro, en la investigación sobre difusión de noticias falsas por sus ataques sin pruebas al sistema electrónico de votación tras la solicitud presentada el lunes por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

De Moraes encuentra que los continuos ataques de Bolsonaro al modelo de votación brasileño buscan ""perturbar, obstaculizar, frustrar o impedir" las presidenciales previstas para octubre de 2022, en las cuales, según las encuestas, saldría derrotado en primera vuelta por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"No hay dudas de que las acciones del presidente de la república insinúan práctica ilícitas por parte de los miembros del Supremo, utilizando para ello esquemas de divulgación de masas en redes sociales, con el objetivo de dañar, poner en peligro, o dañar la independencia del Poder Judicial, el Estado de Derecho y la Democracia" expone el magistrado.

Así, los ataques que Bolsonaro ha estado dedicando en especial durante los últimos meses al sistema y a las autoridades electorales pasarán a formar parte de una causa que tramita el Supremo sobre el uso de noticias falsas para atacar las instituciones democráticas.

"A partir de declaraciones falsas, repetidas reiteradamente a través de redes sociales, se crea una narrativa que, al mismo tiempo, deslegitima las instituciones democráticas y alienta a grupos de simpatizantes a atacar a las personas que representan a estas instituciones, con el fin de lograr su destitución y así reemplazarlas por otros alineados con el grupo político del presidente", ahonda.

Según el juez De Moraes, Bolsonaro habría incurrido en once delitos distintos, entre ellos calumnia, difamación, incitación al delito, apología del delito, asociación delictiva, o denuncia falsa, detalla el diario brasileño 'O Globo'.

Aunque improbable, este nuevo escenario podría derivar, en última instancia, la inhabilitación política de Bolsonaro, impidiendo su participación en las presidenciales, aunque antes la Fiscalía debería presentar una denuncia formal y contar con el aval de dos tercios de la Cámara de Diputados para que siguiera adelante. Finalmente, el Supremo decidiría su culpabilidad o no.

Esta semana, el TSE pidió al Supremo una investigación contra Bolsonaro, después de que la semana pasada, aprovechando un directos a través de sus redes sociales, volviera a poner en duda la legitimidad de las máquinas de votación electrónicas, contra las que el líder ultraderechista mantiene su particular cruzada.

Bolsonaro también ha tenido hace unos días unas palabras para el presidente del TSE, Luis Roberto Barroso, a quien acusó de estar "cooptando" para el organismo electoral a otros magistrados del Supremo para "imponer su voluntad".

"El juez Barroso le hace un flaco favor a la nación brasileña", dijo un Bolsonaro que advirtió con "dar un último recado a aquellos que osan golpear la democracia" mediante de "una concentración" con todos sus partidarios en el centro de Sao Paulo si el magistrado continuaba "siendo insensible" al "clamor popular".

Las urnas electrónicas centran los ataques del presidente brasileño, que presiona para que solo a través del sufragio impreso se puede ejercer el derecho a acudir a las urnas. Por ello sus aliados han presentado una propuesta de enmienda de la Constitución, que no se prevé que salga adelante, para que estas máquinas emitan un comprobante del voto emitido.

En una de las últimas respuestas del TSE a estos ataques, sus actuales miembros, así como todos aquellos que han ocupado alguna vez plaza desde 1988 lanzaron esta semana una carta conjunta en la que defendieron la legitimidad del voto electrónico, remarcando que "nunca hubo episodio documentado de fraude" desde 1996 cuando se estableció este sistema.