Un ICF dividido y tras tres dimisiones aprobó avalar las fianzas del Tribunal de Cuentas con el voto de calidad del presidente

Entre los socios del Gobierno catalán surgieron tensiones y dudas sobre si se tenía que activar el Institut Català de Finances

Un Institut Català de Finances (ICF) dividido aprobó la noche del miércoles avalar las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a 34 ex altos cargos de la Generalitat por haber promovido el procés en el extranjero. Además, antes de la votación hasta tres de sus miembros - los independientes Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virginia Verger- dimitieron de sus cargos.

La operación fue aprobada, según han avanzado La Vanguardia y Ara y han confirmado a Efe fuentes de la Generalitat, gracias al voto de calidad del presidente de la junta de gobierno del ICF, Albert Castellanos, que fue secretario general del Departamento de la Vicepresidencia y Economía con el ahora president, Pere Aragonès, y que en esta legislatura es secretario de Empresa y Competitividad.

La participación del ICF estaba contemplada en el decreto ley que aprobó el Govern para avalar las fianzas y solo se tenía que activar si la Generalitat no podía encontrar un banco que se hiciese cargo de la operación, como así ha ocurrido.

Después de que el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, constatara públicamente el martes que, efectivamente, no había sido posible aún encontrar un banco dispuesto a avalar las fianzas, entre los socios del Govern surgieron tensiones y dudas sobre si se tenía que activar el ICF, algunos de cuyos miembros habían expresado sus reticencias a involucrarse en esta operación.

Finalmente, tras acordarlo con Aragonès, el miércoles por la mañana Giró anunció en el Parlament que sí se activaría el ICF para dar cobertura a los encausados por el Tribunal de Cuentas, 29 de los cuales se acogieron a este mecanismo.

Todo quedó pendiente de que la junta de gobierno del ICF, el equivalente a un consejo de administración, suscribiera el miércoles por la noche esa operación, y la votación fue reñida.

Según las fuentes consultadas, el consejero delegado del ICF, Víctor Guardiola, se abstuvo, tres de los miembros de la junta de gobierno -los representantes de la Generalitat- votaron a favor de la operación y otros tres -independientes- lo hicieron en contra.

Lluís Juncà, un cargo de ERC en la Generalitat que también es vocal en la junta de gobierno del ICF, no participó en la votación para que los independientes fuesen mayoría -cuatro frente a tres- con respecto a los miembros por designación política.

El empate a tres en la votación lo deshizo Castellanos con su voto de calidad como presidente de la junta de gobierno del ICF.