El Gobierno catalán viola la legalidad en el Tribunal de Cuentas y Sánchez no responde por miedo a ERC

Los avales del ICF aprobados por el Gobierno catalán constituyen delitos de prevaricación y malversación ‘en fase de tentativa’

Después del último chantaje de ERC a Sánchez para hacer fijos a todos los funcionarios interinos con más de 10 años de antigüedad -lo que no es un disparate- el Gobierno de la Generalitat que preside Pere Aragonés acaba de traspasar la línea roja de la legalidad al aprobar y conceder avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) a los golpistas catalanes de procés que malversaron fondos públicos en varias campañas de la propaganda internacional del ‘procés’.

Fondos para evitar que el Tribunal de Cuentas, que se ha dado 48 horas para estudiar los avales que les han sido presentados y que seguramente rechazará por constituir un ‘fraude de ley’. Porque no se pueden avalar las multas y responsabilidades personales con fondos públicos del Estado que también lo son los de la Generalitat.

Por lo que, en espera de lo que decida el Tribunal de Cuentas, en próximos días estamos ante un presunto delito de ‘fraude de ley’ y de otros dos ‘en fase de tentativa’ de prevaricación y malversación del Gobierno Catalán. Delitos graves sobre los que en su día, ante la pretensión de los avales del Govern, ya se pronunció en su contra la Fiscalía, pero que ahora después de la decisión del Gobierno catalán han entrado, presunta y directamente en el ámbito de lo penal.

Motivo por el que Sánchez, cuya estabilidad política depende de ERC, no ha querido pronunciarse, desde su viaje por EEUU, ante la posibilidad de que la Fiscalía General del Estado inicie diligencias contra el gobierno catalán. El que estuvo dudando, hasta el último minuto, si utilizar o no los avales de ICF los que finalmente fueron presentados ante el Tribunal de Cuentas por 29 de los 34 ex altos cargos colaboradores del golpe catalán

Los que en las próximas 48 horas, si se rechazan los citados avales como es de esperar por parte del Tribunal de Cuentas podrían ver embargados sus bienes para hacer frente a las multas y a la devolución del dinero malversado que les exige el Tribunal de Cuentas.

Rectificación del Govern y tensiones entre ERC y JxCat

El Gobierno de Aragonés aprobó vía decreto el pasado 6 de julio un fondo con una dotación inicial de 10 millones de euros para ayudar a los 34 ex altos cargos a quienes el Tribunal de Cuentas reclama fianzas por valor de 5,4 millones por haber promocionado con dinero público el procés en el extranjero.

La idea era que este fondo funcionara como una especie de seguro privado avalado por una entidad bancaria con un contraaval de la Generalitat a través del ICF. Sin embargo, el martes el conseller de Economía, Jaume Giró, admitió el fracaso del Govern para encontrar un banco que avalara dicho fondo y descartaba activar el plan B contemplado en el decreto: recurrir al ICF. Sin embargo 24 horas después, en la víspera de cumplirse el plazo marcado por el Tribunal de Cuentas, el propio Giro rectificaba y anunciaba que se activaría el organismo autonómico.

Este "cambio de criterio" en solo 24 horas estuvo precedido por un nuevo episodio de tensiones entre los socios de Govern de ERC y JxCat. Fuentes de JxCat  explicaron que a finales de la semana pasada, el consejero delegado del ICF, Víctor Guardiola, expresó sus reservas sobre la posibilidad de involucrar al ICF y también el presidente de la Junta de Gobierno del ICF, Albert Castellanos, que fue secretario general del departamento de la Vicepresidencia y Economía con Aragonés, mostró también dudas sobre la operación.

Pese a ello, Aragonés decidió que el ICF finalmente avalaría el fondo y tras otro encontronazo con JXCat sobre quien haría el anuncio, finalmente Giró anunciaba el miércoles el cambio de postura y 29 de los 34 ex altos cargos  encausados decidieron acogerse al polémico fondo.

Otros cuatro de los encausados han rehusado el auxilio de la Generalitat y han optado por pagar las sumas requiridas o asegurarlas presentando bienes inmuebles como aval personal. Esa última opción también la contemplan como plan B algunos de los exdirigentes que se han acogido al fondo de la Generalitat, en caso de que el Tribunal de Cuentas acabe rechazando los avales del ICF.

Los encausados por el Tribunal de Cuentas

Hasta 34 altos cargos de la Generalitat entre 2011 y 2017, entre ellos Carles Puigdemont, Artur Mas y Oriol Junqueras, deben abonar de forma solidaria 5,4 millones de euros que les reclama el Tribunal de Cuentas por la promoción en el extranjero de la consulta del 1 de octubre de 2017 mediante Diplocat, las "embajadas catalanas".

Según el acta de liquidación el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex cargos cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos en el Govern. La mayor suma se le atribuye al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex conseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el ex presidente Artur Mas por 2,8 millones; y el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.

En el caso de Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; Junqueras -también beneficiado por la medida de gracia- figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont. Aunque se les reclama a cada uno cantidades individuales, todos ellos deberán responder al total de 5,4 millones de forma solidaria.

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