La hemeroteca de los indultos: del 'no' de Sánchez al discurso de la concordia y el interés general

El proceso para la concesión del indulto a los líderes independentistas ha tenido, además del proceso judicial y administrativo, un proceso político, en el que el discurso de Pedro Sánchez se ha ido modulando desde un rechazo inicial a esta medida de gracia a una defensa cerrada en aras del interés general.

La primera referencia sobre el derecho al indulto que se le conoce a Pedro Sánchez se remonta a finales de 2013, cuando el actual presidente del Gobierno era solo un diputado de base aunque su nombre ya empezaba a sonar para las primarias socialistas y quedaban cuatro años para los sucesos del 1 de octubre en Cataluña.

EL "NO" DE SÁNCHEZ A LOS INDULTOS DE POLÍTICOS

Sánchez, uno de los coordinadores de la Conferencia Política del PSOE de 2013, defendió con vehemencia un documento en el que se proponía el fin de los indultos por motivos políticos o económicos.

El entonces bisoño diputado pedía el fin de las "injerencias" del poder ejecutivo en la justicia y que cualquier indulto tuviera que contar siempre con la opinión del tribunal que dictó la sentencia.

Pasados ocho años de aquellas palabras de Sánchez, es conocido el informe del Tribunal Supremo contrario al indulto de los líderes del "procés" que, al ser preceptivo pero no vinculante, no ha evitado que el Gobierno los apruebe.

Esa opinión en contra de los indultos no fue la primera expresada por Sánchez antes de llegar al Gobierno.

Todavía en agosto de 2014, recién elegido líder del PSOE tras ganar las primarias socialistas, volvía a rechazar una medida de este tipo para políticos condenados.

"El Gobierno ha utilizado el indulto más de lo debido y los indultos políticos deben acabar en nuestro país", aseguraba el ahora jefe del Ejecutivo.

En una entrevista en televisión era aún más explícito, y reconocía sentir "vergüenza" de los indultos a políticos concedidos por los gobiernos del PSOE.

"No tiene ningún sentido que un político indulte a otro y yo siento vergüenza de eso. Yo lo que digo es que hay que acabar con los indultos políticos", proclamaba.

ICETA ABRE EL DEBATE EN EL PSOE

Años más tarde, pasado el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la detención o huida de España de los líderes del "procés", el primer socialista que habló con franqueza de conceder indultos, incluso antes de que llegaran las condenas, fue el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

Iceta, en plena campaña de las elecciones catalanas de diciembre de ese año, defendió esa medida en aras de la "reconciliación".

Un deseo que no gustó ni dentro ni fuera del PSOE. Tras aquellos comicios, en los que Ciudadanos ganó con un resultado histórico, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, reconoció que esa defensa de los indultos generó "desconfianza" en los votantes constitucionalistas.

Unos meses después, ya en la primavera de 2018, todavía en la oposición, Pedro Sánchez, proponía actualizar el delito de rebelión y para ello se puso en contacto con el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Bajo su punto de vista, era preciso que el Código Penal acogiera "distintas formas de entender el delito de rebelión" sin que fuera necesaria la existencia de altercados públicos para aplicar este tipo penal.

Una visión que contrasta con la actual, que apuesta por la reforma del delito de sedición para adaptarse, según asegura el Gobierno, a las legislaciones de otros países europeos.

SÁNCHEZ DESEMBARCA EN EL GOBIERNO

Su llegada al Palacio de la Moncloa en junio de 2018 gracias al triunfo en la moción de censura contra Mariano Rajoy no modificó inicialmente la posición de Pedro Sánchez sobre la situación legal de los líderes del "procés", aún en situación de prisión preventiva.

Es más, en un debate electoral de las elecciones del 10 de noviembre de 2019, Pedro Sánchez propuso incluso una reforma del Código Penal para que la convocatoria de un referéndum ilegal fuera considerada de nuevo delito. Una iniciativa que cerraba un poco más el cerco a las reclamaciones soberanistas.

En esta misma línea y al conocerse la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés defendió el "íntegro cumplimiento" de las penas.

"Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, nadie está por encima de la ley, y todos estamos obligados a su cumplimiento", proclamó solemnemente en una declaración institucional desde la Moncloa.

Y para afianzar esta idea, negó de forma tajante en una entrevista días después que la posibilidad de un indulto estuviera "encima de la mesa".

NUEVE MESES DE TRAMITACIÓN

Celebradas las elecciones y formado el Gobierno de coalición con Unidas Podemos, la pandemia impidió que la posibilidad del indulto volviera a salir al debate público hasta septiembre de 2020.

No fue hasta la sesión de control en el Congreso el 23 de septiembre, cuando el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, confirmó que su departamento comenzaría en breve a tramitar las peticiones de indulto para los condenados.

Desde ese anuncio hasta la aprobación efectiva de los indultos han pasado exactamente nueve meses. Un "embarazo político" en el que Pedro Sánchez y todo su Gobierno han abonado la tesis de que el perdón cierra heridas, ayuda a la reconciliación y al interés general.

Una medida de gracia que Sánchez y su gabinete niegan en redondo que tenga nada que ver con su exigua mayoría parlamentaria y la necesidad de apoyarse en ERC para sacar leyes adelante.

"Magnanimidad" frente a "revancha", "concordia" frente a "venganza", han sido palabras que se han escuchado estas últimas semanas de boca de un Gobierno volcado en defender una medida que pasa ahora del debate político al Boletín Oficial del Estado.