El Gobierno de Pedro Sánchez ataca y presiona a los Tribunales Constitucional, Supremo y de Cuentas 

El Presidente pretende la renovación del Poder Judicial para doblegar a las altas instancias judiciales del Estado liquidando la independencia judicial.

El Presidente Sánchez insiste en pedir al PP la renovación del Poder Judicial pero no en pos de ‘renovar las instituciones’ como pregona sino simple y llanamente para torcer la mano de la Justicia en los más altos Tribunales del Estado, el Constitucional, el Supremo y de Cuentas, con los que mantiene importantes tensiones ante la resistencia de estas instancias a doblegarse a las presiones con las que Sánchez solo pretende una cosa: garantizarse su presencia y permanencia en el poder.

Lo estamos viendo en estos días en el ámbito del Tribunal de Cuentas donde el Gobierno de la Generalitat ha presentado avales del Instituto Catalán de Finanzas -una entidad pública- para hacer frente a las multas que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a golpistas catalanes que utilizaron dinero público para publicitar en el extranjero el golpe catalán del procés.

Avales que están en estudio por la Corte de Cuentas y que probablemente rechazará para acto seguido embargar los bienes personales de todos los encausados en este proceso. Y ya veremos si como, consecuencia de esta maniobra, el Tribunal de Cuentas abre diligencias contra una decisión que constituye un premeditado ‘fraude de ley’.

Con el que se pretende usar dinero público en favor de quienes malversaron fondos públicos del Estado. Y otro tanto debería hacer la fiscalía del Estado contra el Gobierno catalán, por aprobar esta ilegal utilización de los fondos públicos del ICF, en una operación delictiva que, como poco, está en ‘fase de tentativa’ de los delitos de prevaricación y malversación por parte del Ejecutivo catalán.

Asunto este de la mayor gravedad sobre el que el presidente Sánchez se ha negado a pronunciarse desde Estados Unidos, durante su viaje pretendido económico y sin contenido político alguno.

Y esto ha ocurrido pocos días después de que el Tribunal Constitucional declarase ‘inconstitucional’ el confinamiento nacional decretado por el Gobierno de Sánchez en el primer ‘estado de alarma’, porque según el TC se violaron con ello derechos fundamentales de las personas, lo que en su opinión no habría ocurrido si el Gobierno hubiese decretado el ‘estado de excepción’.

Una decisión del TC que indignó a Sánchez, quien a su vez lanzó contra la decisión mayoritaria del TC a las ministras de Justicia, Defensa, e Igualdad, Robles (que para colmo es magistrada), Llop y Belarra, que se lanzaron a desacreditar al Constitucional, lo que provocó las protestas de la Oposición y especialmente de todas las Asociaciones de jueces, contra la titular de Justicia que había roto su obligada neutralidad y respeto al poder judicial.

El colmo de esta infamia lo protagonizó el magistrado pro socialista del TC Cándido Conde Pumpido quien, en su voto particular contrario a la decisión de la mayoría, escribió palabras insultantes para los seis magistrados que votaron a favor llamándolos ‘juristas legos y de salón’. Lo que provocó el plante de la mayoría del Tribunal Constitucional frente a Conde Pumpido a quien obligaron a pedir disculpas y a rectificar eliminando dichas frases vejatorias de su voto particular.

El tercer escenario es el Tribunal Supremo a quien el Gobierno de Sánchez también criticó por su Informe Preceptivo sobre los indultos de Sánchez a los nueve golpistas condenados por la misma Sala Segunda del TS, y en el que se acusaba al Presidente de pretender cambiar la sentencia, de su ‘auto indulto’ y de no cumplir los requisitos mínimos de la Ley para la concesión de las medidas de gracia por la falta de utilidad pública, no arrepentimiento, ni compromiso de no reiteración de los delitos.

Valoración crítica del Supremo a la que se sumó la Fiscalía de esta Corte en términos generales y añadiendo que podíamos estar ante una ‘desviación de poder’ del presidente. Lo que de confirmarse situaría a Pedro Sánchez en la antesala de la prevaricación.

Dos Informes preceptivos de la Fiscalía y la Sala Segunda del TS que están citados en los recursos y las argumentaciones que han presentado contra los indultos del Gobierno de Sánchez el PP, Cs y Vox ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo pidiendo su nulidad, por manifiesta ‘arbitrariedad’.

Lo que el Gobierno de Sánchez ha pretendido camuflar con una sibilina y pactada carta -fabricación de prueba falsa- entre La Moncloa y ERC en la que Junqueras hablaba de la autodeterminación unilateral catalana como un camino ‘no viable ni deseable’, para simular que el líder de ERC se negaba a reincidir en el delito.

Lo que luego ha quedado en evidencia tras asistir el propio Junqueras y en lugar prominente, en el sur de Francia, a un reciente acto político convocado por Ómnium Cultural, donde su líder, el golpista condenado e indultado Jordi Cuixart, anunció que volverán a practicar la proclamación unilateral de la independencia de Cataluña lo que fue aplaudido por los asistentes.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo primero debe admitir a trámite los tres recursos contra los indultos presentados por PP, Cs y Vox, lo que debería de hacer casi de oficio a la vista de su propia jurisprudencia y de un caso sobre delitos ecológicos.

Y, una vez admitidos, los recursos la Sala de lo Contencioso Administrativo deberá entrar en el fondo de la cuestión y de la presunta ‘arbitrariedad’ de los indultos y de la ‘desviación de poder’, dado que el presidente es el gran beneficiario de los indultos y no la ‘convivencia’ que pregona, porque estos indultos le garantizan el apoyo de ERC a su presidencia y porque concitan no la convivencia sino la indignación mayoritaria de la sociedad española.

Y si la Sala Tercera del Supremo anula los indultos el revuelo político que se organizará en el seno del Gobierno será monumental. Y en Cataluña sus hoy aliados de ERC romperán los pactos de la gobernabilidad con Sánchez en favor de crear un nuevo clima de desestabilización nacional.

De ahí la importancia de esta fase de los recursos contra los indultos en la Sala Tercera del Tribunal Supremo que se tomará su tiempo antes de decidir tan importante cuestión en la que están en juego muchas cosas y entre ellas la propia permanencia de Sánchez en el poder y el riesgo de un adelanto electoral.