La Unión Europea dejará en suspenso los fondos comunitarios si no se preserva la independencia judicial

Bruselas pretende evitar una malversación de las ayudas y frenar la deriva autoritaria en países como Polonia y Hungría

La Comisión Europea (CE) propone interrumpir o suspender el pago de fondos comunitarios a los países donde se vulnere la independencia judicial, según las directrices que está elaborando para aplicar el nuevo mecanismo que condicionará los desembolsos al respeto del Estado de derecho en los países.

Las guías, que la Comisión ha propuesto ya a los Estados miembros y al Parlamento Europeo, pretenden dar claridad sobre cómo aplicar el reglamento sobre el régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión, que está en vigor desde el pasado 1 de enero.

Según esas directrices, a cuyo borrador tuvo acceso Efe, se puede recurrir a esta "regulación de condicionalidad" cuando vulneraciones en los países puedan poner en riesgo el presupuesto comunitario, a causa por ejemplo de "una ley nacional que impida la revisión judicial efectiva de decisiones administrativas" para aplicarlo. O cuando una legislación de un país "obstruya la remisión de casos relevantes al Tribunal de Justicia de la UE", o "por la falta de independencia de tribunales nacionales".

En tales casos, las "medidas suspensivas o prohibitivas bajo la regulación de condicionalidad impuestas de forma acumulativa hasta que se ponga fin a la infracción relevante, puede proteger el presupuesto de la Unión más eficazmente", subraya la Comisión.

Deja claro que el Ejecutivo comunitario podrá "imponer la interrupción o suspensión de pagos, así como correcciones financieras a Estados miembros, si no cumplen con las condiciones para implementar unos principios de gestión financiera sólida y no protegen los intereses financieros de la Unión" a la hora de aplicar el presupuesto de la UE.

Tras presentar el documento a los Estados miembros y la Eurocámara sobre cómo pretende aplicar el reglamento, la Comisión iniciará ahora "un proceso de consultas que va a durar unas semanas, a fin de poder llegar a la versión final de las líneas directrices", señaló este jueves el portavoz comunitario Balazs Ujvari, durante la rueda de prensa diaria de la Comisión. Confirmó así que esta misma semana han "compartido el proyecto de líneas directrices con los Estados miembros y el Parlamento Europeo".

Ujvari aseguró que "trabajamos también sobre los casos potenciales que podrían ser considerados en el contexto de ese reglamento".

El proyecto incluye una lista de ejemplos indicativos de violaciones del Estado de derecho.

El portavoz dijo además que la diferencia entre los procesos de sanción por incumplimiento del Estado de derecho bajo el artículo 7 del Tratado de la UE y este nuevo reglamento recae en que este "concierte prácticamente al presupuesto y los intereses financieros de la Unión Europea".

"Podemos utilizar ese reglamento en el caso de que haya un verdadero riesgo de que una violación del Estado de derecho afecte gravemente al presupuesto de la UE o a sus intereses financieros", concluyó.

Reticencias de Hungría y Polonia

Hungría y Polonia bloquearon a finales del año pasado la aprobación del presupuesto comunitario para 2021-2027 y del fondo de recuperación pospandemia, casi dos billones de euros en total, por su rechazo a este mecanismo, que siempre han considerado políticamente motivado y dirigido contra ellos.

Este permite paralizar el desembolso de fondos comunitarios, de los que Budapest y Varsovia son importantes receptores, cuando se detecten violaciones de los principios del Estado de derecho - como la independencia judicial, la igualdad ante la ley o la separación de poderes- que afecten directamente al buen uso del dinero.

Para sortear el bloqueo, se aprobó una declaración política aclarando que la condicionalidad será "justa", "imparcial" y no discriminatoria y, para garantizarlo, la Comisión se comprometió a elaborar unas directrices para implementar el mecanismo consultando con los Estados.

Posteriormente, en marzo, los dos países denunciaron el reglamento ante el Tribunal de Justicia de la UE.

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