El Gobierno pacta con ERC que los interinos con 10 años en la plaza no tengan que pasar por oposición

El Congreso ha convalidado el decreto ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público gracias al acuerdo de última hora entre el Ministerio de Hacienda y ERC, que dará una mayor prioridad en el acceso a las plazas fijas a los interinos que ya ocupan esos puestos estructurales. El acuerdo ha permitido sumar a Compromís y Teruel Existe y la abstención del PNV y Más País-Equo-Los Verdes, y también el apoyo de Unidas Podemos, que hasta este miércoles no confirmó su voto a favor por sus reticencias al decreto que impulsó el ahora ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, durante su etapa en Política Territorial y Función Pública.

Todos estos votos han resultado decisivos --ERC, Más País y Compromís se posicionaban en el 'no' apenas horas antes de la votación antes de la votación-- frente al rechazo de PP, Vox, Ciudadanos, Bildu, Junts, PDeCAT, CUP, UPN, Coalición Canaria, el BNG y Foro Asturias. Teruel Existe finalmente ha votado a favor, mientras que el Partido Regionalista de Cantabria y Nueva Canarias fueron los primeros que comprometieron su apoyo al PSOE.

De hecho, a la hora de votar se ha producido un empate a 170 votos. Ha sido un resultado con el que no se contaba, puesto que el bloque del 'sí' sumaba 172 sufragios, pero el diputado de Unidas Podemos Roberto Uriarte no ha participado en la votación (no lo ha hecho en ninguna de las que se han producido este miércoles) y su compañera Rosa Medel ha votado en contra y lo ha hecho 'en conciencia'.

Medel, diputada por Valencia, es especialista en oftalmología y tiene plaza fija en un centro público. Según han explicado fuentes del grupo confederal, ha optado por el 'no' por considerar insuficiente para los interinos el decreto aprobado por el Gobierno, incluso con las mejoras logradas en la última parte de la negociación y que se introducirán en el texto durante su tramitación parlamentaria.

En esta primera votación --tampoco en las del resto de la jornada-- no ha participado la diputada de Junts Pilar Calvo. De haber votado en contra, como sus compañeros, el decreto habría sido derrotado a la primera puesto que los 'noes' habrían alcanzado los 171 frente a 170 'síes'.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se ha equivocado al sumar los votos telemáticos y presenciales y, en un primer momento, ha dado el decreto por convalidado, pero enseguida ha asumido su error y ha informado del empate.

Tal y como marca el Reglamento en estos casos hay que repetir la votación y así se ha hecho, aunque en esta ocasión sólo han podido volver a votar los diputados que estaban presentes en el hemiciclo y no los que habían emitido su voto con anterioridad, telemáticamente.

Medel, que estaba sentada en su escaño, ha decidido no participar en la segunda votación para inclinar la balanza a favor del decreto que finalmente ha sido avalado por 170 frente a 169. De haber persistido el empate, Batet debería haber suspendido la votación durante el plazo que hubiera estimado razonable. Si a la tercera, el resultado hubiera sido el mismo, el decreto habría decaído.

La salida a un 'problema enquistado'

Durante la defensa del decreto, María Jesús Montero, nueva titular de Función Pública --el decreto es consecuencia de un pacto de los sindicatos de la Administración con Iceta-- ha defendido los procesos de estabilización para dar salida a "un problema enquistado e intentar impedir que se pueda producir en el futuro, al menos en el próximo".

Un "borrón y cuenta nueva", ha dicho, para atajar una situación agravada, ha dicho, por la existencia de tasas de reposición que impedía convocar plazas fijas con las que consolidar puestos que se han ocupado de forma interina, pero también por el proceso "farragoso" de las ofertas públicas de empleo.

"Tenemos pendientes de resolver un volumen muy importante de convocatorias", ha incidido la ministra, anticipando "un largo camino por recorrer en los próximos años" hacia el objetivo de alcanzar un 92% de empleo público consolidado y limitar al 8% la temporalidad.

La tramitación de la norma como proyecto de ley debería concluir a finales de octubre para avanzar en el proceso de estabilización y dar certidumbre a los afectados, según ha dicho durante su intervención Montero.

En virtud del acuerdo, los interinos de las administraciones públicas que lleven más de diez años ocupando una plaza estructural que nunca haya sido convocada podrán adjudicarse dicha plaza sin necesidad de pasar una oposición, sino únicamente por una valoración de méritos. Montero ha explicado que se les aplicará la excepcionalidad prevista en el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público, que permite la selección de funcionarios de carrera únicamente con un concurso de valoración de méritos.

La norma también dará potestad a las comunidades autónomas para decidir si el examen para las plazas de estabilización que convoquen es o no eliminatorio.

El decreto ley ya preveía que la valoración de la experiencia en el puesto pesara un 40 % en el proceso de selección, pero ahora se añade la posibilidad de que la prueba no sea eliminatoria si así lo deciden las comunidades autónomas en sus convocatorias.

El decreto ley contempla que las plazas, unas 300.000 estructurales, deberán estar adjudicadas antes del 31 de diciembre de 2024 como fecha límite improrrogable.

También establece que los interinos o el personal laboral temporal que no logre una plaza tendrá derecho a una compensación económica de 20 días por año trabajado, hasta 12 mensualidades, y que podrá ser incluidos en bolsas de empleo específicas.

Asimismo, fija que el incumplimiento máximo de permanencia de tres años como interino dará lugar a una compensación económica de 20 días, hasta un máximo de doce mensualidades.

Intensa negociación

Aunque la votación del decreto ha sido ajustada, con un solo voto de diferencia entre el sí y el no, la decisión de los republicanos catalanes de votar a favor ha permitido sacar adelante una norma que ha generado mucha oposición entre algunos socios de Gobierno.

Entre ellos Bildu, que ha votado en contra (igual que JuntsxCat, PdeCat, Ciudadanos, Vox y PP) porque no se ha escuchado ni a los sindicatos vascos ni a los grupos parlamentarios.

La negociación "in extremis" ha servido también para que el PNV se abstenga, mientras que Ciudadanos ha votado en contra de una norma que considera un parche.

La diputada de ERC Pilar Vallugera ha explicado que quienes han sufrido el fraude laboral no pueden tener los mismos derechos que quienes acceden de nuevas a la función pública.

El PP ha criticado el decreto por "abusivo" y se ha preguntado "quién va a pagar" las indemnizaciones a los interinos que se queden sin trabajo, a tiempo que ha recordado que el PP llevó a la Cámara Baja sus procesos de estabilización en la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y de 2018.

Desde Vox han avisado de que actuarán contra un decreto "que tiene todos los visos de ser inconstitucional".

El sindicato CSIF, unos de los sindicatos firmantes del acuerdo del que emanó la norma, ha valorado la convalidación, pero ha pedido a los grupos parlamentarios que garanticen la seguridad jurídica de la ley para que los procesos de estabilización "no sean tumbados por los tribunales".

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