El Tribunal de Cuentas podría rechazar los avales de la Generalitat por el Instituto CAtalán de Finanzas

La Sala de Justicia decidirá pero según interpreta el Tribunal de Cuentas solo daría validez a un aval que hubiera contado con el respaldo de una entidad bancaria

Los de expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresident Oriol Junqueras y otros ex cargos del Govern a los que Tribunal de Cuentas reclama una fianza de 5,4 millones de euros por la acción exterior de la Generalitat esperan una pronta respuesta de este órgano en los próximos días tras haber presentado sus avales el pasado viernes, asegurados con dinero del Instituto Catalán de Finanzas (ICF).

La instructora del expediente, Esperanza García, podría responder esta misma semana, según esperan las defensas de los afectados y señala el propio órgano contable. De hecho, y ante una posible negativa del órgano contable a aceptar el dinero público de este fondo para cubrir las fianzas, algunos letrados preparan ya recurso.

Si el aval fuera rechazado podrían ser los investigados o el propio Instituto Catalán de Finanzas los que recurrieran. A tenor de los debates que tuvieron lugar cuando empezó a hablarse de la posibilidad de que la Generalitat se hiciera cargo del afianzamiento de la cantidad reclamada, el Tribunal de Cuentas se inclina por inadmitir fórmulas que supongan el empleo de fondos públicos, en especial si proceden de la Administración que en principio fue perjudicada por el mal uso que se hizo de ellos al dedicarlos a unos objetivos para los que las instituciones autonómicas no tienen competencias. No obstante, la Generalitat no se considera perjudicada ni reclama cantidad alguna en este expediente.

Las fianzas solicitadas pudieron formalizarse, en su mayoría, tan sólo un día después de que concluyera último plazo dado por la instructora del expediente, que finaliza a las 00.00 horas de mañana martes. No ha hecho falta agotar las 48 horas extra "improrrogables" concedidas el pasado jueves.

De este modo, la instructora ya analiza todos los documentos presentados y emitirá en los próximos días una resolución dando las cantidades por afianzadas o bien rechazando los avales, algo que parece probable según fuentes jurídicas consultadas, que dudan de la legalidad de acudir a un fondo público para realizar estos pagos.

"Los avales ya se han formalizado ante notario y los abogados de los encausados se los hacen llegar al Tribunal de Cuentas", explicaron fuentes de la Consejería de Economía de la Generalitat, cuyo titular, Jaume Giró, decidió el miércoles que el aval correría a cuenta del ICF con el contraaval de un fondo de la Generalitat dotado con 10 millones de euros --una decisión que había descartado el martes--.

Se da por hecho, en cualquier caso, que la última palabra la dirá la Sala de Justicia, compuesta por tres magistrados. Se trata de su presidente, José Manuel Suárez Robledano, que fue propuesto por el PP, María Antonia Lozano, designada a propuesta del PSOE e IU, y Felipe García Ortiz, elegido por iniciativa del PSOE. Fuentes del Tribunal de Cuentas interpretan que esta Sala podía dar validez a un aval de la Generalitat que hubiera contado con el respaldo de una entidad bancaria, cosa que no ha ocurrido. Sobre todo teniendo en cuenta que la Abogacía del Estado no va a presentar demanda, por considerar que incurre en falta de legitimación activa, ya que el perjuicio no se causó a la Administración estatal, sino a la Generalitat.

Al menos cuatro de los encausados habían presentado el jueves avales por su cuenta --dos de ellos habían depositado fianzas y otros dos habían presentado bienes inmuebles--, pues la cantidad por la que avala el ICF no alcanza los 5,4 millones de euros que reclama el tribunal pero se acerca.

Tanto las fianzas como los embargos son medidas cautelares hasta que haya sentencia firme, es decir, no implican que el afectado pierda los bienes de manera inmediata. Su objetivo es el garantizar que una futura sentencia condenatoria los perjuicios que se han producido en los fondos públicos sean reintegrados.

Tal y como establece la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, si las defensas no abonan la caución correspondiente, o ésta no se acepta, se procederá al embargo de bienes de los implicados hasta cubrir las cantidades que se les reclaman cautelarmente.

Según el acta de liquidación provisional, el Tribunal de Cuentas reclama a 34 excargos cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos en el Govern.

La mayor suma se le atribuye al exsecretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la exinterventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el exconseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el expresidente Artur Mas por 2,8 millones; y el exconseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.

En el caso de Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; Junqueras --también beneficiado por la medida de gracia-- figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont.

Aunque se les reclama a cada uno cantidades individuales, todos ellos deben responder al total de 5,4 millones de forma solidaria.