La jueza ordena suspender el rescate de la aerolínea Plus Ultra hasta que no esté justificado

Da un plazo de cinco días a la empresa para acreditar la necesidad de recibir los 34 millones de euros que quedan de los 53 acordados

La titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha ordenado suspender el rescate de Plus Ultra y ha dado a la empresa un plazo de cinco días para acreditar la necesidad de recibir los 34 millones de euros pendientes del préstamo de 53 acordado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Según el auto, la SEPI, que depende de Hacienda, debe abstenerse de realizar el siguiente pago, previsto para el 28 de julio, porque tal ayuda "debe ser justificada".

En concreto, Collazos señala en su auto que "el desembolso de la cantidad de 34.000.000 de euros, como préstamo participativo prevista para el día 28 de julio, dentro de un plan de viabilidad para la empresa Plus Ultra, debe ser justificada, habida cuenta la existencia de este procedimiento" judicial.

La instructora entiende que continuar con esta inyección de dinero en el plazo previsto arriesgándose a "una entrega no justificada" supondría "un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior".

"La teoría general de las medidas cautelares en el ámbito de delitos contra el patrimonio en un sentido amplio de peligro o urgencia de su necesidad, peligro en la mora y el 'fumus bonis iuris' son aquí de aplicación, teniendo siempre un carácter provisional", ha dicho.

El Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid investiga el rescate por importe de 53 millones de euros que la SEPI concedió a Plus Ultra para mantenerla a flote, y que Vox y PP, ambos personados en la causa, consideran irregular.

El pasado mes de marzo, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros la ayuda y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó el carácter estratégico de esta compañía por la importancia del transporte aéreo para el turismo y para la economía en su conjunto y vio el rescate justificado.

Montero habló entonces del "compromiso del Gobierno con el sostenimiento y el apoyo al tejido productivo y con la salvaguarda de los puestos de trabajo".

Plus Ultra fue la segunda línea aérea, tras Air Europa, en recibir ayuda de este fondo, creado en julio de 2020 para dar apoyo a empresas estratégicas solventes y viables a las que la pandemia de la COVID-19 ha puesto en una situación difícil.

Fuentes cercanas a la SEPI han explicado que el pasado 14 de julio el organismo, por un principio de prudencia vinculado a la apertura de la investigación judicial, puso en conocimiento del juzgado su intención de abonar a Plus Ultra el préstamo participativo, cuyo segundo pago estaba previsto para el 28 de este mes.

Además de dirigirse al juzgado, la SEPI solicitó un informe a la consultora Deloitte, asesor jurídico de la operación, así como a la abogacía del Estado.

Deloitte concluyó que no existe impedimento legal alguno para abonar a la compañía aérea la cantidad pendiente, en tanto que la abogacía del Estado advirtió de que sin este desembolso se violentaría la obligación contractual contraída con la línea aérea y recomendó contar con el beneplácito de los tribunales.

Asimismo, prosiguen las mismas fuentes, la SEPI envió un informe elaborado por el Fondo de Apoyo a la Solvencia con destino al Tribunal de Cuentas a raíz de la denuncia presentada por Ciudadanos, que el pasado 15 de junio se dirigió al tribunal para que analizara si había indicios de responsabilidad contable en el rescate de la aerolínea.

El documento, que incluye el expediente y el proceso que se siguió para contratar a los asesores legal y financiero y elegir la oferta económica más ventajosa entre firmas profesionales de primer nivel, indica que de los 10.000 millones de euros con que está dotado el Fondo, más del 50 % (5.400 millones) están todavía sin solicitar.

Parte de los 4.600 restantes han sido pedidos por seis compañías aéreas, añade el documento.

En poder del juzgado obra también un informe de la Intervención General del Estado que constata que la concesión de la ayuda a Plus Ultra no ha supuesto perjuicio o menoscabo contable alguno.

Calviño defiende el rescate

Tras este 'varapalo', la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha defendido que el Gobierno ha actuado en todo momento con "prudencia y responsabilidad" en el rescate público de la aerolínea Plus Ultra aprobado por el Ejecutivo el pasado mes de marzo. "La gestión pública tiene que estar marcada por dos principios, la prudencia y la responsabilidad, y esos principios son, por supuesto, los que han guiado la gestión económica de nuestro Gobierno, máxime cuando estamos hablando del uso de recursos públicos", ha asegurado Calviño al terminar la Conferencia Sectorial de Clima de Negocios y Mejora Regulatoria.

La también ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha recordado que fue la propia SEPI; gestora del fondo de rescate, la que puso en conocimiento del juzgado competente que había un pago pendiente de 34 millones que debía realizarse el próximo 28 de julio. "El juez lo que ha hecho ha sido dar cinco días a la empresa para que explique por qué sería preciso o imprescindible abordar este pago", ha explicado la vicepresidente primera del Gobierno.

Tras conocerse la noticia, la aerolínea ha emitido un comunicado asegurando que acreditará "debidamente y en el plazo concedido por el Juzgado, la necesidad de entrega de la financiación pendiente de disposición".

"Nuevo varapalo a Sánchez"

El líder del PP, Pablo Casado, ha destacado "el nuevo varapalo judicial a Sánchez" y ha dicho que el cese de José Luis Ábalos "no tapa las corruptelas a favor de Maduro". Corruptelas "para pagar los votos de Podemos", ha recalcado Casado a través de su cuenta de Twitter, donde ha señalado que la resolución judicial se ha producido por el recurso del PP contra el rescate de esta compañía, que también interpuso Vox.

También desde el PP, su vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, ha asegurado en Valencia que los tribunales han parado las ayudas a la aerolínea Plus Ultra "gracias a la acción firme y responsable del Partido Popular", y ha añadido que "urge una comisión de investigación" en el Congreso de los Diputados para saber "dónde iba a ir ese dinero y cuál era el pacto oculto del Gobierno con el régimen chavista".

El grupo de Vox en el Congreso ha registrado este jueves una solicitud de comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la comisión parlamentaria de Hacienda para que "detalle las razones por las que se autorizó" la ayuda a Plus Ultra "teniendo en cuenta las irregularidades cometidas a lo largo del procedimiento de concesión".

Además, en un vídeo publicado por Vox, la vicesecretaria jurídica del partido, Marta Castro, ha señalado que "el juzgado ha admitido las alegaciones" de este partido contra el segundo desembolso de 34 millones de euros que aún estaba pendiente, mientras el que ya se hizo está también "en entredicho". Castro ha recordado que Vox alegó que la solicitud de ayuda de Plus Ultra no cumplía los requisitos, porque ni era una empresa estratégica ni se daban las premisas económicas referidas a la pandemia, ya que con anterioridad ya estaba en concurso de acreedores.

La dirigente de Vox ha añadido que se han de "analizar las vinculaciones societarias con el régimen" venezolano de la aerolínea Plus Ultra, y ha asegurado que su partido "continuará velando para que este Gobierno no haga un uso fraudulento del erario".

También el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, a través de Twitter, se ha congratulado de que la Justicia paralice el rescate de esta compañía en quiebra "con accionistas en paraísos fiscales" y se ha preguntado "quién va a dimitir por los 53 millones a dedo". Además, ha subrayado que "la dimensión del escándalo es enorme" y que gracias al partido naranja ha llegado a Europa y al Tribunal de Cuentas.